I. Los hechos de la semana en tres párrafos
La inseguridad es un problema mayor que la publicidad. La acción denodada de las FF.AA. y de la Policía Nacional enfrenta un escenario mucho más complicado que el combate a grupos de delincuencia organizada (GDOs). Aparte del tráfico de drogas, el crimen organizado transnacional incluye la industria del secuestro extorsivo, el tráfico de personas y de órganos. Los relatos e indagaciones pueden ser desgarradoras y tétricas. Sin organización de toda la sociedad, lo más probable es que siga en aumento la secuela de dolor que este complejo y aborrecible fenómeno está marcando ya en nuestro país.
El presidente Daniel Noboa se sirvió del pronunciamiento de una entidad internacional -que sorprendió a todos por su bajo perfil-, para decretar un nuevo estado de excepción con el fin de enfrentar el conflicto armado interno, pese al pronunciamiento en contra de la Corte Constitucional. Es un hecho que merece reflexionar más allá de la retórica ya conocida, pues implica mucho más que un desaire a una institución competente, y revive la sombra de un talante que poco o nada aportó al fortalecimiento de la democracia en la historia reciente del Ecuador.
En otro orden de eventos, en la semana pasada, un hecho aparentemente focalizado en la capital, como la pretendida venta de terrenos utilizados como parqueaderos del emblemático hotel Quito, reveló una trama mucho más compleja, que termina anclándose en un tema que debe ser atendido por la ciudadanía urgentemente: la preservación de los sectores estratégicos del país. El frustrado negocio con una empresa extranjera, evidencia la intocada facilidad con la que, desde hace años, se planifican delitos bajo la sombra de la impunidad y el autoritarismo de funcionarios llamados a preservarlas, en distintas administraciones.
II. La conversación social sobre cinco hechos clave
Los monstruosos rostros de la industria del crimen transnacional
“Gracias a la intervención del bloque de seguridad, ayer quedó en evidencia el modus operandi de la industria del secuestro en Ecuador. Abro hilo 1/11…”
Con este aviso y antecediendo a la fotografía expuesta arriba, la usuaria “Negrita Linda” fijó en su cuenta de X, el 05 de julio, un escalofriante post de 11 mensajes en el que relata una impactante narración respecto a la industria del secuestro en nuestro país. Su lectura es indispensable para empezar a entender la magnitud del problema que enfrenta Ecuador y que está vinculado con la implantación del crimen transnacional en este pedazo de mundo.
El país no necesita más de míticos planes, ni de cárceles al estilo centroamericano, y otras tantas banalizaciones del tema. La sociedad entera merece saber lo que está ocurriendo para unirse ante un enemigo común, para protegerse, para defender el futuro, para defender la vida.
Cuando la justicia incomoda…
El comunicado oficial adjunto nos releva de cualquier comentario; pero no de plantear ciertas preguntas en coincidencia con muchos juristas y analistas políticos:
La situación tiene varias aristas importantes. Primero, surge la cuestión de si es adecuado que el Presidente de la República respalde la constitucionalidad de un decreto de estado de excepción con un informe jurídico de una entidad internacional, la Asociación Mundial de Juristas, cuyo pronunciamiento no tiene carácter vinculante para el ordenamiento constitucional.
Adicionalmente, esa decisión siembra la duda de si los abogados de la Presidencia de la República son tan poco competentes que requieren apoyo externo; pero, fundamentalmente, cómo interpretarse un hecho que parece mostrar un desacato mal disimulado, o al menos un desaire a una institución nacional como la Corte Constitucional.
El reciente estado de excepción por la inseguridad en siete provincias sin duda ejerce presión sobre la Corte Constitucional, después de que aquella anulara dos decretos presidenciales por ser inconstitucionales. Durante los gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso, la Corte, en funciones desde 2019, dictaminó improcedentes 6 decretos presidenciales.
Urge una estrategia ciudadana para precautelar los sectores estratégicos
Se consideran sectores estratégicos a la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua y los demás que determine la ley.
La inversión en sectores estratégicos es una de las claves de la sostenibilidad y del desarrollo económico, mediante la inversión para creación, mantenimiento y atracción de capitales. Sin embargo, si no son sostenibles las políticas de Estado porque las estrategias o prioridades cambian según la veleta de sucesivos gobiernos, y por la codicia o incompetencia de sus administradores, el Ecuador entero es afectado en la calidad de vida de sus habitantes, y la soberanía nacional se sostiene en precario equilibrio sobre afiladas cuchillas.
Entregar o subastar los recursos de cualquiera de los sectores estratégicos del país a cualquier otro Estado, o hipotecarlos en medio de negociaciones turbias, o “acuerdos reservados entre gobiernos”, que ceden ante la rapiña de potencias extranjeras en complicidad con élites oportunistas criollas, es despreciable.
Aprovecharse de la turbulencia política que incesantemente se alimenta como estrategia de polarización y fragmentación, oculta la importancia de patrimonios esenciales que están siendo consumidos desde hace años, por la ambición en la que coinciden tomadores de decisiones de la administración pública, y lobistas espurios.
En materia ambiental, por ejemplo, la crisis en la Amazonía ecuatoriana es un problema grave que se deriva principalmente de la deforestación, la extracción de petróleo y la minería ilegal. Estos factores han causado la destrucción de vastas áreas de selva, la contaminación de ríos y la pérdida de biodiversidad. La deforestación, impulsada por la expansión agrícola y ganadera, ha llevado a la pérdida de hábitats vitales para numerosas especies. La extracción de petróleo ha resultado en derrames y la contaminación del agua, afectando tanto a la fauna como a las comunidades indígenas que dependen de estos
En otro ejemplo, una investigación de la plataforma digital de periodismo de investigación PLAN V, difundida hace pocos días, narra cómo compañías de reciente creación en Ecuador exportaron oro por un valor de más de US $500 millones en menos de tres años, sin embargo, sus direcciones no existen y sus registros financieros son escasos.
Al respecto, Plan V hizo consultas a seis entidades responsables de este tipo de controles y apenas una respondió. Aquí el informe que actualiza la serie publicada sobre la explotación ilegal de oro en Ecuador y la región: https://bit.ly/4cCoXun
¿Qué decir de lo que ocurre en Petroecuador, sus filiales y su refinería? En incontables ocasiones se han revelado desde distintas fuentes, decisiones direccionadas para favorecer a ciertos actores privados y mantener vivo el voraz apetito de operadores ubicados estratégicamente en espacios de decisión gerencial, administrativa, y operativa. La inestabilidad de Petroecuador en sus niveles más altos se ha puesto en evidencia en sucesivos gobiernos.
En materia energética -otro ejemplo-, la crisis provocada por el regreso de los “apagones” desde diciembre pasado ha dado mucho que analizar, investigar y opinar; lo que salta a la vista es la necesidad de precautelar los sectores estratégicos del país. El comunicado adjunto a continuación, llamó la atención a muchos, pues tiene relación con una declaración aparentemente sin importancia difundida en febrero de este año:
En octubre de 2009, Ecuador firmó un contrato con la empresa china Sinohydro, por cerca de 2.000 millones de dólares para construir la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, situada entre Napo y Sucumbíos. Las cifras no concuerdan en varias fuentes, pero se ha publicado que al momento de su inauguración en 2016, el rubro ascendió a USD 2.763 millones. Sin embargo, el Gobierno de Lenin Moreno estimó los gastos de construcción en USD 2.850 millones, monto que podría resultar de la diferencia por los costos adicionales necesarios para su completo funcionamiento.
La hidroeléctrica ha experimentado fallos recurrentes en 2024, provocando cortes de luz de hasta ocho horas en varias ocasiones. Estos problemas no se deben a la falta de lluvias, sino a fallas en la construcción realizadas por Sinohydro.
Al 15 de mayo de este año la empresa china había presentado sus propios reclamos en el arbitraje internacional iniciado por la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec), en mayo de 2017 ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional en Santiago de Chile. Sinohydro busca compensaciones, el monto exacto de su reclamo no ha sido divulgado. Celec reclama una indemnización de, al menos, USD 580 millones por los daños ocasionados por los defectos de construcción.
Quito se defiende
Finalmente, el Hotel Quito cuenta con una protección integral y absoluta de sus terrenos, incluidos los parqueaderos. Este proceso concluyó el 3 de julio de 2024, después de que el Municipio de Quito actualizara la ficha técnica del hotel, siguiendo la disposición del Ministerio de Cultura. La actualización de dicha ficha fue posible gracias al Acuerdo Ministerial del 29 de mayo de 2024, que reconoció el carácter patrimonial del Hotel Quito, prohibiendo cualquier construcción en el complejo.
El 21 de abril de 2016 el IESS vendió el hotel por USD 30,8 millones con una ficha patrimonial de inventario de 2014, elaborada por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), en la que los parqueaderos y jardines no estaban dentro del valor patrimonial.
El IESS está investigando presuntas irregularidades en la venta del bien patrimonial cuando pasó a manos de la empresa China Road and Bridge Corporation (CRBC), en una subasta de oferta pública bursátil a través de las Bolsas de Valores del país.
El Tribunal de Garantías Penales confirmó el 9 de mayo de 2024 las medidas cautelares sobre el terreno del Hotel Quito, obligando al Municipio de Quito a suspender todos los permisos de construcción debido a su estatus patrimonial.
CRBC ha manifestado su oposición a una nueva ficha patrimonial, argumentando que compró el hotel con la ficha original que no incluía parqueaderos y jardines. Sin embargo, el proyecto de construcción presentado por CRBC ha enfrentado una fuerte oposición de los vecinos y organizaciones locales, que defienden la protección del patrimonio de la ciudad.
Lo ocurrido alrededor de la frustrada y polémica venta del Hotel Quito es una línea roja que conecta con uno de los casos más intrincados de presunta corrupción oficial, en asociación con una empresa internacional, y que pone de manifiesto la importancia de la acción ciudadana organizada, en tiempos de distractores comunicacionales.
La controvertida venta del Hotel Quito por USD 30,8 millones se inició en 2014; la hipótesis sugiere que la modificación de la información patrimonial podría haber sido ordenada por altos funcionarios del gobierno de aquel entonces. También generaron suspicacias la diferencia entre el valor real, estimado en USD 46,7 millones y el precio de venta, así como la operación en la subasta pública.
El proyecto de construcción en el parqueadero del Hotel Quito contempla la edificación de torres. Según el alcalde Pabel Muñoz, el parqueadero nunca ha tenido estatus de protección desde 1957, a diferencia del hotel, que está protegido desde 1998.
En 2021, vecinos de la zona realizaron plantones en oposición al proyecto. A finales de 2022, CRBC presentó nuevamente su proyecto ajustado para construir tres torres de hasta 27 pisos alrededor del hotel; para ese entonces, la ciudadanía quiteña se había organizado y unía a los Comités Pro-Mejoras del Barrio la Floresta y la González Suárez, a moradores de Guápulo y La Paz, al Colectivo “Hotel Quito es Quito”; a la Mancomunidad de Barrios, al Colegio de Arquitectos, a los Jubilados del IESS, el Cabildo Cívico, a la Comisión Nacional Anticorrupción y a miles de quiteños que animaban la resistencia ciudadana en defensa del complejo hotelero, por tratarse de un bien patrimonial tangible e intangible.
Entre tanto, el 2019, las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) calcularon que la eliminación del aporte estatal del 40% para pensiones y la reforma en la distribución de aportes, costaron al IESS USD 8.927 millones entre 2015 y 2018, afectando la sostenibilidad del Fondo de Pensiones del IESS. En el 2016, Richard Espinoza era el presidente del directorio del IESS.
El 9 de diciembre de 2020, la Comisión Nacional Anticorrupción denunció en la Fiscalía la venta del hotel, alegando posibles delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita.
En enero de 2024, el Consejo Técnico de Apoyo conformado para el efecto, acordó recopilar información para una nueva ficha patrimonial, incluyendo jardines y estacionamientos como parte del complejo. CRBC rechazó esta decisión, argumentando que compró el hotel con una ficha que no incluía estos espacios, y que fue excluida de las reuniones. La empresa denunció a Rocío Bastidas Granizo, vocera del colectivo ciudadano, por descrédito.
Se ha solicitado la reversión de la venta al IESS.
¿Inoperancia o estrategia?
Verónica Artola, exgerenta del Banco Central, en declaraciones ofrecidas el 1 de julio de este año, a un medio de comunicación, afirmó que la ejecución del sector público hasta mayo de 2024 no supera el diecisiete por ciento y es el peor desempeño de ejecución de los últimos siete años. En otras palabras, no solo que al gobierno le falta “la plata”, sino que la que está disponible no se utiliza. ¿Inoperancia o estrategia?
III. Conclusiones:
El nuevo Decreto de excepción declarado por el Gobierno de Daniel Noboa es un tácito reconocimiento de que la lucha contra el crimen organizado no solo que no está siendo controlada, sino de que aún falta muchísimo camino por recorrer.
¿Qué tiene qué ver la batalla por el Hotel Quito con la necesidad de que los ecuatorianos intervengan en una estrategia ciudadana de protección a nuestros sectores estratégicos, que incluya empresarios honestos, industriales, agricultores, emprendedores, ambientalistas, medios de comunicación, e instituciones llamadas a velar por ellos?
Pues parece que mucho:
El mes de mayo de este año todo el país fue sorprendido por la denuncia periodística que alertó sobre la operación de policía china camuflada en una agencia de turismo, ubicada en la planta baja del Hotel Quito…
“El rastro de la policía secreta china conduce al Hotel Quito”, 14 mayo, 2024
“Para monitorear y controlar a miles de personas que abandonaron China tras la pandemia, en 2020, el gobierno de ese país puso en funcionamiento 54 estaciones secretas de policía en 30 países, incluido Ecuador. Siguiendo el rastro de esas operaciones este medio llegó hasta el Hotel Quito, donde la agencia de viajes Andywei Travel, propiedad de un ciudadano chino, arrendaba uno de sus locales hasta marzo pasado. Informes internacionales y de inteligencia coinciden en que la agencia era la fachada de una estación clandestina de agentes encubiertos”.
“Según los datos difundidos internacionalmente, una de las estaciones operaba en el Hotel Quito, que es propiedad de la empresa China Road and Bridge Corporation (CRBC)”.
“Pese a que casi no tenía clientes, entre 2016 y 2022 Andywei Travel tuvo ingresos por 12 millones de dólares, pero no por ventas de paquetes turísticos. Ese monto fue transferido por otras 13 empresas chinas contratistas de obras públicas con el estado ecuatoriano, incluida CRBC, según informes del sistema financiero. Esas firmas aparecían como clientes de la Agencia. Sin embargo, se registraron discrepancias significativas entre lo que Andywei Travel facturó y lo que le transfirieron”.
Investigación Alianza Código Vidrio – Vistazo.
La extensa investigación que al respecto desarrollaron Código Vidrio y Vistazo y de la cual extraemos, literalmente, el párrafo anterior, puede encontrarse en sus sitios web.
Ecuador se debate entre la pesadilla y el ensueño. La esperanza puesta en procesos electorales inicuos para enfrentar lo que está ocurriendo y lo que puede pasar, se instala mediante corrientes de opinión estratégicamente posicionadas. Para ello, es repetitivo el libreto que usa data estadística como punta de lanza que copa titulares noticiosos, difundiendo simulaciones de voto, meses antes de los comicios –cuando ni siquiera están definidos todos los potenciales candidatos en el tablero electoral-; así, sutilmente empujan el miedo y la emocionalidad de los electores, hacia una decisión por el “menos malo” de entre todos los peores. Por nefasta coincidencia, muchos de los elegidos, no han cumplido su tarea de preservar sectores estratégicos del país.
La agenda ciudadana debe reorientarse, debe identificar, informar e incentivar la participación responsable en el caótico presente, con miras a superarlo de cara al futuro común que cada vez parece más cargado de adversidades. Es tiempo ya de reencontrar ese Ecuador capaz de enfocarse en lo importante, para superar el estado de hipnosis colectiva que ha sembrado en la opinión de muchos, una fascinación propia de autómatas, programados por la pirotecnia política solo para entretenerse y mantenerse indiferentes.