El presidente Daniel Noboa anunció el 20 de abril de 2026 que el Ministerio de Ambiente y Energía tendría “un nuevo liderazgo” a partir del 30 de abril de 2026. El anuncio llegó pocos días después de una ola de apagones que reavivó el malestar ciudadano y en medio de correctivos en CNEL y CENACE, ordenados por la ministra Inés Manzano. El relevo se produciría en un contexto de crisis de legitimidad del sector, sin admitir el fracaso del régimen en su conducción.
La gestión de Inés Manzano ha estado marcada por dos condiciones claves: asumir simultáneamente el control de sectores estratégicos (minero, hidrocarburífero y eléctrico) y pilotear la fusión por absorción del Ministerio de Ambiente al de Energía y Minas, creando el Ministerio de Ambiente y Energía. En el discurso, esa fusión se presentó como parte de un “plan de eficiencia”, en los hechos, significó que el mismo ministerio encargado de promover extracción de recursos pasó a concentrar también las autorizaciones ambientales, lo que levantó fuertes alertas entre organizaciones y expertos por el evidente conflicto de interés.
En enero de 2026, la ministra presentó un balance comparativo de su gestión entre octubre y diciembre de 2025 frente al período octubre 2022–noviembre 2023 bajo el gobierno de Lasso. Según ese informe, el gobierno de Noboa habría logrado:
Incrementar la capacidad de generación eléctrica incorporada (de 35 MW a 846,9 MW en nueva capacidad acumulada en distintos proyectos y soluciones emergentes).
Aumentar la producción de gas natural en 24 millones de pies cúbicos adicionales y activar más pozos exploratorios.
La gestión de Inés Manzano ha estado marcada por dos condiciones claves: asumir simultáneamente el control de sectores estratégicos (minero, hidrocarburífero y eléctrico) y pilotear la fusión por absorción del Ministerio de Ambiente al de Energía y Minas, creando el Ministerio de Ambiente y Energía.
Ejecutar alrededor de 400 operativos de control en minería, con énfasis en combate a la minería ilegal y fortalecimiento de fiscalización.
Ampliar inversión comprometida, avanzar en licitaciones, contratos y estudios para proyectos hidroeléctricos y multipropósito, además de instalar luminarias LED y sistemas de autoconsumo.
Ese es el lado luminoso del relato oficial: más megavatios, más gas, más operativos, más licitaciones, más LED. Pero la política no se mide solo en indicadores que el propio gobierno selecciona. Lo que ha quedado grabado en la memoria social de este período es otra cosa: apagones recurrentes, decisiones tardías, improvisación en el manejo del sistema eléctrico y una sensación creciente de que los sectores estratégicos: energía, minas, hidrocarburos y medio ambiente se gestionaron a golpe de crisis. En otras palabras: el sistema que se decía planificado y robusto terminó revelando fragilidades que no se cubren con comunicación oficial.
En minería, el énfasis gubernamental ha sido acelerar la fase de “sostenibilidad” según la retórica oficial, intensificando operativos contra minería ilegal mientras se mantiene una fuerte apuesta por proyectos industriales con capital extranjero, especialmente de China y Canadá. China sigue siendo el actor dominante, tanto por su rol histórico en proyectos como Coca Codo Sinclair (cuya operación el estado entregará durante 25 años a PowerChina una vez que se levanten disputas y reparaciones pendientes), como por la presencia de sus empresas en concesiones estratégicas. Canadá, por su parte, aparece como actor clave en minería metálica, con empresas que han presionado por condiciones regulatorias estables y garantías frente a la conflictividad socioambiental. La fusión de Ambiente con Energía fue leída en esos círculos como una señal favorable: un solo interlocutor, más alineado con la lógica extractiva.
El problema es el costo político y ambiental interno de ese diseño. Al concentrar licencia y promoción en la misma mano, el Estado manda el mensaje de que el “desarrollo sostenible” es un asunto de trámite, no de conflicto que deba resolverse con la sociedad. La crítica ambientalista es clara: se debilitan los controles, se reduce la autonomía técnica de las áreas encargadas de evaluar impacto y se deja a comunidades y territorios con menos herramientas para exigir garantías.
En hidrocarburos, la gestión Manzano se ha movido en un contexto adverso: caída estructural de la producción petrolera, envejecimiento de campos, conflictos en territorios sensibles como Sacha y el bloque 43‑ITT, en proceso de cierre tras la consulta popular de 2023 sobre el Yasuní. El gobierno ha intentado compensar la declinación con más gas, mejor fiscalización y atracción de inversión privada, pero sin un cambio de fondo en el modelo de dependencia rentista. Al mismo tiempo, Petroecuador ha enfrentado una inestabilidad crónica en la cúpula: sucesivos cambios de gerentes generales, directores y operativos “en nombre de la reestructuración por eficiencia”, que han debilitado a la empresa, fomentado la parálisis decisional y activado tensiones políticas y corporativas. La narrativa de “limpieza” y “eficiencia” ha servido para justificar remociones, no para fortalecer a Petroecuador EC.
A esto se suma un deterioro en la interconexión regional. La relación con Colombia —tradicional proveedor de energía en momentos críticos— se ha enfriado, tanto por factores técnicos y comerciales como por tensiones políticas, reduciendo el margen de maniobra para importar energía cuando el sistema interno falla. Cada apagón tiene un costo económico millonario en producción perdida, daños, horas hombre y golpe a la confianza. El costo político también es enorme: cuando la luz se apaga, se apaga también el discurso de eficiencia.
Si se compara el estado de los sectores estratégicos a diciembre de 2024 con la situación de abril de 2026, la respuesta honesta es incómoda: no están mejor, solo están narrados de otra manera. Hay más megavatios en el papel, más operativos de control, más licitaciones en curso, pero también más apagones, más conflictividad socioambiental potencial, más fragilidad institucional en Petroecuador y un diseño ministerial que subordina el ambiente a la extracción.
El anuncio de un nuevo titular en el Ministerio de Ambiente y Energía abre dos caminos posibles. En el peor escenario, el reemplazo de Manzano es apenas un movimiento cosmético: se cambia la figura, se mantiene intacta la arquitectura. La política energética quedaría subsumida a intereses de corto plazo y a compromisos con grandes actores como China y compañías mineras canadienses, con menos controles ambientales y menos deliberación democrática.
En el mejor escenario, el cambio de liderazgo es la oportunidad para corregir el rumbo.