La paz no es la ausencia de guerra, es una virtud, un estado de la mente, una disposición a la benevolencia, la confianza y la justicia.
Baruch Espinoza
El Ecuador vive un nuevo capítulo de un tiempo convulsionado. Fito escapó de la cárcel, y sus soldados se toman el set de TC para trasmitir en directo la exigencia de respetar su estadía en la suite controlada por él, y amenazar con una guerra generalizada. Se desata una cadena de atentados, coches incendiados, bombas en sitios públicos, asalto de locales comerciales.
La respuesta del gobierno de Noboa es la declaratoria de la guerra contra las bandas y la instauración del Estado de excepción y de conflicto interno. Se expande una ola de terror y atemorizamiento. La sociedad termina encarcelada por el toque de queda y el temor.
Fito es el síntoma de un problema más profundo. El narcotráfico y el capital criminal son la forma de reproducción ampliada del capital en la fase actual; no hay una frontera entre el capital legalizado y el capital criminal. El narcotráfico, las bandas criminales no pueden funcionar si no tienen vínculos orgánicos con los grupos de poder local y transnacional, con la estructuras del poder del Estado.
El caso Gran Padrino, en el tiempo del gobierno de Lasso, mostró la presunta vinculación de las mafias albanesas con Danilo Carrera, cuñado del Presidente, y con la red creada por el Gobierno en la administración de las empresas públicas en manos de Hernán Luque Lecaro. Asesinado Rubén Chérrez, el operador y vínculo, se ha silenciado este proceso.
El caso Metástasis destapa las vinculaciones de Leandro Norero con el ex vicepresidente Jorge Glas, generales, jueces, abogados, asambleístas, políticos, que crean una red de impunidad y de negocios fraudulentos. Entonces surge la pregunta, ¿dónde están los teléfonos de Fito, cuáles son los jueces, los políticos, los policías, que garantizan el imperio de Los Choneros desde las cárceles?
Y la otra raíz estructural está en la captación, sobre todo de jóvenes de sectores marginales, por las bandas delictivas, pues no encuentran expectativas de vida. Una cultura del dinero fácil, del éxito individual, y de los referentes de narcotraficantes, expandida por los medios y las redes, destruye los lazos de convivencia y deja la puerta abierta al reclutamiento de los jóvenes por el crimen organizado. La adscripción a la bandas se ha convertido en una forma de vida o mejor de muerte. Como dijo uno de ellos: no tenemos esperanza, ya estamos muertos.
Las bandas son el primer nivel, operativo, del narcotráfico y el capital criminal. Están vinculadas a carteles mexicanos, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, el Clan del Golfo, a la mafia albanesa, que se disputan las rutas y las redes para el envío de la droga a Europa y Estados Unidos, los mercados de consumo y de acumulación del dinero criminal.
El Gobierno en su Decreto de Conflicto armado interno nombra 21 bandas, pero se calcula que hay 70, con 40 o 50 mil integrantes, ubicadas sobre todo en las provincias de la Costa, Esmeraldas, Manabí, Guayas, y en las provincias fronterizas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, en donde se encuentran las rutas del gran tráfico del capital criminal; aunque se han expandido a escala nacional. Las bandas medran del microtráfico, de la extorsión, las vacunas, los secuestros, los sicariatos, los servicios a los carteles transnacionales, tráfico de drogas, personas, armas, órganos, y han empezado a lavar el dinero en otras actividades, como la minería, la construcción, el deporte.
Los Ríos. Realizando una persecución y allanamiento en el sector #FincaMisTresAngelitos, donde se aprehendieron a cinco terroristas con: 1 pistola traumática, 4 alimentadoras, 1 rifle artesanal, 1 subametralladora, 18 municiones, 4 celulares, 2 laptos y una camioneta. Foto: FF.AA
Las bandas son el primer nivel, operativo, del narcotráfico y el capital criminal. Están vinculadas a carteles transnacionales mexicanos, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, el Clan del Golfo, a la mafia albanesa, que se disputan las rutas y las redes para el envío de la droga a Europa y Estados Unidos, los mercados de consumo y de acumulación del dinero criminal. Se calcula que, sobre todo después de los Acuerdos de Paz en Colombia en 2016, el 70% de la droga producida en el Sur de Colombia pasa por las rutas del Ecuador.
Las bandas locales operan en articulación con grupos económicos ligados al comercio externo y a flujos financieros, locales y transnacionales; con actores estatales, políticos, jueces, militares, policías. Los vínculos son orgánicos, no hay fronteras entre las bandas y el capital criminal.
La respuesta del Gobierno de Daniel Noboa ha continuado y radicalizado la estrategia de “guerra contra el narcotráfico y las mafias”. Las preguntas de la Consulta y los Decretos de Estado de excepción y de Conflicto Interno, refuerzan las atribuciones represivas y de control de las Fuerzas Armadas, que operan ya no sólo como complemento de las acciones policiales, sino como la conducción estratégica. Entramos en un plan de militarización del país, la suplantación del Estado de Derecho con un Estado de Seguridad Policial, y una política de renuncia a la soberanía en nombre de la ayuda internacional. Una estrategia de atemorizamiento de la población que justifique medidas de shock político y económico, y de represión indiscriminada, dirigida sobre todo a la condena racial de los jóvenes, afros, indígenas, montubios, que habitan los barrios asolados por la pobreza y el narcotráfico; una revictimización que condena a los pobres y excluidos, y rodea de impunidad a los delincuentes con poder.
Esta estrategia puede obtener resultados inmediatos en la escena, pero ha fracasado en Ecuador y en otros países. No aborda las raíces estructurales del capital criminal y el narcotráfico. Las estrategias de seguridad y de refuerzo de la capacidad disuasiva de los organismos militares y policiales deben darse en el marco de una política integral, que empiece por la reforma y depuración de las Fuerzas Armadas y la Policía, por una reforma integral de la Justicia, por la investigación y la inteligencia para ubicar las cabezas de las bandas y la articulación con los poderes económicos y políticos. Una tarea inmediata es la vigilancia y la exigencia para que la Corte Constitucional examine los Decretos de excepción y de conflicto armado interno, así como las preguntas de la Consulta, y no legitime los planes de guerra y violencia en contra de los derechos humanos y constitucionales.
Entramos en un plan de militarización del país, la suplantación del Estado de Derecho con un Estado de Seguridad Policial, y una política de renuncia a la soberanía en nombre de la ayuda internacional.
Hay temas tabú. Un punto partida es desconstituir la raíz económica, el negocio lucrativo del narcotráfico y las diversas formas de capital criminal, mediante un proceso gradual y bajo control del Estado y la sociedad, y acuerdos internacionales —ante todo con los países andinos— de legalización de la producción y consumo de la droga, impulso de planes regionales de desarrollo alternativos, y de control de los flujos financieros, facilitados en nuestro país por la dolarización.
Para que los jóvenes y familias de los barrios, comunidades y provincias empobrecidas no sean atrapados por el capital criminal, se requiere una plan de construcción de territorios liberados y de atención a las necesidades básicas y las expectativas de vida de la población marginada. La salud, la educación, las oportunidades de empleo y de producción, la ética de solidaridad, los lazos comunitarios, son los antídotos al mal del capital criminal y el narcotráfico. Allí debe concentrarse la mano dura, los acuerdos políticos, la ayuda internacional.
Es difícil, casi imposible que los poderes dominantes actúen en esta dirección. La responsabilidad debemos asumirla la sociedad civil, los movimientos sociales, los pueblos indígenas, afros, montubios, los colectivos de mujeres y de derechos humanos, las universidades críticas, los medios de comunicación alternativos, las comunidades creyentes comprometidas con los pobres, para construir una cultura y una estrategia de paz, a partir de un poder propio y del compromiso esperanzado con un Ecuador justo.