Los hermanos William y Roberto Isaías Dassum demandaron, en un tribunal contencioso administrativo de Guayaquil, a varias instituciones públicas por no menos de USD 2000 millones. Con esa cantidad se podría financiar por cuatro años el incremento salarial de los maestros aprobado por la Asamblea Nacional, que se estima en USD 500 millones anuales. O se podría vacunar nuevamente al país cuatro veces, pues el presupuesto para el programa de vacunación contra el covid fue, en junio de 2021, de USD 500 millones.
Buscan recuperar así el dinero y los bienes que el Estado les incautó en 2008, durante el gobierno de Rafael Correa. La cifra, según explica su defensa, sale de sumar el último avalúo de sus bienes incautados que alcanzaría los USD 1548 millones, los rendimientos que no han recibido desde 2008 y unos 25 millones de dólares pagados a sus abogados en Estados Unidos. No están pidiendo un vuelto, sino cuestionando la incautación en sí, aclararon también. Y también precisaron que no necesariamente les deberían pagar en efectivo, sino que podrían aceptar los bienes que aún tiene el Estado. La acción no tiene relación con el proceso penal por peculado, en cuyo marco no tendrían derecho a ningún tipo de indemnización.
La incautación de 2008
Con una resolución firmada por Carlos Bravo en 2008, entonces gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), el Estado incautó varios bienes de la familia Isaías, como eran el canal GamaTV de Quito y el canal TC en Guayaquil y algunas empresas comerciales y agrícolas, como un ingenio azucarero, llamado Ecudós. En la primera resolución se estimaron en por lo menos 195 los bienes incautados.
Las incautaciones fueron parte del caso de la quiebra del Filanbanco, un banco con sede en Guayaquil que era el buque insignia del emporio de los Isaías durante la crisis bancaria de 1999 y 2000.
Carlos Bravo fue gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos. Foto: El Universo
Las incautaciones fueron parte del caso de la quiebra del Filanbanco, un banco con sede en Guayaquil que era el buque insignia del emporio de los Isaías durante la crisis bancaria de 1999 y 2000.
Paralelamente a las acciones de incautación que tomó la AGD, se siguió un proceso penal contra ambos magnates, que dejaron el país y se instalaron en Florida, al sur de Estados Unidos. Aunque en el proceso penal se dictó una sentencia por peculado en 2012, para 2021 había sido revocada, con lo que no hay, según dicen sus abogados, ningún impedimento para que los magnates vuelvan a Guayaquil cuando lo deseen.
Un proceso que seguía la Procuraduría General del Estado en Miami para intentar llegar a los bienes de los Isaías en Estados Unidos también fue desestimado, luego de que se terminara que lo que se había incautado en Ecuador cubriría el faltante.
Pero tras ganar la batalla en la justicia penal, los Isaías quieren que se le devuelva el dinero de los bienes que en 2008 les incautó el correato. Por ello presentaron una demanda contra varias entidades del Estado que se tramita desde el 27 de diciembre de 2021 en el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo en Guayaquil y afecta al Banco Central del Ecuador, Inmobiliar (entidad que maneja inmuebles estatales), la Superintendencia de Bancos y la Procuraduría General del Estado.
En un comunicado, la Procuraduría General del Estado dijo que se encuentra coordinando la estrategia de defensa con las instituciones involucradas. Según la Procuraduría, tiene hasta el 13 de mayo de este año para contestar la demanda.
#Importante| Caso #Isaías: La Procuraduría defenderá los intereses del Estado ecuatoriano en coordinación con las entidades demandadas.
La información completa. pic.twitter.com/CaSoYyZytC
— Procuraduría Ecuador (@PGEcuador) March 22, 2022
El presidente Guillermo Lasso dijo que habló del tema con el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, y que se debe precautelar el interés público, pero expresó también sus reservas sobre el mal manejo que los bienes pudieron haber tenido durante la administración estatal.
El presidente Guillermo Lasso dijo que habló del tema con el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, y que se debe precautelar el interés público, pero expresó también sus reservas sobre el mal manejo que los bienes pudieron haber tenido durante la administración estatal.
El Estado pierde los juicios contra los Isaías
Tras la incautación, en 2012, la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN No más Impunidad determinó que los Isaías le debían al Estado por lo menos USD 477 millones, por lo que inició en su contra un juicio coactivo. La cifra difiere de los USD 661 millones que constan en la resolución del ex gerente de la AGD, emitida en 2008, que fue la base de las incautaciones.
En diálogo con este medio digital, Carlos Bravo sostuvo que la cifra salió de un auditoría de Deloitte al Filanbanco y que era la que se manejó durante el año que él estuvo en el cargo. Pero luego, cuando el Fideicomiso no más Impunidad se hizo cargo del tema, las cosas cambiaron. Bravo cuestiona en duros términos a Pedro Delgado, el polémico primo del ex presidente Correa que debió huir del país y abandonar el cargo cuando se descubrió que llevaba décadas usando un título falsificado de economista.
Según Carlos Bravo, en todos los gobiernos, el de Correa incluido, y a pesar de la voluntad política del ex presidente de cobrar a los Isaías, operadores y cabilderos de los magnates radicados en Miami han tenido influencia y realizado gestiones.
Para Bravo, Delgado puede tener responsabilidad en los manejos posteriores, y ahora lo cuestiona por supuestamente apoyar el reclamo de los Isaías. Según Bravo, en todos los gobiernos, el de Correa incluido, y a pesar de la voluntad política del ex presidente de cobrar a los Isaías, operadores y cabilderos de los magnates radicados en Miami han tenido influencia y realizado gestiones.
Ricardo Noboa patrocina la demanda de los Isaías en un Tribunal Contencioso de Guayaquil.
Bravo agregó que cuando pasaron a control del Estado algunas empresas del grupo Isaías ya tenían muy mala situación, como es el caso del canal GamaTV, que Bravo asegura ya tenía pérdidas millonarias, aunque destaca que se hayan podido perder bienes inmuebles. Sin embargo, sostiene que la justicia debería investigar si efectivamente hubo malos manejos en las empresas y bienes del grupo que fueron incautadas por el Estado. Pero según el abogado de los Isaías, Ricardo Noboa, no hay una sola resolución de incautación, sino por lo menos 100.
Sobre cuándo dinero debían, el argumento de los Isaías ha sido el mismo durante años: afirman que entregaron al Estado el banco abierto y funcionando y que con eso pagaron lo que el Estado invirtió en el salvataje bancario y en pagar a los depositantes. Pero según Carlos Bravo, para 2008, se debió tomar la decisión de incautación para que el Estado pudiera recuperar el dinero invertido en el salvataje bancario y pagar a los clientes cuyos dineros se retuvieron.
Pero en 2012, el Fideicomiso No Más Impunidad estimó la deuda de los Isaías en por lo menos USD 1.088 millones y eso motivó que en 2014 la entidad demandara la insolvencia de los Isaías, procesos que demoraron más de cuatro años llegando a la junta de acreedores en 2018, en donde se determinó que tras valoraciones los activos de los Isaías podían valer no menos de USD 1548 millones, por lo que se desechó la acusación de insolvencia presentada por el Fideicomiso. La decisión fue ratificada en 2020, tras desecharse la apelación presentada por el Banco Central. En marzo de 2021 se resolvió que tan William como Roberto Isaías habían aportado bienes por una cantidad mayor que la supuestamente debían al Estado.
1548 millones de dólares habría obtenido el estado de los bienes de los isaías, según se determinó en el marco de un proceso de insolvencia que ganaron los magnates.
Inclusive, según señala el abogado de los magnates, Ricardo Noboa, ellos podrían exigir una diferencia a su favor de por lo menos USD 460 millones. Pero no es ese supuesto «vuelto» el que reclaman los hermanos Isaías, según precisó en declaraciones para El Universo el abogado Noboa Bejarano: «Nosotros no estamos demandando la diferencia entre los activos y pasivos porque nosotros no aceptamos que le debemos al Estado esa cifra exorbitante de $ 1.088 millones. No aceptamos que hayan inventado esa cifra y han cargado gastos administrativos, impuestos no pagados, créditos vinculados, hicieron un champú». Noboa dijo, sin embargo, que están dispuestos a negociar: «Proponemos al Estado una mediación y estamos aceptando que como parte de ella nos puedan restituir bienes incautados», señaló aunque precisó que no quieren recuperar los bienes que ya fueron vendidos, como sería el caso del ingenio Ecudós, sino aquellos que aún están bajo administración estatal, como sería el caso de los dos canales de televisión que ha administrado el Estado desde 2008.
Para Carlos Bravo, es evidente que los Isaías y su fortuna personal no podrían caer en insolvencia, pero se debe analizar la situación de Filanbanco y los bienes de la entidad bancaria, pues no es la primera vez que resulta que el país les debe un «vuelto» como cuando reclamaron algo parecido sobre unas obras de arte que estaban en el Museo que el Banco patrocinaba en Guayaquil.
Bravo afirma también que Ricardo Noboa participó en la venta del ingenio Ecudós al grupo peruano Gloria, por lo que asegura que su actitud frente a las incautaciones es contradictoria. El ex gerente de la AGD cuestiona también la nominación de Noboa como árbitro en el CAIDI, pero Noboa sostiene que jamás arbitrará ningún caso de su propio país en caso de llegar a esa posición.