El papel de los jueces anticorrupción en el conflicto armado interno entró a debate. El pasado 30 de mayo, la Asamblea analizó el proyecto de Ley de Solidaridad Nacional, que presentó el presidente Daniel Noboa como urgente y que propone la implementación de regímenes especiales en el ámbito tributario y penal para enfrentar el conflicto armado interno.
La Comisión de Desarrollo Económico presentó el informe para el primer debate en el Legislativo, donde uno de los cambios que trae el documento es reformar el Código Orgánico para la Función Judicial en lo relativo a los jueces anticorrupción. La Comisión propone agregar a las funciones de esos magistrados, especializados en casos sobre corrupción y crimen organizado, también el juzgamiento de los delitos relacionados con el conflicto armado interno.
Pero una fuente cercana a los jueces anticorrupción, que prefirió mantenerse en el anonimato, explicó a Plan V que ellos ya tramitan este tipo de casos. Por ejemplo, el proceso judicial del ataque armado contra TC Televisión, el 9 de enero de 2024, lo tramitaron estos magistrados. Uno de estos tribunales sentenció a 11 involucrados a 13 años de cárcel por el delito de terrorismo, el pasado 6 de septiembre de 2024.
Ese hecho impulsó a Noboa a declarar el conflicto armado interno en Ecuador y a señalar a 22 grupos criminales como terroristas por primera vez. La misma fuente sostiene que estos juzgados han dado un tratamiento especializado a los casos de terrorismo después de dicha declaratoria. Por eso, cree que estas reformas pudieran ser redundantes.
Desde el 2 de diciembre de 2022, Ecuador cuenta con jueces especializados en 44 tipos penales relacionados con corrupción y crimen organizado, que incluye delincuencia organizada, lavado de activos, secuestro extorsivo, etc. La Comisión además propone que el Consejo de la Judicatura capacite a estos jueces en temas de conflicto armado interno, en el plazo máximo de 60 días desde la vigencia de la ley.
Ahora, ¿cuáles son los nuevos delitos que abordarían? La Comisión plantea crear un nuevo tipo penal relativo a la pertenencia a un grupo armado organizado o GAO. Si una persona es parte de manera permanente, circunstancial, directa o indirectamente a estos grupos criminales será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años; quienes dirijan, planifiquen o financien esas actividades enfrentarán entre 26 y 30 años de cárcel; y los colaboradores podrían tener penas de entre 20 y 26 años. Esto implicaría también una reforma al Código Penal Integral (COIP).
La fuente cree que la definición de grupo armado organizado puede volver complejo probar el delito. Sostiene que esa denominación se ha usado, por ejemplo, en Colombia que ha enfrentado un conflicto durante décadas y donde los actores armados tenían un fin ideológico, así como ETA en España. “Otra cosa es un grupo de personas con armas y eso es lo que pasa en Ecuador”, dice.
Otra reforma que impulsa el Gobierno en el COIP tiene que ver con los allanamientos. El Ejecutivo proponía que el domicilio de un GAO sea allanado sin orden judicial. La Comisión eliminó esa parte del texto y mantuvo que los estos allanamientos estén sujetos a un control posterior por parte de los jueces anticorrupción. Ellos a su vez verificarán la legalidad de la actuación. Para ello, la institución a cargo de la intervención deberá presentar un informe máximo de 24 horas después.
Para Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, cree que ejecutar una orden de allanamiento sin la orden de un juez afecta la independencia judicial y pone en riesgo la validez de las evidencias que se recogen en estos operativos, que luego sirven para procesar y sancionar un delito. Este gremio ha advertido que este proyecto puede ser objeto de demandas porque contraviene la Constitución. En relación a los jueces, Ocaña cuestiona que existan unidades especializadas para el tratamiento de esos casos.
Estas reformas son parte del documento que aprobó la Comisión para el primer debate, que modificó de manera sustancial el proyecto enviado por Noboa. En relación al juzgamiento de los GAO, el Presidente propuso la creación de unidades judiciales especializadas en el conflicto armado interno. La asambleísta Mónica Salazar, excorreísta y ahora militante del oficialismo, consideró que la carga procesal de los jueces anticorrupción no es alta y que no era necesario incurrir en nuevos gastos y procesos de selección.
Pero las cifras de los procesos que han llegado a estos magistrados revelan que aún destinan gran parte de su tiempo a otras causas para las que no fueron nombrados.
Las causas constitucionales ahogan a los jueces anticorrupción
El 2 de diciembre de 2022 fueron posesionados los primeros 14 jueces anticorrupción que ganaron un concurso público. Los seleccionados fueron ocho fiscales, dos jueces, dos defensores públicos, un catedrático y un secretario de fiscales. Estos magistrados fueron divididos en tres instancias: unidad, tribunal y sala.
El 2 de octubre de 2023, el Consejo de la Judicatura nombró dos jueces más para la unidad judicial y el 15 de enero de 2024, designó siete jueces más. Para justificar esta última decisión, mencionó “la situación gravísima de inseguridad que atraviesa el país” e hizo alusión al Decreto N.111 en el que Noboa declaró el conflicto armado interno.
El Pleno de la Judicatura consideró que en ese escenario habría un aumento inminente de la carga procesal de estos jueces. De esta manera, incrementó un tribunal a los dos que ya existía y sumó seis magistrados más a la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada, donde solo estaban dos jueces. Es decir, en la actualidad operan ocho magistrados en la unidad, nueve en tribunales de garantías penales y seis en sala especializada penal. En total son 23 jueces.
A estas dependencias judiciales especializadas han ingresado 3.768 causas desde diciembre de 2022 hasta abril de 2025, de acuerdo a las cifras que maneja la Judicatura. De ese número, 3.366 han sido resueltas, afirmó esa entidad a un pedido de información de Plan V. Dentro de esa cifra están incluidos actos urgentes para allanamientos o detención con fines investigativos, recusaciones, actuaciones en relación a extinción de dominio, así como procesos penales y constitucionales.
En estas dos últimas áreas se concentra el mayor trabajo de estos jueces. En la página de la Función Judicial se detalla el número de causas que cada magistrado ha tramitado. Según esa información oficial, los jueces anticorrupción han conocido 1.151 procesos penales y 1.572 procesos constitucionales aproximadamente.
Es decir, estarían destinando casi el 60% de su tiempo a causas constitucionales, como el trámite de acciones de protección, medidas cautelares o habeas corpus. En un reportaje previo de junio de 2023, Plan V informó que los procesos constitucionales ocupaban el 35% del tiempo de estos jueces.
La fuente cercana a los jueces anticorrupción dice que esa aproximación es correcta, pues ha observado cómo a veces las causas constitucionales ocupan hasta dos semanas al mes el tiempo de estos magistrados. Esto significa, agrega, que se desatiende por un buen tiempo las causas penales que no son sencillas y que pueden tener entre 20 y 30 procesados.
Este es un tema que no se pudo resolver, según Fausto Murillo, expresidente del Consejo de la Judicatura, en cuya administración se designaron a los primeros 14 jueces anticorrupción. Explica que la Ley de Garantías Jurisdiccionales dispone que los jueces de primera instancia tienen que conocer las garantías constitucionales. “Esa es una carga absurda”, reconoce Murillo, pero además recuerda que al inicio les llegó un gran número de estas causas porque su carga laboral estaba en cero.
Los incendios de los jueces anticorrupción
La Judicatura confirmó a Plan V que en la actualidad existen 11 expedientes disciplinarios abiertos contra nueve jueces anticorrupción. Cinco de ellos forman parte de la unidad judicial, uno pertenece a tribunal y tres son jueces de sala.
Asimismo, dos de estos jueces han sido suspendidos. Este fue el caso de la jueza María Fernanda Castro, quien se inhibió de un proceso por tráfico de influencias y remitió la causa a una jueza penal ordinaria, y dejó en el limbo a los involucrados, dice la resolución del tribunal que estudió su caso y declaró que ella cometió un error inexcusable. En mayo pasado, la Judicatura resolvió suspenderla durante tres meses sin sueldo. El segundo juez suspendido fue Ángel Humberto Quito por incurrir en una falta gravísima de manifiesta negligencia. Según la Judicatura, “inobservó los elementos de convicción presentados por la Fiscalía en un caso de lavado de activos”.
Pero el caso más polémico que involucra a estos jueces inició el 16 de enero pasado cuando la Fiscalía y la Policía allanaron las oficinas de los magistrados Gabriela Lara, Christian Quito y Jairo García en una investigación por supuesta delincuencia organizada y tráfico de influencias. Los dos últimos ingresaron a la unidad judicial especializada en enero de 2024. Según la Fiscalía, estos jueces habrían intentado liberar a los hijos de un presunto líder de Los Comandos de la Frontera. La Judicatura también investiga internamente a estos magistrados.
#AHORA | #CasoFachada: en el marco de una investigación por #DelincuenciaOrganizada, #TráficoDeInfluencias y otros delitos –que involucraría a jueces anticorrupción y abogados–, #FiscalíaEc y @PoliciaEcuador (Unidt) ejecutan allanamientos en #Pichincha y #Esmeraldas (desarrollo). pic.twitter.com/vHJZ5ewJKX
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 16, 2025
Para Murillo, el crimen organizado siempre va a buscar cómo corromper y por eso el Estado debe dar un tratamiento diferente a estos jueces. Por ejemplo, dice que no es lógico que un juez anticorrupción gane 4.200 dólares, que es el mismo sueldo de un juez civil de un cantón relativamente pacífico del resto del país. “Estamos hablando de temas de corrupción en donde se juegan miles de millones de dólares y que tienen operadores que fácilmente pueden llegar a presionar y amenazar”. El exfuncionario afirma que aún no existe un protocolo para que un juez pueda denunciar cuando ha sido amenazado.
“Siempre es una deuda pendiente”, dice la fuente cercana a los jueces anticorrupción respecto a la seguridad de estos magistrados. “Hasta que no haya un atentado contra un juez anticorrupción las cosas van a seguir igual. Lamentablemente, aquí tomamos la política institucional cuando ya existe el atentado”, cuestiona este funcionario quien cree que también deben ser reforzados los equipos de seguridad de estos jueces. “Mientras la delincuencia organizada está en autos blindados, la policía está a pie”.
A Murillo le inquieta que se apruebe el proyecto de ley, pero sin los recursos económicos que permitan que estos jueces puedan operar de mejor manera. “No solamente es necesario hacer la ley, sino también (establecer) el presupuesto que la Función Judicial necesita para poder cumplir con la designación o ampliación de esas competencias y dar protección y garantía a estos jueces”.