Los resultados de las pruebas de confianza para los concursantes a jueces nacionales tenían dos firmas electrónicas. Una pertenecía a Pedro Mauricio Urquizo, como representante de la empresa Métricas Web, y la otra a Luis René Meneses, como psicólogo evaluador. Pero ninguna de esas dos rúbricas pudo ser verificada a través de la aplicación oficial para ese procedimiento, FirmaEC.
Ese detalle se suma a una serie de inconsistencias de dichas pruebas que ahora se han convertido en un nuevo motivo para detener el concurso para la selección de 10 magistrados a la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Esta es la segunda vez que este proceso se queda en el aire en los últimos ocho meses.
La primera ocasión ocurrió el pasado 19 de diciembre, después de que Wilman Terán fuera detenido por el caso Metástasis. La Fiscalía acusó a Terán como supuesto autor del delito de delincuencia organizada en un caso que investiga los nexos entre la justicia y el narcotráfico. Pero sobre el concurso, expertos internacionales habían denunciado una serie de irregularidades en ese proceso desarrollado durante la presidencia de Terán en el Consejo de la Judicatura (CJ).
Una nueva convocatoria arrancó, en marzo pasado, bajo la administración de Álvaro Román, quien reemplazó a Terán y estuvo al frente del CJ hasta el 16 de julio. Román no se ha pronunciado públicamente sobre estos hechos. Pero un día antes de su salida del cargo, se aplicaron las pruebas de confianza a 105 aspirantes.
En la última semana, las denuncias contra este proceso han aumentado. El medio Teleamazonas reveló que las oficinas de Métricas Web no estaban en la dirección que reposa en los registros de la Superintendencia de Compañías, esto es en la calle De Los Arupos, ubicada en una zona industrial en el norte de Quito. En ese lugar, nadie dio con el paradero de dicha empresa.
Sus escasos registros informan que la única accionista de la empresa es Gladys Rojas de López, quien suscribió dicha compañía en 2022 con un capital de 100 dólares, bajo la figura de Sociedad por Acciones Simplificada (SAS). Este es un tipo de empresa que emergió en la pandemia para que pueda tramitarse por internet. Según su inscripción, se dedica desde obras de teatro, pasando por asesoría jurídica hasta manejo de sistemas informáticos.
Sobre Rojas existe poca información. Es de nacionalidad colombiana, pero registra una cédula ecuatoriana. No tiene RUC ni tampoco tiene alguna actividad económica anterior.
Pero otro de los nombres que aparecen relacionados con esta empresa es el de Gustavo Adolfo López Rojas. En una de las actas de la empresa, firma como secretario ad hoc. Al igual que la accionista, él también es de Colombia, con cédula ecuatoriana. Tiene un RUC, pero en la actualidad está suspendido.
Uno de los locales que López Rojas registró con su RUC coincide con la misma dirección de Métricas Web. Allí operaba un antiguo almacén de suministros hoteleros, de acuerdo a la información del Servicio de Rentas Internas. En la Superintendencia de Compañías, registra otras empresas: una comercial de venta de productos al mayor y una comercializadora textil, ambas suspendidas.
En el informe técnico de las pruebas de confianza, López Rojas firmó como coordinador del proceso. Otros empleados que registraron fueron Sofía Gabriela Pambabay y Alejandro López Rojas. Este último, también colombiano, fue socio de Gustavo Adolfo López Rojas en la comercializadora textil. De todos ellos, solo Pambabay tiene un título universitario como fisioterapeuta, como lo informó Expreso. Meneses, uno de los firmantes de las pruebas, también tiene título como psicólogo.
¿Unas pruebas fáciles?
En general, las pruebas de confianza han sido criticadas por no estar adecuadas para un concurso a jueces de la más alta corte del país. Estas evaluaciones tenían como objetivo calificar principalmente dos parámetros: competencias laborales y honestidad. En el primer caso, el informe técnico de dichos exámenes dice que debían evaluar los parámetros establecidos en el perfil del puesto para el cargo de Juez y Conjuez de CNJ.
Pero Plan V conoció, a través de los concursantes, que hubo preguntas sobre cómo se relacionan con sus clientes o si, ante sus jefes, tienen una actitud de respeto. Mientras que en la parte de honestidad, les preguntaron si alguna vez habían robado o consumido drogas, por ejemplo. De ahí, que este examen ha sido considerado como fácil.
De igual manera, hay otro aspecto que llamó la atención: la falta de encriptación de las claves. Una de los aspirantes contó a Plan V que se dio cuenta de este aspecto porque pudo volver a ingresar a su prueba con la clave de 15 caracteres que le entregó el CJ. Es decir, cualquiera podía modificar sus respuestas, según este testimonio. Recuerda que, en el anterior concurso, cuando estaba Terán en el CJ, la clave solo funcionaba una vez. Esta fuente cree que en esa ocasión no se pudieron alterar las pruebas, “por eso tuvieron que repetirlas”.
“Que bajen a una persona del concurso con estas pruebas de confianza es una canallada”, dijo este participante que prefirió el anonimato. De los 105 concursantes, 35 fueron calificados como “no idóneos”, sin que el documento con los resultados explicara las razones. Entre los aspirantes descalificados se encuentran los jueces nacionales Javier de la Cadena, David Jacho, jueces anticorrupción y un fiscal.
Esta serie de elementos llevó a los abogados Ramiro Ortega, Máximo Ortega y Héctor Mosquera a presentar una acción de protección, el pasado 25 de julio, para suspender el concurso. Ellos no pasaron las pruebas de confianza.
En esa causa, el juez Vicente Oña solicitó a la Judicatura que remita el nombre de la empresa contratada para el examen de confianza, el o los funcionarios que realizaron la contratación y la información sobre la experiencia de la empresa para realizar dicho examen tanto en los concursos del 2023 como del 2024.
No es la única autoridad interesada en Métricas Web. Por solicitud de Mario Godoy, actual presidente del CJ, la Contraloría investigará el contrato con esta compañía. Para ello, la Dirección General y las Direcciones Nacionales de Talento Humano, Transparencia de Gestión y Administrativa deben presentar un informe sobre dicho proceso de contratación hasta la próxima semana.
Las investigaciones judiciales iniciaron
Aproximadamente a las 03:00 del pasado 25 de julio, la Fiscalía allanó las casas de seis presuntos involucrados en un delito de concusión por el manejo del concurso. Los investigados son Gloria Susana S.E, quien se desempeñaba como directora Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura; Marco Fabián Z.G., como coordinador provincial de Talento Humano; Édgar Francisco B.C., jefe de la escuela de la Función Judicial; José Danilo N.A., jefe departamental Nacional de Talento Humano. Asimismo, en la lista está Holger Jaime C.G, un exjuez de Pichincha quien fue nombrado como Director General de la Judicatura, en diciembre de 2023 por el Pleno del CJ. Otro investigado es Jefferson Israel M.M.
Durante la intervención, la Fiscalía se llevó 15 computadoras, celulares y documentos. Plan V supo que algunos de estos funcionarios fueron degradados.
Fausto Murillo, exvocal del CJ, cree que esta investigación se debe a que presuntamente estos servidores habrían estado “ofertando subir puntajes a cambio de dinero”. Sobre esto no ha dicho nada el Consejo de la Judicatura y todo esto suma un velo de opacidad”.
Murillo, en Teleamazonas, recordó la importancia de la elección de los nuevos magistrados de la CNJ, que durarán en el cargo durante nueve años. En sus manos estará la elección del presidente titular de la CNJ y, además, deberán enviar la terna para el nuevo presidente de CJ, que durará seis años en ese puesto. Adicional, de este concurso saldrá un banco de elegibles para jueces nacionales que durará seis años, dijo Murillo.
El exfuncionario dice que el país merece que los jueces para la CNJ salgan de un proceso transparente e impecable. Y que este concurso tiene dos caminos. El artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial dice que, si hay alguna irregularidad en estos procesos, el Pleno de la Judicatura puede decidir si anular total o parcialmente el concurso.
Para Murillo, es importante también establecer los responsables administrativos y políticos. En ese mismo espacio dijo que quienes llevan adelante la parte técnica del concurso, como el director general y la directora de Talento Humano, deben informar semanal o quincenalmente al Pleno del organismo los avances del proceso. “No puede ser que se contrate una empresa para la aplicación de los exámenes de confianza y luego de que se cerró esa fase salten las alarmas de que es una empresa prácticamente fantasma. Hay una veeduría ciudadana que, por ley, debe hacer acompañamiento, pero hasta el momento no ha dicho nada”.
Murillo, sin embargo, habla de otras anomalías. Por ejemplo, el aumento de hasta cinco puntos en la recalificación de las pruebas teóricas. “Eso quiere decir que más de 20 preguntas no fueron propuestas adecuadamente o las respuestas no corresponden a la realidad”.
El exvocal afirmó que no es normal que de los 70 aspirantes que avanzaron a la fase teórica, 59 pidieron una recalificación y a 58 les subieron el puntaje. “Esto es una grave anomalía que vicia el proceso”, manifestó. Sobre este tema, el CJ informó que dispuso devolver los informes sobre la prueba teórica del concurso a las áreas técnicas.