La metáfora de llamar dinosaurios a Daniel Ortega y a su mujer, Rosario Murillo, le da de lleno al clavo. En la política latinoamericana, llamar «dinosaurios» a figuras que se perpetúan en el poder no es solo una broma sobre la edad que tienen, sino una crítica sobre cómo se aferran a formas de gobernar que pertenecen a otra época. Por eso, para entender el fenómeno de los caudillos que se aferran al poder, es necesario releer obras del boom latinoamericano, como El Señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias, El otoño del patriarca, de Gabriel García Márquez, Yo, el Supremo, de Augusto Roa Bastos o La fiesta del Chivo, de Mario Vargas Llosa.
Mientras el resto del mundo y la región intentan avanzar hacia la transparencia y la pluralidad, el régimen de los Ortega-Murillo parece congelado en la lógica autoritaria de la Guerra Fría. Daniel Ortega lleva décadas gravitando en el poder de Nicaragua (primero en los años 80, cuando fue uno de los comandantes de la revolución sandinista y, de forma ininterrumpida, desde 2007), convirtiendo su gobierno en una auténtica reliquia autoritaria, como lo fue el de su antecesor, contra el que luchó, Anastasio “Tachito” Somoza, parte de una dinastía conocida como “el somozato”, que gobernó el país centroamericano por décadas.
Al igual que los dinosaurios antes de su extinción, su régimen sobrevive aislado, sosteniéndose únicamente por la fuerza y el control absoluto del territorio frente al rechazo internacional. Mientras en Nindirí los dinosaurios son de concreto y sirven para entretener a los niños, en el Carmen (Managua), los «dinosaurios» de la política real siguen dictando los destinos del país.
Nicaragua ha dejado de ser una autocracia híbrida para convertirse en un régimen absolutista de carácter dinástico. Con la consolidación de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder —oficializados legalmente como «copresidentes»— el Estado nicaragüense ha atravesado el umbral hacia una estructura dinástica totalitaria que la comunidad internacional califica de modo creciente como la «Corea de Centro América».
El anuncio del régimen descartando de forma tajante la realización de futuras elecciones democráticas y la alternancia política marca el fin de cualquier pretensión de legitimidad de origen. Nicaragua enfrenta un escenario de institucionalidad fosilizada, represión total y un futuro incierto marcado por la sucesión familiar.
A través de profundas reformas constitucionales impulsadas por la Asamblea Nacional, se institucionalizó la figura de la Copresidencia, otorgando a Rosario Murillo el mismo rango constitucional, ejecutivo y militar que Daniel Ortega.
El desmontaje institucional y la reforma constitucional
El andamiaje legal de Nicaragua fue reescrito para acomodar la concentración absoluta del poder en el Ejecutivo. A través de profundas reformas constitucionales impulsadas por la Asamblea Nacional, se institucionalizó la figura de la Copresidencia, otorgando a Rosario Murillo el mismo rango constitucional, ejecutivo y militar que Daniel Ortega.
¿Cuáles fueron las transformaciones clave del aparato estatal? La primera fue la ampliación del periodo presidencial, extendiendo el mandato de cinco a seis años. Asimismo, como en cualquier régimen autocrático, se estableció la supremacía del Poder Ejecutivo: la Presidencia pasó a «coordinar» de forma directa a los demás poderes del Estado (Judicial, Electoral y Legislativo), anulando formalmente la separación de poderes.
A lo anterior se añade el control militar mixto, para lo que se nombró a Murillo en la jefatura suprema compartida del Ejército de Nicaragua y el programa de militarización social con la creación de reservas armadas en las que cualquier civil leal puede integrarse a tareas de defensa interna y control social.
Pero el hito más drástico en la configuración del régimen fue el anuncio oficial sobre la supresión de los comicios democráticos y la alternancia en el poder. La narrativa oficial sostiene que el modelo democrático tradicional de partidos es un «instrumento del imperialismo», oficializando un esquema de estado de partido único.
Este proceso de concentración y perennización en el poder de los esposos Ortega-Murillo se inició con la crisis Electoral de 2021, cuando se produjo el arresto masivo de candidatos opositores, impidiéndoles a todos participar en las elecciones.
Luego vino la reforma constitucional 2025, en la que se creó la figura de la copresidencia y se extendió el mandato del dueto a seis años. La reforma más reciente, de julio de 2026, fue la declaración del fin del voto, con la oficialización del régimen de partido único, permitiendo la consolidación de la dinastía familiar, con la transferencia del poder, en caso de fallecimiento de Daniel Ortega a la copresidenta, Rosario Murillo, y a sus herederos.
Con esto ha sido neutralizada la oposición política interna mediante un patrón sistemático de encarcelamiento, despojo de nacionalidad, confiscación de bienes y destierros forzados. Con más de cinco mil organizaciones no gubernamentales clausuradas, universidades confiscadas y la Iglesia Católica severamente perseguida, el espacio cívico dentro del país se encuentra extinguido.
Rosario Murillo: la arquitecta del control esotérico y social
El rol de Rosario Murillo, autodenominada como “bruja y santera”, trasciende la codirección política convencional. Murillo ha construido una hegemonía comunicacional y cultural omnipresente, a través del monopolio de medios públicos, alocuciones diarias obligatorias para controlar la narrativa e imposición de una retórica «cristiana y solidaria».
En lo simbólico se ha producido un sincretismo entre esoterismo, imaginería sandinista y culto a la personalidad, sustituyendo a la cultura cívica tradicional por la lealtad familiar (que muchos comparan con el régimen de Haití en tiempos de Papa Doc y Baby Doc Duvallier con los Tonton Macoutes). En lo policial existe una red de vigilancia comunitaria (CPC) integrada con la Policía Nacional para el control territorial preventivo y delación de voces disidentes
La ascendencia de Murillo dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha generado fisuras silenciosas con la vieja guardia histórica sandinista, que observa cómo el partido se ha transformado en una maquinaria familiar orientada exclusivamente a la sucesión de su linaje.
Con la salud de Daniel Ortega en deterioro por su avanzada edad, el régimen busca sellar la transición hacia Murillo y su círculo cercano (encabezado por sus hijos, como Laureano Ortega).
Ante la imposibilidad de un cambio por la vía de las urnas, el panorama político de Nicaragua en el corto y mediano plazo se proyecta en torno a tres ejes fundamentales. El primero es la sucesión dinástica y la inestabilidad interna.
Con la salud de Daniel Ortega en deterioro por su avanzada edad, el régimen busca sellar la transición hacia Murillo y su círculo cercano (encabezado por sus hijos, como Laureano Ortega). Sin embargo, la efectividad del control coercitivo —si muere el caudillo histórico— es una interrogante, por el descontento camuflado en las fuerzas armadas y el partido.
El segundo factor es el aislamiento y las alianzas extraterritoriales porque Nicaragua ha consolidado un eje geopolítico por fuera del sistema interamericano. El fortalecimiento de alianzas estratégicas con China, Rusia e Irán le permite al régimen tener algún respaldo diplomático, equipamiento en seguridad y soporte económico para resistir las sanciones de EE. UU. y la Unión Europea.
El tercer factor es que el modelo autoritario ha provocado el éxodo de más del 10% de la población nicaragüense con un flujo constante de migrantes —sobre todo jóvenes— a Costa Rica, EE. UU. y la Unión Europea, que sirve como una válvula de escape para amortiguar la presión social interna, pero condena al país a la pérdida acelerada de su capital humano.
De una autocracia convencional a un gobierno dinástico
Para entender a fondo la dinámica del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, hay que analizar cómo transformaron un gobierno autoritario convencional en un sistema absolutista de control total. Lo que distingue a Nicaragua de otras autocracias de la región es la combinación de represión estatal, control dinástico-familiar y la reescritura completa del marco legal e institucional.
El régimen aprobó una reforma profunda a la Constitución. Esta modificación institucional reformó de raíz la estructura del Estado nicaragüense: La figura de la Copresidencia: Rosario Murillo pasó formalmente de vicepresidenta a copresidenta de la República. Ortega y Murillo tienen exactamente el mismo nivel de autoridad ejecutiva, formalizando la dictadura matrimonial.
Asimismo, para la represión de la población se aprobó una reforma que posibilitó la institucionalización de fuerzas paramilitares. La Constitución incorporó la figura de la «Policía voluntaria» y las «Fuerzas Militares de Reserva Patriótica», legalizando los grupos armados civiles que operan bajo las órdenes del partido desde la crisis social de 2018.
Para mantenerse en el poder sin oposición ni contrapesos, el régimen ha desplegado tácticas específicas: el control social, la expatriación y exilio (se despojó de la nacionalidad y se confiscó los bienes de prominentes figuras de la oposición y la cultura), el asedio a la prensa (sin medios independientes se ha establecido un control de redes comunitarias de comunicación) y a la iglesia católica (con la expulsión de obispos y monjas), así como el cierre de ONG religiosas.
El régimen de Ortega persiguió a Ernesto Cardenal en sus últimos años de vida, mediante juicios por supuestos litigios de propiedad, que el sacerdote denunció como venganza política y acoso de Estado.
A diferencia de otras dictaduras que solo encarcelan o deportan a sus opositores, el régimen nicaragüense implementó la pérdida de la nacionalidad. Cientos de activistas, periodistas, intelectuales (como Gioconda Belli o Sergio Ramírez) y sacerdotes fueron despojados de su ciudadanía nicaragüense, sus nombres borrados del registro civil y sus propiedades y pensiones confiscadas por el Estado. Algunos, como Ernesto Cardenal, mantuvieron su posición crítica hasta el día de su muerte.
El caso de este sacerdote es paradigmático. Célebre en el mundo por la amonestación que le hizo el Papa Juan Pablo II en su visita apostólica a Managua en plena pista del aeropuerto, diciéndole «usted debe regularizar su situación. Si es sacerdote, no puede estar al servicio de un gobierno».
Años después, con todo lo que ha sucedido, Cardenal renunció al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en los años 90, al considerar que la cúpula del partido había traicionado los principios revolucionarios y democráticos para convertirse en una autocracia.
En sus últimos años, se transformó en una de las voces críticas más implacables y simbólicas contra Daniel Ortega y Rosario Murillo: «esta no es una dictadura comunista ni socialista; es una dictadura familiar, como la de Somoza”, declaraba entonces.
El régimen de Ortega lo persiguió judicialmente en sus últimos años de vida mediante juicios por supuestos litigios de propiedad, que Cardenal denunció como venganza política y acoso de Estado.
Cuando falleció, en marzo de 2020, a los 95 años, el régimen declaró duelo nacional, pero militantes sandinistas irrumpieron violentamente en su misa funeral en la Catedral de Managua gritando consignas políticas contra el fallecido poeta, un hecho que reflejó la profunda fractura del país.
Ernesto Cardenal representa la tragedia política de Nicaragua: el intelectual que usó la poesía y la fe para derrocar a un «dinosaurio» dictatorial, pero solo para ver cómo sus antiguos compañeros de armas terminaban convertidos en la misma clase de tiranía.
Por lo mencionado, la Iglesia Católica ha sido históricamente un espacio de refugio para la población. El régimen la ha percibido como una amenaza a su hegemonía, por lo que encarceló y posteriormente desterró a monseñor Rolando Álvarez junto a decenas de sacerdotes y seminaristas. Prohibió las procesiones religiosas en las calles de todo el país. Expulsó a órdenes religiosas tradicionales (como las Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa) y clausuró universidades y radios católicas.
Desde 2018, el régimen ha cancelado la personería jurídica de más de 3.500 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), incluyendo asociaciones médicas, fundaciones benéficas, centros culturales, grupos ambientalistas y organizaciones de derechos humanos, dejando a la sociedad civil prácticamente desmantelada.
La sucesión familiar
El clan Ortega-Murillo mantiene un férreo control del país, que no solo recae en el matrimonio presidencial, sino en una red familiar que ocupa puestos estratégicos: Laureano Ortega Murillo, el hijo mayor, es asesor de inversiones del Estado y figura clave en las relaciones exteriores con aliados internacionales estratégicos como China y Rusia. Es una especie de ministro de asuntos exteriores ad-hoc.
A Laureano se lo percibe como el sucesor designado por la dinastía. Otros hijos de la pareja (Juan Carlos, Maurice, Daniel Edmundo) dirigen y administran los canales de televisión, la radio y agencias de publicidad estatales y privadas subordinadas al gobierno, garantizando el monopolio de la propaganda pública.
Frente al rechazo de gran parte de la comunidad internacional (OEA, Unión Europea, EE. UU. y múltiples gobiernos de la región), el régimen ha blindado su permanencia alineándose geopolíticamente con países como Rusia, China, Irán y Corea del Norte, buscando oxígeno financiero y respaldo diplomático para neutralizar las sanciones aplicadas a sus altos funcionarios.
Sin comicios en el horizonte y con la institucionalidad sometida al mando bicéfalo de Ortega y Murillo, Nicaragua se encamina hacia una etapa de totalitarismo prolongado. La viabilidad de esta autocracia dependerá de la cohesión dentro de la familia gobernante y de su capacidad para contener las tensiones económicas y sociales de un país despojado de sus libertades fundamentales y viviendo con desesperanza. Pero, como dice el refrán, “no hay mal que dure cien años ni cuerpo que pueda aguantarlo”.