Eran cuatro niños. Vecinos y amigos de Las Malvinas, uno de los barrios con más inequidades de Guayaquil. El fútbol era su pasión y la utopía para salir de un contexto de varias carencias y violencias.
Los hermanos Ismael y Josué Arroyo, y sus amigos Samuel Arboleda y Steven Medina regresaban a casa luego de su último partido en las canchas de la ciudadela Coviem, donde participaron en varios interbarriales y alcanzaron medallas. Hasta que se encontraron con una patrulla de 16 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en las inmediaciones del Mall del Sur.
Eran cuatro niños. Cuatro estudiantes. La noche del domingo 8 de diciembre fueron atrapados, humillados y golpeados por aquellos miembros de la FAE. La última vez que se los vio con vida, los chicos estuvieron en manos del Estado. Luego, fueron desaparecidos.
La tarde de este martes, 31 de diciembre de 2024, la Fiscalía General del Estado confirmó, finalmente, que los cuatro cuerpos calcinados, hallados el pasado 24 de diciembre en una zona casi inaccesible a 16 km de la Base Aérea de Taura, corresponden a #LosCuatroDeGuayaquilEcuador.
Pruebas forenses, entre análisis anatómico y genético, pudieron determinar tal correspondencia.
El pasado sábado 21 de diciembre, debido a la indignación nacional que generó para entonces la desaparición de los niños, varios funcionarios del Gobierno dieron una rueda de prensa y, desde entonces, el discurso oficial insistía en que los chicos habían participado en algún acto irregular. Esta versión fue descartada por el fiscal de la causa, Christian Fárez.
Pocas horas después de esta intervención del Bloque de Seguridad, empezó a viralizarse la versión de que los chicos fueron torturados, asesinados y sus cuerpos calcinados. Y tal versión tomó más fuerza precisamente la tarde del 24 de diciembre, cuando personal de Fiscalía, Criminalística y la Dinased levantaron cuatro cuerpos.
A solicitud de los familiares, aquel 24 se desarrolló una audiencia de Habeas corpus, a partir de la cual la jueza Tanya Loor dispuso indagar el caso como una desaparición forzada.
Ahora, de acuerdo con el Comité Permanente de Defensa de los DD.HH. de Guayaquil, los hechos deben ser indagados bajo la figura de ejecución extrajudicial, precisamente para determinar quién o quiénes torturaron a los chicos, quién o quiénes los asesinaron y quién o quiénes calcinaron sus cuerpos.
Miembros de la FAE con prisión preventiva
Entre tanto, este mismo martes 31, en horas de la mañana, se cumplió la audiencia de formulación de cargos contra los 16 miembros de la FAE. El juez de la causa, Dennis Ugalde, determinó la prisión preventiva para los uniformados. El fiscal Fárez también requirió que los padres de los menores sean acogidos en el sistema nacional de protección de víctimas.
ra este martes, 31 de diciembre de 2024 está prevista la audiencia de formulación de cargos en contra de 16 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, relacionados con la desaparición forzada de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, y sus amigos Samuel Arboleda y Steven Medina.
La diligencia se cumplirá en la Unidad Judicial Penal Sur, de la Ciudadela Valdivia, y tendrá carácter restringido, de acuerdo con el juez Dennis Ugalde, en razón de las disposiciones del Código Orgánico Integral Penal (COIP) cuando se trata de casos que involucran a menores de edad.
Este martes, asimismo, se cumplen 23 días desde que los chicos fueron detenidos, humillados y golpeados por dicha patrulla militar, en las inmediaciones del Mall del Sur, en Guayaquil. Han sido más de tres semanas de agonía para sus familiares, agonía que recrudeció la tarde del 24 de diciembre, cuando fueron hallados cuatro cuerpos calcinados, en una zona poco accesible, a 16 km de la Base Aérea de Taura.
Ese mismo martes 24, tras la solicitud de un recurso de Habeas corpus formulado por los padres de los niños, la jueza Tanya Loor determinó el hecho como una desaparición forzada y señaló que los integrantes de la FAE no cumplieron con “protocolos establecidos” para estos casos.
Dada la indignación nacional que provoca la desaparición forzada de los cuatro menores, amigos, estudiantes y futbolistas del populoso barrio Las Malvinas, el Gobierno se ha visto obligado a rendir varias explicaciones, desde la rueda de prensa del Bloque de Seguridad, el sábado 21, hasta la comparecencia del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, a la comisión legislativa de la Niñez y Adolescencia, el pasado lunes 30, en compañía del almirante Jaime Vela, Jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., y el General Celiano Cevallos, comandante de la FAE.
En todas las intervenciones de miembros del Gobierno se ha intentado posicionar vergonzosamente un discurso que criminaliza a los menores, dado que la patrulla de la FAE los habría encontrado supuestamente cometiendo un robo. Tal versión ya fue descartada por Christian Fárez, fiscal de la causa, quien indicó que no hay elementos probatorios que involucren a los chicos en alguna irregularidad.
Lo que sí ha visto el país es un vídeo en que los uniformados capturan a los menores mientras caminaban por la avenida 25 de Julio, la noche del domingo 8, y dos de ellos son colocados con violencia, boca abajo, en el balde de una camioneta. De hecho, uno de los militares golpea en la cabeza a uno de los niños.
El discurso oficial que criminaliza a los niños de Guayaquil choca de frente con la realidad. ¿Hay alguna denuncia formal de la mujer supuestamente asaltada por un grupo de ocho personas entre las cuales habrían estado los cuatro niños? No.
¿Hay alguna versión, aunque sea preliminar y libre, de algún testigo del supuesto robo, en una zona, como la del Mall del Sur, llena de cámaras de seguridad? No.
¿Existe un reporte oficial de la patrulla de la FAE que indique que se solicitó inmediatamente la intervención de miembros de la Dinapen, la Policía especializada en niñez y adolescencia? No.
¿Hay alguna alerta de la patrulla de la FAE al sistema nacional de reporte de emergencias ECU911? No.
¿Existe alguna comunicación oficial que dé cuenta de que servidores judiciales hayan conocido el caso, que hayan autorizado alguna diligencia o que hayan dispuesto la liberación y abandono de los menores en zonas cercanas a la Base Aérea de Taura? No.
¿Los miembros de la patrulla de la FAE al menos han revelado, en sus versiones preliminares, el sitio exacto donde abandonaron a los chicos? No.
¿Uno de los 16 integrantes de la FAE que rindió su versión ha explicado con claridad cuál fue el “incidente inesperado” por el cual abandonaron a los chicos en las inmediaciones de la Base Aérea de Taura? No.
¿Los miembros de la patrulla de la FAE se encuentran en un sitio estatal regular de privación de libertad cuando se indaga una desaparición forzada? No. Según el Ministro de Defensa se encuentran bajo custodia militar.
Para el Gobierno, este caso se trata apenas de un “malhadado incidente”. De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal, la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad cuya pena va de los 22 a los 26 años, la misma pena para un caso de ejecución extrajudicial.
