Seis años después del secuestro y asesinato de tres comunicadores del desaparecido Diario El Comercio, sus familiares lograron que se les entreguen las transcripciones y audios de tres sesiones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, que, en 2018, se reunió para conocer detalles sobre el crimen, cometido por un grupo terrorista colombiano, denominado como Oliver Sinesterra, al mando de Alias Guacho.
Según informó el Gobierno, en Carondelet los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, los integrantes de un equipo investigativo de El Comercio de Quito, quienes fueron secuestrados en Mataje, Esmeraldas, y luego conducidos al territorio colombiano, fueron recibidos por la secretaria de Comunicación de la Presidencia, Irene Vélez, y el viceministro del Interior, Lyonel Calderón, quienes cumplieron -en el último día del plazo- con la sentencia de la Corte Constitucional, que dispuso desclasificar y entregar información y documentación de las sesiones de marzo y abril de 2018, del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, instancia que el gobierno de Lenin Moreno había convocado para analizar el caso.
Representantes de las tres familias y funcionarios del Gobierno se reunieron este 9 de mayo en el Palacio presidencial. Fotografías: Isaac Castillo / Presidencia de la República.
Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo del equipo, relató que cada una de las tres familias, quienes asistieron a Palacio la tarde de este jueves 9 de mayo en compañía de sus abogados, Juan Pablo Albán y Mauricio Alarcón, recibió una carpeta con la transcripción de tres sesiones del Consejo, integrado por los altos cargos de las cinco funciones del Estado, el mando militar y policial, así como varios invitados para informar al Consejo sobre la situación. Las transcripciones corresponden a las sesiones 18, 19 y 20 del Consejo.
La carpeta contiene 39 fojas y además un CD con el audio de las conversaciones que se dieron en el seno de esa instancia. Parte de las supuestas declaraciones de Lenin Moreno al respecto fueron filtradas en redes sociales hace varios años, pero al momento los familiares se encuentran revisando el contenido y cotejando el audio con la transcripción. Mauricio Alarcón, abogado de los familiares, explicó que tienen cinco días para enviar a la Corte Constitucional un detalle de la información entregada y determinar si se cumplió con la desclasificación.
Mientras en Colombia, la justicia del país vecino condenó a dos de los asesinos materiales, quieres eran integrantes del grupo terrorista Oliver Sinisterra, en Ecuador, seis años después, la Fiscalía no ha realizado ningún avance en relación con posibles responsabilidades en el territorio nacional. Ninguna persona ha sido señalada en el país por acciones u omisiones en este caso.
En Colombia, francotiradores del Ejército del país vecino abatieron a Alias Guacho, lo que provocó una crisis de mando en el grupo terrorista.
Antiguo movilizado de las FARC, Alias Guacho había formado un grupo armado disidente que continuaba realizando operaciones criminales en la zona de Tumaco, fronteriza con Esmeraldas. Se le responsabilizó del atentado con un carro bomba contra el cuartel de la Policía ecuatoriana en el centro de San Lorenzo, en Esmeraldas, en enero de 2018. Para diciembre de ese mismo año, Alias Guacho había sido abatido en territorio colombiano.
Conversamos al respecto con Ricardo Rivas, quien indica cuál es el siguiente paso en la lucha de las familias por obtener verdad y justicia en relación con este secuestro y asesinato.
¿Qué balance inicial pueden hacer de la información que ha entregado el gobierno?
Nos entregaron la documentación, o sea, la desclasificación se hace en base a la entrega, de dichas actas, de los que participaron, la lista de participantes, los audios y también las transcripciones. Se entregó las transcripciones de las tres actas, que no la hemos revisado aún porque eso tenemos que reunirnos. Tenemos un equipo legal y eso lo vamos a hacer justo en estos dos o tres días que tenemos, porque hay que revisarlas, leerlas bien y ver cómo se engrana lo que pueda ser útil o no a la investigación.
Nos entregaron también un CD donde están los audios correspondientes a las tres actas, que son fundamentales e importantes, para comprobar justamente lo que está transcrito como tal.
Ricardo Rivas es hermano de Paúl, el fotógrafo del equipo de investigación del desaparecido matutino El Comercio. Foto: Defensoría del Pueblo
¿Con quiénes se reunieron en Palacio de Gobierno?
Conversamos con el viceministro del Interior, una asesora de Presidencia, una asesora del Ministerio del Interior, la coordinadora jurídica del Ministerio del Interior y una notaria para certificar el acto de entrega y recepción.
¿Qué postura tiene este Gobierno sobre el caso?
Hay una buena predisposición del Gobierno, nos han señalado que ellos no tienen nada que ver con este tema, y que hay la disposición de colaborar en todo sentido para entregar información, no solo esta, sino la que haga falta para llegar a la verdad y obtener justicia.
¿Hay partes de las actas censuradas a pretexto de la seguridad nacional, que fue una ventana que dejó abierta la Corte Constitucional?
Aún no he podido revisar el contenido detenidamente. Pero es un hecho que está entregada la información, solo en lo que se refiere a Paul, Efraín y Javier. Sin embargo, si hay otra información adicional, nosotros vamos a hablar o hablaremos con las personas correspondientes para que se nos entregue el contexto, si fuese el caso, el contexto de la información que no puede estar clara. Hay una buena disposición por parte del Gobierno para colaborar para entregar información, yo creo que podemos acceder a la misma, si es que tuviésemos algún tema adicional que pedir.
¿Cuándo se pronunciarán sobre la información que les entregaron?
Para el día lunes o martes, a más tardar, ya tendremos mayor información de las actas, pensamos hacer una rueda de prensa para indicar qué es lo que hay y hasta el día martes también tenemos un plazo para entregar información a la Corte Constitucional sobre el estado en que hemos recibido los actas, cómo estuvo el proceso. Sé que el Ministerio del Interior, que es el ente coordinador, va a entregar ese documento el día de hoy al respecto.
¿Cuál es el objetivo de solicitar esta desclasificación?
Es obtener información que nos guíe para llegar a una verdad. Poder determinar responsabilidades posibles, responsabilidades a todo nivel en cuanto al manejo del caso, tanto por acción u omisión que se pueden haber dado. Claro está que de la información que se entregue, o mejor dicho, que entregaron, también pueden derivarse otros escenarios.
En esta sesión estaba el presidente Lenín Moreno, sus ministros, los mandos militares, policiales. ¿Quiénes más participaban de estas sesiones y cómo actuaron sobre este caso?
Nosotros pedimos la lista de participantes. Y en esta lista de participantes,no solo están los miembros del Consejo Nacional de Seguridad, antes COSEPE, hoy Secretaría de Seguridad Pública y del Estado. Hay también invitados. En las reuniones, de acuerdo a la temática que se iba a tratar, hacían la invitación a diferentes actores, por ejemplo, el teniente que llevó el caso, el coronel que estaba a cargo de la UNASE, que ha sido invitado, entre otros. No sé todavía qué grado de participación tuvieron ellos, pero sí hay una lista, por ejemplo, de invitados a las sesiones que mantuvieron en esas fechas.
El crimen cometido por terroristas colombianos contra el equipo de El Comercio es el más grave atentado a la libertad de expresión en Ecuador. Foto: Luis Argüello / Archivo PlanV
En algún momento se filtraron unos audios, que, al parecer, formaban parte de una declaración que daba Lenin Moreno en el marco de esta reunión del Consejo, ¿ustedes pudieron constatar que es verídica?
Claro, ese es del acta número 20, para nosotros es fundamental, porque te da una posición del Estado o del presidente el momento que lo declaró. Eso debe estar ahí. No he revisado, pero ese sí es un tema directamente relacionado con nuestro caso. Y debe estar en el audio, que yo este fin de semana lo voy a revisar, y debe estar transcrito también ese audio. Ayer llegué tan tarde a la casa y esto necesitas hacerlo con cabeza fría. La revisión y la lectura se debe hacer despacio, articulando los escenarios, Porque no es así como un libro, no es de leer las hojas y si ha habido esto. No, no, hay que tomarse un tiempito, pero tampoco tanto.
¿En qué estado están las investigaciones en el Ecuador? ¿Qué hace la Fiscalía?
Bueno, acuérdate que en Colombia también hay un documento donde dice que hubo operaciones militares en la zona. Y hay dos sentenciados, con rebaja de sentencia por pedir perdón a las familias. Pero para este día 18, también hay una audiencia de imputación de cargos a uno de ellos al que se detuvo acá en el país, alias Gringo, que se lo mandó inmediatamente a Colombia y él tiene que ver directamente con nuestro caso porque él es uno de los que asesinó a los chicos. Estuvo ahí en el tema. Y son cinco los que asesinaron de acuerdo a algunas versiones. Él es uno de esos cinco.
En Colombia, de una u otra manera, ha el caso ha avanzado un poquito más. Aquí en nuestro país prácticamente no ha habido nada. Se hizo un impulso fiscal en estos días cuando hubo la sentencia de la Corte Constitucional. Ahí recién hizo un impulso después de dos años, creo. Y de ahí no ha habido nada más. Claro, están esperando que nosotros ingresemos el documento a la Fiscalía para que ellos puedan verificar y veamos si ahora sí ya tienen el argumento para avanzar en investigación, porque antes se escudaban que no había documentos reservados y ahora se les acabó ese argumento.
El Gobierno de Lenin Moreno, en su defensa, quiso instalar una tesis supuestamente de Estado y dijo que esto pasó en Colombia y que por lo tanto el Estado del Ecuador no tiene nada que ver. ¿Cómo ven ustedes esta postura? ¿Se mantiene todavía?
No, eso fue una tesis que quiso deslindar responsabilidades del Estado en este contexto grave. Pero ese día que lo hizo públicamente el procurador desde entonces, Íñigo Salvador, en la audiencia pública de la CIDH en Denver, Colorado, el Estado colombiano ya lo desvirtuó, incluso con pruebas, con mapas, indicando dónde fue el secuestro y dónde fue el asesinato.
En Colombia lo tienen claro y con pruebas. Existen en la Fiscalía de Colombia las evidencias al respecto y esas evidencias fueron enviadas a la Fiscalía de acá. Solo que acá está en etapa de indagación seis años y todavía no han podido acceder nadie a esa documentación. Pero legalmente eso ya está desvirtuado. Que no quieran reconocer en el Estado ecuatoriano la responsabilidad que tuvieron es otra cosa. Pero está ya confirmado el hecho.
Dependiendo de lo que ustedes puedan obtener de estas actas, ¿habrán nuevas acciones legales probablemente contra responsables del gobierno de esa época que tomaron acciones o por sus omisiones que condujeron a este desenlace trágico?
Por supuesto. Si es que en la documentación tenemos una guía y otra arista en la cual tenemos que hacer incidencias desde el punto de vista legal, sea en lo civil, en lo penal, en los ámbitos que sean, nosotros lo haremos para determinar las responsabilidades en los diferentes niveles que puedan tener las personas que estuvieron a cargo del caso. Entonces, por eso es fundamental leerlo detenidamente al documento y poder determinar estas responsabilidades, que esto ya viene por parte del trabajo de la Fiscalía, que son los que tienen que investigar y determinar estas presuntas responsabilidades. Pero tengan la seguridad de que nosotros impulsaremos estas acciones si llegase el caso a determinarse a través de esta documentación.