El Legislativo brasileño declaró la suspensión temporal del cargo de la presidenta Dilma Rousseff, quien durante seis meses deberá defenderse de una acusación que, en un primer golpe de vista, no tiene relación con los recientes escándalos que investiga la justicia brasileña en el marco de la operación Lava Jato.
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En efecto, Rousseff perdió la batalla en el Legislativo en su intento de defenderse de la acusación de violar normas de manejo económico del Estado, maquillando el déficit presupuestal.Tras una votación en la Cámara Baja del Legislativo brasileño el pasado 17 de abril, se dió paso al inicio del juicio político, que fue puesto en consideración del Senado. El Senado, la semana pasada, suspendió en su cargo a la presidenta, dando inicio a un juicio político que tendrá una duración de hasta 180 días. Entre tanto, asumió el poder el vicepresidente Michel Temer, quien nombró su propio gabinete de ministros.
Rousseff, considerada la heredera política del ex presidente Lula Da Silva, abandonó el Palacio del Planalto, sede del Gobierno brasileño, pocas horas antes de la votación.
Aunque las acusaciones en el Legislativo no se refieren a los recientes escándalos en los que han estado involucrados tanto Rousseff cuanto Da Silva, como el caso de los sobornos en Petrobrás, o el haber presuntamente recibido su campaña de reelección presidencial en 2014 dinero desviado de Petrobrás y de grandes obras públicas, como han declarado ex ejecutivos de la constructora Andrade Gutierrez ante la justicia, estas acusaciones pesaron a la hora de armar una mayoría legislativa que ha despojado a Rousseff de su investidura.
Rousseff nombró también como ministro al ex presidente Lula Da Silva, con la intención de darle fuero de Corte Nacional y así evitar que sea procesado por magistrados a los que el oficialismo brasileño ha acusado de estar involucrados en un complot político.
Otra polémica fue desatada por Delcídio do Amaral, quien tras ir preso siendo el principal senador del oficialismo acusó a la presidenta de intentar liberar empresarios involucrados en el caso Petrobras, nombrando a un alto magistrado. Rousseff nombró también como ministro al ex presidente Lula Da Silva, con la intención de darle fuero de Corte Nacional y así evitar que sea procesado por magistrados a los que el oficialismo brasileño ha acusado de estar involucrados en un complot político.
En lo formal, no obstante, la denuncia que motivó la salida temporal de Rousseff se debe al presunto uso de fondos de bancos públicos para cubrir programas de responsabilidad del gobierno. Dicha práctica, prohibida por la ley de Responsabilidad Fiscal fue usada por el Gobierno del Partido de los Trabajadores para exhibir mayor equilibrio entre ingresos y gastos.
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El Tribunal de Cuentas rechazó los informes económicos de la administración de Rousseff en 2014, año en que fue reelecta por escaso margen. Aunque esas maniobras contables fueron usadas por gobiernos anteriores, hay datos oficiales que indican que se hicieron más frecuentes durante la gestión de Rousseff.
La ex guerrillera izquierdista, quien llegó al poder en 2011, ha calificado el proceso en su contra como un golpe de Estado, lo que ha motivado protestas en las calles de sus simpatizantes y de sus opositores.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, sostuvo que «Si hubiera una acusación (contra Rousseff) bien fundada, como la ha habido en otros casos en Brasil, entonces perfecto, se va por ese camino. Pero hoy eso no existe, y es muy deshonesto plantearlo en estos términos».
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El cambio del equilibrio en la región
Pero más allá del problema de política interna brasileña, el nuevo gobierno, que ha marcado distancia con el discurso «izquierdista» de Rousseff provoca dudas sobre si continuará o no la línea de la política exterior brasileña de los últimos años.
El apoyo de Brasil a la consolidación de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) con sede en Quito, y de otros organismos de integración regional alternativos a la OEA, que había sido cuestionada por su excesiva dependencia a la política de Estados Unidos ha sido clave.
¿Qué medidas tomará al respecto el nuevo Gobierno? Conversamos con el catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, Daniele Benzi sobre el tema.
Entrevista
Daniele Benzi
«Los países de Unasur tienen sus propias crisis»
¿Cómo interpretar lo ocurrido en Brasil, con la separación temporal de la presidenta Rousseff de su cargo mientras se la procesa políticamente en el Senado?
Se manejan dos lecturas: la de un golpe blando, parlamentario, o la de un proceso institucional con respecto a las acusaciones que se han formulado. Me inclino más a pensar en un golpe, y coincido con la lectura de que se ha abusado de un instrumento democrático para promover una nueva correlación de fuerzas, una nueva agenda política y económica para el país.
Si se va a imponer una nueva agenda política, ¿es lo más probable que Rousseff no pueda volver a su cargo?
Eso es muy eventual, habrá que ver si el nuevo Gobierno sigue en su actual situación: carece de legitimidad social y tiene una legitimidad política muy tenue. Ya se empieza a ver en el reparto de cargos que empezaron los problemas entre la actual coalición en el poder. Es una situación muy complicada y es difícil hacer un pronóstico. Pero se puede decir que la agenda de ese Gobierno bien podría ser calificado como totalmente neoliberal, hacia allá van sus primeras medidas.
¿Cómo afectará esto a la política exterior del Brasil y en especial a la región?
Con respecto a eso, lo que se puede vislumbrar es un cambio en la visión de la política exterior brasileña, lo que posiblemente implique un debilitamiento político de los BRICS. Será político solamente, porque en términos económicos Brasil no se va a desligar de China ni de las relaciones con otros países del sur, pero en términos de transición geopolítica, este cambio de Gobierno hará retroceder al Brasil a las posiciones de los años 90, es decir, hacia una agenda pro euro-atlántica o definitivamente norteamericana. Con respecto a la situación regional, eso implica dos cosas: el proceso de integración en el que la posición de Brasil ha sido determinante e importante para bien o para mal, como es el caso de Unasur y Celac, que buscaban una mayor autonomía regional se debilitarán de manera significativa.
¿Se sumaría esto al cambio de rumbo en la política exterior argentina? ¿Qué consecuencias tendrá esto para el llamado «socialismo del siglo XXI»?
Creo que hay precisar que el membrete de «socialismo del siglo XXI» pertenece únicamente a Venezuela, y a los coqueteos que tuvieron en su momento con esa postura Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia. Pero Brasil y Argentina no tuvieron posiciones que se puedan encajar en esa denominación, sino más bien en construir un mundo multipolar con una mayor autonomía y soberanía para la región. No sabemos si Brasil se alineará con la postura de Macri, que significaría un retorno a la liberación comercial lo que implicaría un acercamiento a la Alianza del Pacífico. El canciller nombrado por Temer, José Serra, siempre criticó la cercanía de Brasil a Venezuela y Cuba, lo que implica que se tensarán las relaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro y posiblemente con Ecuador y Bolivia.
Unasur no parece hacer tomado mayores cartas en el asunto, ¿cómo se entiende esto?
A pesar de algunas declaraciones del secretario Ernesto Samper, la respuesta ha sido muy débil, hay un escenario regional muy distinto que hace diez años en el que había un apoyo entre los países de los llamados gobiernos progresistas.
En el caso del Ecuador, cuando fue derrocado el ex presidente de Honduras Manuel Zelaya, el presidente Rafael Correa viajó hacia allá en una expedición que tuvo el aire de una intervención. ¿Cómo entender el actual silencio del Gobierno frente a lo que ocurre en Brasil?
Hay debilidad regional, todos los países están en severa crisis económica y política, hay caída de los precios de los commodities y de legitimidad. Todos estos países estan concentrados en sus crisis internas. En el caso de Unasur, la negativa de Argentina, Uruguay y Paraguay impidió la convocatoria de una reunión urgente de Unasur, como ha ocurrido en crisis pasadas.