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Crisis eléctrica: el apagón de la credibilidad oficial

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Imagen referencial. Fotomontaje: PlanV

En rigor, hasta el 5 de abril del 2026 el Gobierno no había anunciado un cronograma nacional de racionamientos como los del 2024, que se dieron entre el 18 de septiembre y el 20 de diciembre de ese año.

El 23 de marzo de este año, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, aseguró que su cartera descartaba apagones generalizados y sostuvo que el Ejecutivo trabaja para incorporar más capacidad de generación durante 2026. Pero esa versión oficial convive con señales técnicas y operativas que dicen otra cosa: el 17 de marzo el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) pidió a empresas privadas activar sus propios generadores ante déficit de generación; desde entonces se registran cortes localizados en varias ciudades y restricciones de suministro a grandes consumidores, mientras el sistema ha debido administrar la demanda en horas pico con márgenes cada vez más estrechos.

Aunque no exista todavía un programa formal de apagones masivos, el país ya volvió a vivir síntomas de precariedad eléctrica. El 31 de marzo, por ejemplo, se reportó una desconexión forzada cercana a 500 megavatios que dejó sin energía eléctrica a sectores de Quito, Guayaquil y otras ciudades. A eso se suma la decisión estatal de reducir entre cuatro y seis horas diarias el suministro a las cuatro empresas de mayor consumo, obligándolas a recurrir a la autogeneración. No es todavía el colapso abierto del año pasado, pero sí una señal de que la promesa de normalización no descansa sobre una reserva sólida sino sobre una operación de contingencia y publicidad permanente.

Las razones técnicas del riesgo son conocidas. La demanda eléctrica ha seguido creciendo y el Cenace registra incluso un máximo histórico reciente, mientras la oferta depende de un parque vulnerable a fallas térmicas, menor aporte hídrico, bajo rendimiento de activos críticos y escándalos contractuales en estados de emergencia. La propia información operativa del Cenace muestra presión sobre la demanda máxima y reportes de fines de marzo indican que el embalse de Mazar cayó de forma sostenida durante el mes, coincidiendo con menor generación de Coca Codo Sinclair y mayor consumo. Al mismo tiempo, diario El Comercio reportó que Coca Codo Sinclair operaba alrededor del 29 % de su capacidad, lo que obliga a cargar aún más el peso del sistema sobre el complejo Paute y sobre medidas extraordinarias.

La implicación de gobernabilidad es todavía más profunda. Después del trauma político y social de los apagones de 2024, la energía se convirtió en un test de credibilidad presidencial.

En términos económicos, esto ya produce costos visibles. Las empresas privadas tienen que encender generadores por largas franjas horarias; eso significa más gasto en combustibles, más costo operativo y, en muchos casos, traslado de estos costos adicionales al consumidor final. La crisis no solo amenaza el suministro doméstico: también erosiona la competitividad, castiga a industrias electrointensivas y obliga al Estado a gestionar subsidios, compras de emergencia o restricciones selectivas que distorsionan el mercado. El problema no es únicamente cuánta energía existe en el papel, sino cuánta potencia firme puede sostenerse en las horas pico sin que el sistema se quiebre.

La implicación de gobernabilidad es todavía más profunda. Después del trauma político y social de los apagones de 2024, la energía se convirtió en un test de credibilidad presidencial. Por eso el Gobierno intenta negar el regreso de los racionamientos: admitirlo equivaldría a reconocer que no consiguió recomponer estructuralmente el sistema. Sin embargo, la brecha entre discurso y experiencia cotidiana puede resultar más costosa que el propio déficit. Cuando la ciudadanía escucha “no habrá apagones” pero sufre cortes puntuales, o ve a grandes empresas obligadas a autogenerar, lo que se deteriora no es solo el servicio: es la ya corroída palabra del Estado.

En ese marco, el regreso del tema eléctrico a la conversación pública reabre una falla central del gobierno: su dificultad para transformar la administración de crisis en política pública duradera. El país sigue dependiendo de respuestas parche, de maniobras de emergencia y de una comunicación defensiva que insiste en controlar la percepción escamoteando el debate para eludir la fragilidad estructural de un gobierno repleto de fracasos. Culpar a las zarigüeyas, al presidente de Colombia, a los saboteadores correistas, siempre funciona para desviar la atención. Por eso el verdadero riesgo no es solo que vuelvan apagones más extensos en los próximos meses; es que Ecuador entre de nuevo al estiaje con un sistema exhausto.

Mientras tanto, la caída del embalse de Mazar, que es la principal reserva energética del Ecuador no se detiene, según reportó el especialista Darío Dávalos, en su boletín electrónico Energía al día:

«Hasta las 18:00 del domingo 5 de abril, su cota había descendido 17,22 metros, del máximo nivel registrado el 13 de marzo o 2.153,75 metros».

El embalse entra en zona de riesgo y reduce su generación cuando la cota baja de los 2.115 metros sobre el nivel del mar, msnm, debido al peligro de entrada de sedimentos en las turbinas. El momento crítico llega cuando el nivel de agua está en 2.088 msnm.

Sigue el informe de Dávalos: «El mayor uso del recurso hídrico para generación eléctrica fue entre el lunes 30 de marzo y el jueves 2 de abril, con 5,08 metros; del 3 al 5 de abril —hasta las 18:00— 1,73 metros. En total, la semana cerraba con 6,81 metros menos en el embalse de Mazar.  El resultado no es muy diferente al descenso de 6,53 metros identificado la semana previa, del 23 al 29 de marzo, según datos de CELEC».

«Las cifras corroboran la presión sostenida sobre el sistema hidroeléctrico ecuatoriano, sin la posibilidad de contar con el suministro de Colombia».

El país vuelve a hablar de apagones, aunque el Gobierno lo niegue. Los cortes puntuales, la autogeneración obligada y la presión sobre el sistema eléctrico muestran una realidad tiempo atrás alertada, que no coincide con el discurso oficial. A pesar de la desastrosa experiencia del 2024 y de los anuncios oficiales, la economía del país sigue dependiendo de los vaivenes de la naturaleza.

 

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