El 1 de mayo de 2025, el Ministerio de Energía y Minas de Ecuador emitió el Acuerdo Ministerial N.º MEM-MEM-2025-0011-AM, declarando como prioridad nacional la operación del Bloque 6 – Campo Amistad. Esta decisión no es un simple acto administrativo, sino un movimiento estratégico que busca posicionar al gas natural como un recurso esencial en la arquitectura energética del país. Se trata de una apuesta por la soberanía energética en un contexto de vulnerabilidad eléctrica, presión fiscal y urgencia climática.
El Campo Amistad, ubicado frente a las costas de El Oro, ha estado en operación desde mediados de la década de 2000, pero su potencial ha sido subexplotado. A lo largo de los años, el campo ha sufrido altibajos en su nivel de producción y rentabilidad. En 2023, por ejemplo, los costos de extracción alcanzaron los USD 2.69 por millón de BTU, mientras que la rentabilidad se mantuvo por debajo del umbral deseado debido a una infraestructura envejecida y a la ausencia de inversión sostenida. Hoy, con una nueva visión energética, se estima que una inversión de entre USD 450 y USD 750 millones sería necesaria para revitalizar la producción mediante perforación de nuevos pozos, actualización tecnológica y expansión de capacidades logísticas.
El núcleo del plan gubernamental gira en torno a abastecer de gas a la planta termoeléctrica de Termogas Machala. Esto no solo fortalecería el suministro eléctrico firme ante el estiaje previsto entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, sino que reduciría significativamente la dependencia de importaciones energéticas.
Según datos oficiales, Ecuador ha gastado en años recientes cifras que bordean los USD 300 millones anuales en la compra de gas natural y combustibles para generación eléctrica. Este gasto ha beneficiado principalmente a proveedores de mercados como Trinidad y Tobago, Perú y, en ocasiones, Estados Unidos, lo que ha debilitado la balanza comercial energética del país. Con la reactivación del Campo Amistad, el Estado podría ahorrar entre USD 150 y 250 millones por año, dependiendo del volumen de producción alcanzado y de la cotización internacional del gas. Esto representa no solo un alivio para las finanzas públicas, sino también una herramienta para recuperar márgenes de maniobra económica sin sacrificar soberanía energética.
Según datos oficiales, Ecuador ha gastado en años recientes cifras que bordean los USD 300 millones anuales en la compra de gas natural y combustibles para generación eléctrica.
La decisión también tiene implicaciones políticas y sociales de largo alcance. En primer lugar, apunta a reducir la exposición de la matriz energética a crisis externas o fenómenos climáticos. Ecuador depende en gran medida de fuentes hidroeléctricas, pero las sequías recientes han mostrado los límites de esa apuesta. Incorporar el gas natural como componente estructural ofrece mayor resiliencia y flexibilidad operativa.
En segundo lugar, la operación del campo en el sur del país puede dinamizar economías regionales que han estado postergadas. La actividad gasífera tiene efectos multiplicadores: genera empleo directo en perforación, transporte y mantenimiento, pero también indirecto en servicios, alimentación, construcción y logística. En zonas con alto desempleo estructural como El Oro y Guayas rural, esto puede ser un catalizador de desarrollo territorial y un aliento para el sector productivo nacional.
Desde la perspectiva industrial, el gas natural puede convertirse en un insumo para reactivar cadenas productivas relacionadas con la petroquímica, el transporte pesado y la manufactura. En este sentido, el proyecto puede funcionar como una palanca para la reindustrialización nacional, siempre que se planifique su inserción en una política de sustitución estratégica de importaciones energéticas.
No obstante, el éxito del proyecto dependerá de tres factores clave: transparencia en la gestión de los recursos públicos, participación ciudadana en la fiscalización social del proyecto, y articulación con una visión de largo plazo que priorice la sostenibilidad ambiental. La tentación de convertir al gas en un recurso exclusivamente fiscalista —es decir, explotarlo solo para aliviar el déficit— podría conducir a decisiones de corto plazo con efectos ambientales adversos o poca rentabilidad estructural.
El gobierno de Daniel Noboa, al declarar como prioritaria la operación del Campo Amistad, no solo se juega una carta técnica, sino una apuesta política de fondo. En un país marcado por años de inestabilidad energética, contratos opacos y concesiones fallidas, el desarrollo transparente y sostenible de este campo puede convertirse en un símbolo de un nuevo tipo de gobernabilidad de los recursos estratégicos. Pero también puede derivar en una nueva frustración si el manejo cae en la improvisación, en sobrecostos o en negociaciones lesivas con operadores privados.
El Campo Amistad puede convertirse en un eje de soberanía energética, reactivación económica y justicia territorial si se lo gestiona con visión estratégica.
La prospectiva hacia 2030 sugiere que, si se consolida la operación eficiente del Campo Amistad y se desarrolla una infraestructura de transporte y almacenamiento complementaria, Ecuador podría cubrir más del 30 % de su demanda energética firme con gas natural nacional. Esto permitiría desplazar el uso de diésel y fuel oil, dos combustibles más costosos y contaminantes, que actualmente representan una carga financiera y ambiental importante, y cuyo negocio ha enriquecido a ciertos grupos.
Además, en una economía que busca reducir su huella de carbono y cumplir compromisos internacionales de descarbonización, el gas natural puede jugar un papel de transición mientras se fortalecen las energías renovables no convencionales. Sin embargo, este papel solo será legítimo si se lo inscribe en un plan de transformación energética gradual, no en una nueva dependencia fósil a largo plazo.
El Campo Amistad puede convertirse en un eje de soberanía energética, reactivación económica y justicia territorial si se lo gestiona con visión estratégica. Ecuador tiene ante sí una oportunidad crítica: pasar de un modelo de explotación extractivista improvisada a una gobernanza de los sectores estratégicos que priorice el bienestar social, la eficiencia productiva y el respeto ambiental. El gas, bien gestionado, puede ser parte de la solución. Mal administrado, solo prolongaría los errores del pasado.
La reactivación del Campo Amistad ofrece una oportunidad significativa para avanzar en la transición energética de Ecuador. Al diversificar la matriz energética con fuentes más limpias como el gas natural, el país puede reducir su huella de carbono y cumplir con compromisos internacionales en materia de sostenibilidad ambiental.
El desarrollo del Campo Amistad tiene el potencial de estimular el crecimiento económico en las regiones circundantes. Sin embargo, para maximizar estos beneficios, es esencial que el gobierno implemente una estrategia integral que incluya inversiones en infraestructura, capacitación laboral y apoyo a las comunidades locales, asegurando así un desarrollo equitativo y sostenible, al tiempo que defina un sistema participativo y transparente para garantizar la calidad de la inversión pública o privada, nacional o extranjera, en el Ecuador.