Un eslogan: “la isla de paz”. Otro eslogan: “el segundo país más seguro de la región”. Otro: “son malos tiempos para la delincuencia”… Para la Comisión Legislativa de Soberanía, Integración y Seguridad Integral fue todo lo contrario: entre 2008 y 2017 hubo manipulación de cifras de muertes violentas y encubrimiento de crímenes de lesa humanidad.
A esas conclusiones principales llegó dicha Comisión, luego de casi siete meses de trabajo. El INFORME ASAMBLEA MUERTES VIOLENTAS DE INTENCIÓN NO DETERMINADA fue aprobado por mayoría, la semana pasada, y entre las diversas recomendaciones se pide la creación de una base de datos, nacional y unificada, sobre desapariciones, muertes violentas y trata de personas.
También se exige la reapertura de casos dolorosos y vergonzosos para el Estado, como la desaparición del estudiante de periodismo David Romo, hecho que en mayo próximo cumplirá 14 años en la impunidad, pese a que el ministro de Interior de entonces, José Serrano Salgado, dijo a Alexandra Córdova, madre del joven, que el caso estará resuelto en algo más de una semana…
Desde entonces, Córdova ha sido sometida a un largo proceso de revictimización, con tratos crueles por parte de ciertos servidores de la Fiscalía y la Policía, tratos que incluso rayan en la tortura, al exponer a la madre a una supuesta diligencia en que descuartizaron un cerdo y calcinaron una de sus partes para explicar lo que pudo haber ocurrido con su hijo…
Por ello, la comisión legislativa de Soberanía, Integración y Seguridad Integral “increpa” a la Fiscalía General a iniciar indagaciones penales en contra de Serrano y de Galo Chiriboga, Fiscal General durante el correísmo.
Así se ponchó un eslogan
Tras la toma terrorista de TC Televisión, el 9 de enero de 2024 en Guayaquil, el Gobierno decretó el estado de conflicto armado no internacional (CANI), más conocido como conflicto armado interno.
Estos hechos violentos llamaron la atención de Arduino Tomasi, Ph.D. en Ciencias Políticas por The London School of Economics and Political Sciences. Dato clave: Tomasi fue asesor de Marcela Aguiñaga y Jorge Glas, figuras relevantes del correísmo. La toma violenta del canal controlado por el Gobierno fue para él un punto de quiebre.
Para entonces, Tomasi cursaba estudios posdoctorales en Chicago y decidió mirar en retrospectiva de dónde venía la ola de violencia que golpea al país, con letal contundencia, al menos desde febrero de 2021. Y, entre varias aristas, se zambulló en las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Encontró una serie de “anomalías estadísticas” sobre muertes violentas y fue publicando los hallazgos en su blog. Plan V hizo una amplia entrevista con Tomasi, cuyo texto fue publicado el 27 de agosto. Allí se expuso una cifra crítica: mientras durante el correísmo bajaban las cifras de homicidios, razón por la cual el gobernante de entonces decía que Ecuador era el segundo país más seguro de la región, crecían lamentablemente las cifras de muertes violentas de intención no determinada, al punto de que no se sabe hasta el momento cuáles fueron las causas exactas de la muerte violenta de 7.379 personas en Ecuador.
Esta cifra levantó una ola de preguntas, debates y también indignación. A los 10 días, el 6 de septiembre, el presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso una investigación a la forma en que el INEC había reportado las muertes violentas durante los años del correísmo. A partir de este pedido, la comisión legislativa de Soberanía, Integración y Seguridad Integral hizo su propia tarea y amplió la investigación hasta 2023.
De “isla de paz” a “santuario” del crimen organizado
La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral se enfocó en muertes violentas, desapariciones, trata de personas y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (NNA). Para ello, solicitó la comparecencia de especialistas en la materia y de víctimas de estos delitos. Acudieron los académicos Arduino Tomasi y Fernando Carrión, Alexandra Córdova (madre de David Romo) y su abogado Álex Bonifaz, Timothy Ballard y Ricardo Carrión, de la ONG Aerial Recovery Fundation (que trabaja en prevención en explotación sexual de NNA), además de representantes de entidades estatales: ministerios del Interior, Salud e Inclusión, Comandancia de la Policía, Servicio Nacional de Medicina Legal, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, etc.
Un hecho clave: en una de las exposiciones de Tomasi, precisamente cuando hacía una relación de las miles de denuncias por violencia sexual contra NNA en el correísmo, legisladores de esta bancada abandonaron la sesión y dejaron sin quórum a la Comisión. Por ello no pudieron escuchar que uno de los asesores en temas de salud de la Presidencia de la República, durante la administración de Rafael Correa, ahora se encuentra preso por distribuir material pornográfico para el cual se explotó sexualmente de NNA. Se trata del pediatra Pablo Izquierdo.
Ocho cicatrices de la impunidad crónica
Salvados varios obstáculos, la Comisión enlista en su informe estas conclusiones:
- Presunción grave de manipulación estadística en muertes violentas entre 2008 y 2017.
- Omisión y negligencia institucional en la investigación de desapariciones forzadas.
- Participación o encubrimiento de funcionarios públicos en redes de trata de personas.
- Desapariciones con patrones propios del crimen organizado, sin respuesta estatal efectiva (de 17.000 denuncias por desaparición de personas entre 2011 y 2013, 4.500 no fueron resueltas).
- La exclusión inexplicada de 800.000 personas del sistema de bonos del MIES entre 2012 y 2016, lo cual sugiere un subregistro masivo (30.000 casos corresponden a defunciones registradas en el INEC).
- El sistema de información criminal de Ecuador es fragmentado, opaco e ineficiente, entre otras razones por falta de interoperabilidad, duplicación de registros y ausencia de una base de datos unificada sobre muertes violentas, desapariciones y trata de personas.
- La auditoría ordenada por el Presidente de la República debe ser independiente, interinstitucional, con veeduría ciudadana y con carácter vinculante, retroactivo y con participación de víctimas, academia y sociedad civil.
- El Estado ecuatoriano ha incumplido sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Al tenor de todos estos hallazos, la Comisión sostiene que “la falta de judicialización de responsables institucionales y la ausencia de medidas de reparación integral a las familias son evidencia del carácter estructural de la impunidad en el Ecuador”.
El programa Mesa de análisis, de Plan V, conversó con Arduino Tomasi sobre los puntos esenciales de su investigación y las principales conclusiones y recomendaciones del informe de la Comisión. Puede ver el programa aquí:
