“Otro muerto, otro muerto, qué más da. Si está muerto, que lo entierren y ya está”. Como en la canción de Mecano, Ecuador cruzó ese umbral de indolencia. 49 cadáveres en el parqueadero del Hospital del Guasmo, en Guayaquil. 200 cadáveres en los parqueaderos del Servicio de Medicina Legal, también en Guayaquil. 95 cuerpos exhumados en el cementerio municipal de Ambato. Fosas clandestinas en el golfo de Guayaquil, en Santa Elena y en Esmeraldas. Centenares de cuerpos sin identificar. Centenares de cuerpos identificados que nadie retira. “Otro muerto, pero no es sin ton ni son. De momento, se acabó la discusión”.
Desapariciones forzadas, pandemia, masacres carcelarias y explosión de la violencia del crimen organizado revelan, en los últimos 10 años, las debilidades del Estado para cuidar la vida de sus ciudadanos o, en el peor de los extremos, para brindar verdad, justicia y reparación, particularmente ante los cientos de cuerpos que ingresan sin identificación a los centros de medicina legal. ¿Quiénes fueron? ¿Qué nombre tuvieron esos cuerpos rebautizados fríamente como NN?
¿Qué historias se disuelven en esta atroz trashumancia? Esos cuerpos NN –nomen nescio– en el mejor de los casos van de morgue en morgue, desde las principales ciudades hacia las más pequeñas, porque sus frigoríficos están saturados, y luego terminan en cementerios incluso a más de 300 km de donde fueron levantados sus cadáveres.
Otros no corren con esa “suerte”. En junio pasado, los vecinos del Servicio de Medicina Legal ubicado en el noroeste de Guayaquil dieron la alerta: 200 cadáveres se descomponían en tres contenedores defectuosos, en los parqueaderos de la entidad. Y ello no bastó.
En días pasados, el jueves 3 de octubre, se hizo público el hallazgo de 49 cuerpos que se podrían dentro de un contenedor averiado, en los parqueaderos del Hospital del Guasmo, al sur de Guayaquil. Las autoridades hospitalarias conocían del hecho al menos desde marzo. En ese grupo había cuerpos cuyos decesos ocurrieron en 2022.
Los muertos que ya dejaron de hablar
En el argot de los investigadores policiales y los fiscales hay una frase cliché: “un cadáver es un testigo mudo que no miente”. En Ecuador ya ni eso. En una década casi se ha duplicado el número de cadáveres NN y el de cadáveres que lograron ser identificados, pero que nadie los reclama. Y en este lapso, cerca de 2.000 cuerpos han sido inhumados. Se trata de una cifra que golpea, entre otras razones, porque en el mismo periodo el número de casos de personas desaparecidas aún en etapa de investigación sumó 2.900, de acuerdo con estadísticas del Ministerio del Interior.
Un dato actual al respecto. Lidia Rueda, presidenta de la Asociación de Familiares de Desaparecidos en Ecuador (Asfadec), recuerda que en 2023 hubo 7.000 denuncias de desaparecidos. «El año cerró con 400 fallecidos y 730 casos en etapa de investigación».
El Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se encarga del tratamiento de los cuerpos que ingresan en condición de NN. Para cubrir al país, la entidad cuenta con siete centros forenses de referencia, los dos principales en Quito y Guayaquil, con sus respectivos laboratorios de criminalística; también existen cinco oficinas técnicas y cuatro unidades de patología forense.
Cuando un cuerpo sin identificación llega a estos centros se realiza un registro fotográfico, identificación biométrica de rasgos faciales y detalles relevantes en la piel (lunares, tatuajes, piercings, etc.), análisis de huellas dactilares, pruebas de rayos X para estudios de antropología forense de los huesos y análisis forense de la dentadura, y pruebas de ADN de los tejidos en los cuales aún se pueda tomar muestras.
Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), pone énfasis en la obligatoriedad del Estado en contar con un riguroso banco de datos de ADN de las personas que ingresan sin identificación y que son inhumadas como tales.
«Hay negligencia en el tratamiento de información sobre los cadáveres NN –dice Navarrete–. Creemos que muchos de los cuerpos que fueron inhumados como NN no tienen un registro de ADN y por lo tanto esas personas están desaparecidas. Pero desaparecidas en manos del Estado».
En un primer momento, usualmente se coteja esta información con la base de datos morfológicos de las personas desaparecidas. Si no hay coincidencias, Fiscalía debe autorizar el desarrollo de las autopsias para determinar causas de muerte y la posterior inhumación.
Lidia Rueda, presidenta de Asfadec
Después de estas pericias y del cumplimiento de procedimientos sanitarios y legales, cada mes se realizan inhumaciones de los cadáveres NN para evitar el hacinamiento en los centros forenses. La norma establece un plazo mínimo de 30 días y una máximo de 90 días para proceder a un entierro.
Los cuerpos son trasladados a espacios en cementerios, tanto privados, municipales, de la Curia o de sociedades de beneficencia, esencialmente en Azuay, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo, Sucumbíos y Tungurahua.
Los ojos y los corazones de las miles de familias que buscan a sus seres queridos se detienen en los camposantos de estas provincias. ¿Estará allí el padre, la hermana o el hijo que se espera en casa, enterrado como un cuerpo NN más?
Estos procedimientos, sin embargo, fueron desbordados en la crisis de junio pasado, cuando 200 cuerpos se descomponían en tres contenedores defectuosos en los parqueaderos del Servicio de Medicina Legal, ubicado al noroeste de Guayaquil.
El CDH realizó una investigación al respecto y señala que 105 cadáveres NN fueron reubicados: 33 en el camposanto Parques de la Paz de Quevedo, 40 en el camposanto Parques de la Paz de Durán y 32 en Jardines de la Esperanza, en Guayaquil.
Billy Navarrete, secretario ejecutivo del CDH
En razón de convenios, presupuestos y disponibilidad de espacios, se procura guardar los restos en ataúdes metálicos, para una mayor conservación en el tiempo, y en cada uno se coloca una ficha con datos clave: fechas del levantamiento del cadáver y de la inhumación, sexo de la víctima, su edad potencial, lugar de procedencia del cuerpo, etc. Aunque este requisito no siempre se cumple. Se busca, al final, nichos de hormigón, sino van en tierra.
2.000 cadáveres NN inhumados en una década
La cifra bien pudiera ser un subregistro. Una fuente que trabajó en el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, bajo reserva de su nombre, recuerda que la entidad, tal como se la conoce hoy, nació en 2015 y que en la transición entre la anterior institucionalidad forense, esencialmente en manos de la Policía, el procesamiento de información sobre cadáveres NN adoleció de uno de los viejos males en la investigación de la criminalidad en el país, esto es que cada entidad (Fiscalía, Policía, Ministerio del Interior) proponía sus propias cifras.
A partir de 2019 hay un salto cuantitativo en este ámbito. Desde entonces hasta la actualidad, el Servicio Nacional es dirigido por el Gral. Milton Zárate, fundador del Laboratorio de Criminalística de Guayaquil hace ya casi 30 años. En su gestión, la información sobre cadáveres NN es más detallada, mes a mes, provincia por provincia, y cementerio por cementerio.
En el recuento histórico hay dos cifras de partida: en 2013, según el Ministerio del Interior, ingresaron 112 cadáveres sin identificación y 46 identificados no fueron retirados. 10 años después, en 2023, el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó la inhumación de 186 cadáveres NN, 20 fetos, dos recién nacidos, cuatro osamentas, una pieza anatómica y 3 restos óseos. Un dato es impugnador: este mismo año también ingresaron 71 cuerpos que, luego de las pericias respectivas, pudieron ser identificados, pero nadie los ha retirado. En total, el año anterior se efectuaron 287 inhumaciones.
Los restos del último año fueron enterrados en Azuay, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo, Sucumbíos y Tungurahua.
¿Qué pasó en los cinco años precedentes a este? Aquí los detalles:
2022: 318 inhumaciones de cadáveres NN en Tungurahua, Azuay, Pichincha, El Oro, Santo Domingo, Manabí, Esmeraldas, Loja, Los Ríos y Guayas.
2021: 266 inhumaciones de cadáveres NN en Tungurahua, Pichincha, Santo Domingo, Manabí, Loja, Los Ríos y Guayas.
2020: 219 cuerpos NN en Tungurahua, Azuay, Pichincha, El Oro, Santo Domingo, Manabí, Sucumbíos, Esmeraldas, Loja y Guayas.
2019: 320 cadáveres NN en Azuay, Pichincha, El Oro, Santo Domingo, Manabí, Sucumbíos, Esmeraldas y Guayas.
2018: 135 inhumaciones en Loja, Los Ríos, Pichincha y Tungurahua.
En lo que va del 2024, el Servicio Nacional de Medicina Legal ha realizado 268 inhumaciones de cadáveres NN, a escala nacional. Esta cifra fue expuesta el 12 de julio anterior, en la comparecencia de las autoridades de la entidad a la Comisión del Derecho a la Salud, para que expliquen la crisis por el mal trato a 200 cadáveres en el centro forense de Guayaquil.
Las madres-coraje que van de tumba en tumba
Mientras el Estado cree cumplir con su tarea, al dar sepultura a los cuerpos NN, miles de familias de desaparecidos nunca ponen fin a su duelo y deambulan por hospitales, comisarías y anfiteatros, taladrando su mente, mientras clavan sus ojos en osamentas, piezas dentales, algún tirón de piel con el lunar o el tatuaje que identificaba a su ser querido. Y nada. No es. A seguir…
Billy Navarrete, secretario ejecutivo del CDH, recuerda que exponer a los familiares de personas desaparecidas o fallecidas a procesos de reconocimiento de cuerpos es una violación a su derecho a la integridad física y psíquica, violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Para evitar este tipo de dolorosas confrontaciones, Lidia Rueda destaca que en el Servicio Nacional de Medicina Legal, en la matriz de Quito, Asfadec cuenta con el apoyo de dos profesionales, Alejandra Pérez y Roberto Escudero, quienes permiten periódicamente que el equipo técnico de la asociación de familiares de desaparecidos pueda revisar los archivos digitales de los cuerpos que ingresan sin identificación a la morgue, para cotejar con la base de datos de los desaparecidos.
En la mayoría de los casos de desaparecidos, sin embargo, persiste la inmisericorde trashumancia entre morgues y hospitales, durante años de agonía. La familia O. P. buscó ocho años a su padre, desaparecido en 2009. Sus restos fueron hallados en 2017, en una fosa común en el cementerio de Latacunga, en donde fue inhumado como NN.
Tras ocho años de una muerte en vida, el Estado devolvió a la familia una caja de 70 cm con los huesos de Luis O. T.
En Ambato hay un dolor similar y pronto sumará 14 años. Sí: han pasado 5.032 días desde que Yanera Constante y su hija Giovanna Pérez no se han vuelto a abrazar. El 4 de diciembre de 2010, la joven fue desaparecida en la capital tungurahuense.
El principal sospechoso, Andrés Fernando López Lizano, también fue reportado como desaparecido. Pero para doña Yanera y quienes conocen la causa, es muy fuerte la presunción de que López Lizano se encontraría en EE.UU.
Desde entonces a la fecha, 14 fiscales han tratado el caso. El último, Carlos Noboa, es para la familia Pérez-Constante, un ejemplo de “dedicación y humanidad”. Gracias a la presión de la familia y de su abogado, Álvaro Vera, los casi eternos pedidos a la Fiscalía dieron fruto y a inicios de mes se realizó la exhumación, en principio, de 75 cadáveres enterrados en una fosa común en el cementerio municipal de Picaihua, al centro-oriente de Ambato. El asombro fue mayor: fueron 95 cadáveres en total.
Los resultados de los análisis forenses tomarán entre 40 días y tres meses, dada la cantidad de cuerpos. Yanera Constante sostiene que “esta lucha y este dolor” es por su hija Giovanna y por las miles de familias que aún buscan a sus seres queridos, no solo en Tungurahua, pues no se puede descartar el que una muerte haya ocurrido en un lugar y los cuerpos hayan sido arrojados en otro.
«El Estado está en la obligación de dar identidad a todos los cadáveres NN –dice Lidia Rueda, de Asfadec–. Este es un deber mínimo para detener tanto dolor de familias que buscan año tras año a sus seres queridos».
Este es el relato en primera persona de Yanera Constante, una madre-coraje, en su exigencia al Estado.
TESTIMONIO
Yanera Constante, madre de Giovanna Pérez
Hace 10 años, funcionarios de la Fiscalía y de la Dinased (la entidad policial especializada en personas desaparecidas) nos dijeron que en el cementerio de Picaihua había restos NN. Desde entonces la familia ha solicitado esta diligencia que recién se cumplió hace dos semanas.
Es una pena: 10 años perdidos… ¿Por qué tanta demora? Creo que en un 99 por ciento de los casos es por falta de voluntad, empatía y solidaridad. Cuando una exige diligencia en las acciones del Estado, los encargados dicen que no hay recursos. Pero en este país sí hay recursos para la corrupción, los sobreprecios y el despilfarro.
El pasado 4 de diciembre de 2023, cuando se cumplieron 13 años de la desaparición de Giovannita, hicimos un plantón con las organizaciones que siempre nos han apoyado: Asfadec y Convidefem. Gracias a esta presión conseguimos la autorización para la exhumación de los cuerpos. Muchas personas particulares se sumaron a este clamor y donaron alcohol, mascarillas, trajes estériles y cajas para trasladar los restos.
En esta lucha me tenido que enfrentar, incluso, a varios funcionarios judiciales, perdonados luego por Wilman Terán, cuando presidió la Judicatura, y ahora preso por el caso Metástasis. Son 20 funcionarios que vulneraron el derecho a la reserva. Al mes de la desaparición de mi hija, varios de ellos notificaban de todas nuestras diligencias a la familia del principal sospechoso: Andrés Fernando López Lizano. En su conciencia, esa familia sabe que premeditó la supuesta desaparición de Andrés. Ellos son cómplices de su huida. Y de hecho ellos mismos ya ni siquiera están en el país.
La justicia dejó que Andrés escape y aquí nadie responde por la desaparición de mi hija. Él debería estar ya en la lista de los más buscados, pero está protegido bajo la figura de desaparecido.
Nuestro caso está en instancias internacionales. En 2020 hicimos una petición a la CIDH y se encuentra actualmente en etapa de admisibilidad. Con esto llevaríamos a juicio al Estado, porque ha vulnerado el derecho a la vida de Giovanna. Queremos que esta lucha y este dolor establezca un precedente para que el Estado jamás se burle de los desaparecidos y sus familias, y ponga un tiempo razonable para hallar la verdad. Porque ya mismo serán 14 años de lágrimas.
PUNTO DE VISTA
Milton Castillo. Abogado, defensor de DD.HH.
La Fiscalía no cuenta con personal especializado y por eso rotan constantemente los fiscales que conocen casos de desapariciones forzosas. Luego, en el ámbito de Medicina Legal hay ciertos funcionarios que ceden a la presión de los posibles responsables de desapariciones.
Esto es fuerte y lo digo con conocimiento de causa, porque fui abogado de la familia de Carolina Andrango. El médico forense dijo que su muerte fue por causa natural, cuando era evidente que había sido violada. Su cuerpo fue hallado en un terreno baldío en el Comité del Pueblo, con signos de violencia.
Vivimos una situación atroz, pues terminan echando la culpa de la violencia a la persona fallecida, y eso cuando encuentran su cadáver. Eso pasó con Carolina. O culpan a la persona desaparecida de haber estado involucrada en algún tipo de delito, como fue el montaje que hicieron en el caso de David Romo.
Ahora, el personal de Medicina Legal necesita apoyo. Hay pocos médicos legistas que hagan las autopsias. Y cada año hay más carga de trabajo. Por tanto, esta pudiera ser una de las varias causas para tratar de entender por qué cada año hay más cadáveres catalogados como NN.
¿Qué pasa, en cambio, con los cadáveres que nadie retira? En ciertos casos, se pudiera pensar que esas muertes pudieran corresponder al cometimiento de un delito. No se investiga exhaustivamente y se deshacen de los cuerpos. Y Policía y Fiscalía, que tienen la primera obligación de dar alguna identificación, parece que tampoco se dan abasto ni ejecutan los protocolos que sí hay.
A través de estas instituciones, el Estado tiene la responsabilidad de evitar que existan cadáveres NN, porque, de entrada, su deber constitucional es velar por la vida de las personas, luego por la identidad de las personas, porque este es otro derecho fundamental.
En la demanda al Estado por la desaparición de David Romo y de otras desapariciones forzadas, uno de los derechos que se violenta es su derecho a la identidad, porque esas personas salen del circuito jurídico y social de una manera abrupta.
Los cadáveres NN tenían en vida el derecho a la identidad, derecho que no puede ser violado, post mortem, cuando levantan sus cuerpos. Esa sería una doble muerte. Y es dramático. Y la sociedad parece cada vez más amortiguada ante este tipo de circunstancias: ya no le importan mucho.
Desde las masacres carcelarias vivimos una etapa de crueldad. Hay quienes dicen que eran presos y se mataron entre ellos mismos y si están muertos, bien muertos están… Pero desde entonces a la fecha la sociedad se ha vuelto cada vez más insensible ante la muerte.
Empiezan a «brotar» las fosas clandestinas
Desde 2022, Punta Arrecha es un epicentro de terror, narcotráfico a toda escala, comercio ilegal de armas, secuestros, invasiones y muchas inequidades. Está ubicado en la cooperativa Batalla de Tarqui, en el Guasmo sur de Guayaquil, en una de las regiones más violentas del país donde, hasta septiembre pasado, sumaron 200 muertes violentas.
Entre construcciones informales de cemento, zinc y caña, ganando espacio a las aguas putrefactas de los esteros, se levanta un laberinto de callejuelas, mangles y vados que es aprovechado para una serie de acciones criminales. Desde enterrar fusiles hasta enterrar cuerpos. Los vecinos lo saben y lo alertan constantemente a la Policía.
En agosto de 2022, siete cuerpos fueron hallados en una zona de manglar talado, a la cual solo se accede mediante bote. La Policía habló entonces de la primera fosa clandestina hallada en el país. La identificación de los cadáveres tomó cinco meses.
Por el grado de descomposición de los cuerpos, la Policía presume que sus muertes pudieron haber ocurrido ocho meses atrás. El dato coincide con un pico de violencia relacionada con el control de manzanas para el microtráfico, en pugna entre Los Lagartos y Los Tiguerones, entre diciembre de 2021 y febrero de 2022.
Por su ubicación, Punta Arrecha es también un punto logístico para el trasiego de droga hacia el golfo de Guayaquil y, desde Perú, para el ingreso de armas de alto calibre. De hecho, en el lugar, hace tres semanas, fueron encontrados, enterrados, un fusil, una subametralladora y 250 municiones.
En función de experiencias similares de otros países, Lidia Rueda, presidenta de Asfadec, dice que hay que abrir los ojos a las fosas clandestinas. “Lo que se hace público en el país es nada. Hay que pensar en la probabilidad de que en zonas controladas por grupos criminales o zonas de fuerte actividad turística pudiera haber fosas clandestinas. Ecuador es un país de mala memoria…”.
El hallazgo de la fosa clandestina en Punta Arrecha no es el único. El 25 de octubre del año pasado, miembros del Ejército hallaron otra fosa en el sector El Coral, al sur de Esmeraldas. De allí se recuperaron dos cuerpos mutilados y una osamenta.
En la misma provincia del litoral ecuatoriano, fronteriza con Colombia, meses antes tres mujeres, entre los 20 y 25 años, fueron halladas en una fosa clandestina en el cantón Quinindé, a orillas del río Esmeraldas. Andrés Zambrano y Omar Ordóñez (vinculado a Los Lobos) fueron condenados a 34 años por el triple asesinato.
