Guantánamo, ese pequeño rincón en el extremo derecho de Cuba, se encuentra bajo control territorial de Estados Unidos (EE.UU.) desde 1903. El interés geopolítico por la bahía de Guantánamo se remonta a la Guerra Hispano-Estadounidense, que terminó en 1898 con la derrota española y la independencia de Cuba. Sin embargo, la isla no se ha liberado de la influencia extranjera hasta hoy. Al año de su independencia, EE.UU. impuso a la nueva nación cubana la Enmienda Platt, un conjunto de medidas que restringían su soberanía y permitía a EE.UU. “intervenir para la conservación de la independencia cubana y el mantenimiento de un gobierno adecuado”. Uno de los puntos más controversiales de la Enmienda establecía que Cuba debía ceder territorio para sus bases navales con el objetivo, según Washington, de proteger la estabilidad de la región. Como consecuencia, en 1902 el gobierno de Cuba concedió a EE.UU. el arrendamiento de la bahía de Guantánamo, lo cual se formalizó con el tratado firmado por los dos países en 1903, con una renta anual simbólica de 2.000 dólares.
Medio siglo después, una vez que Fidel Castro se instaló en el poder, este denunció la presencia estadounidense en Guantánamo y la violación a la soberanía de la isla, rechazando los cheques de arrendamiento que el gobierno norteamericano enviaba anualmente. En un discurso del 13 de noviembre de 1960, Castro denunció que la Enmienda Platt cercenaba la independencia cubana con la facultad de ejercer su control político, y que era el gobierno norteamericano el que controlaba la vida del pueblo cubano. Con estas palabras se abría la disputa y el enfrentamiento entre los dos países. De este modo, Castro dejó en claro que la ocupación de Guantánamo era un vestigio del colonialismo y debía ser devuelta de inmediato.
Llegado el siglo XXI, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la bahía de Guantánamo cambia, drásticamente, de base naval a centro de detención para sospechosos de terrorismo al margen del sistema judicial estadounidense. No tardaron en llegar las denuncias por violaciones a los derechos humanos. Especialmente Amnistía Internacional y Human Rights Watch documentaron torturas, detenciones indefinidas sin juicio y condiciones infrahumanas dentro de las instalaciones. A pesar de los esfuerzos de los gobiernos del presidente Obama y del presidente Biden por cerrar el centro de detenciones, este aún permanece en funcionamiento con decenas de prisioneros recluidos.
La llegada de Donald Trump al poder ha bloqueado cualquier intento de clausura y, aún peor, ha ordenado la construcción de “un espacio de detención adicional para extranjeros criminales de alta prioridad que se encuentran ilegalmente en EE.UU.” Esta acción forma parte de las medidas anti-migración propuestas por el nuevo gobierno. Aunque se han desplegado ampliamente imágenes de personas detenidas en Guantánamo, la administración Trump ha clausurado cualquier medio de comunicación o contacto con dichas personas. Un ejemplo es el caso de Eucaris Carolina Gómez Lugo, quien vio la fotografía de su hermano detenido y se sorprendió al enterarse de que el gobierno alegaba que su hermano y otros hombres eran miembros de la pandilla venezolana el Tren de Aragua.
Esta situación es atroz pero no sorprende, ya que Trump, dice Azmy, está explotando y expandiendo el mayor símbolo de anarquía y tortura del siglo XXI: Guantánamo.
Según American Civil Liberties Union (ACLU), el 12 de febrero los defensores de los derechos de los inmigrantes demandaron a la administración Trump para obtener acceso a los detenidos transferidos desde los Estados Unidos a la bahía de Guantánamo. Entre los defensores se encuentran la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, el Centro de Derechos Constitucionales, el Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP) y la ACLU del Distrito de Columbia, así como Eucaris C. Gómez L., y cuatro proveedores de servicios legales: Las Américas Immigrant Advocacy Center, Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES), American Gateways y Americans for Immigrant Justice, que buscan reunirse con las personas detenidas para brindarles asistencia legal.
Hoy cabe preguntarse por qué la administración del presidente Trump ha tomado esta decisión, que para muchos es radical e inconstitucional. Una de las respuestas la ha dado Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, quien ha dicho que el presidente Trump ha querido enviar una señal más clara, hasta ahora, de que el Estado de Derecho no significa nada para su gobierno. Desde el 4 de febrero, cuando salió el primer vuelo con un grupo de inmigrantes indocumentados hacia la bahía de Guantánamo, el gobierno norteamericano no ha dado información sobre el tiempo que estas personas estarán detenidas, y tampoco bajo qué autoridades y condiciones, cuáles son los procedimientos legales por seguir o si habrá algún medio para que sus familias y abogados se puedan contactar con ellas.
Otra opinión viene de Baher Azmy, director legal del Centro de Derechos Constitucionales, para quien esta situación es atroz pero no sorprende, ya que Trump, dice Azmy, está explotando y expandiendo el mayor símbolo de anarquía y tortura del siglo XXI: Guantánamo. El Centro de Derechos Constitucionales, dice Asmy, ha estado cuestionando la detención en régimen de incomunicación y la tortura en Guantánamo desde principios de los años 90, y se han visto las acciones de Trump como lo que son: crueldad performativa mezclada con otra toma de poder autoritaria.
Las fotos que ha distribuido el gobierno norteamericano muestran a hombres esposados y encadenados mientras son conducidos hacia aviones de carga militares que los llevarán a Guantánamo.
Para Jennifer Babaie, directora de defensa y servicios legales en Las Américas Immigrant Advocacy Center en El Paso, Texas, Nuevo México y Ciudad Juárez, Chihuahua, “Guantánamo es un caldo de cultivo para la violencia, el abuso y el abandono. Nuestro gobierno tiene en la mira a los venezolanos y a otros y los transfiere innecesariamente a un sitio en alta mar, de difícil acceso y sin ninguna razón más allá del teatro político”.
Las fotos que ha distribuido el gobierno norteamericano muestran a hombres esposados y encadenados mientras son conducidos hacia aviones de carga militares que los llevarán a Guantánamo. Y mientras estos hombres eran conducidos a su destino, la jefa de seguridad nacional de Donald Trump, Kristi Noem, exclamaba: “Estos individuos son lo peor de lo peor que hemos sacado de nuestras calles”. Noem además afirmó en entrevistas y redes sociales que, entre los que están siendo enviados a la base naval estadounidense en Cuba, se encuentran “pedófilos”, narcotraficantes y “pandilleros viciosos” sudamericanos culpables de “crímenes atroces”.
Sin embargo, hasta el día de hoy las autoridades aún no han proporcionado pruebas de esas afirmaciones, lo que aumenta las dudas sobre si los detenidos han cometido algún delito o no. “Parece que la imagen que el gobierno está pintando de que son personas peligrosas y violentas es claramente falsa”, manifestó Jessica Vosburgh, abogada del Centro de Derechos Constitucionales.
Betty Aguirre-Maier
Salt Lake City, 20 de febrero del 2025.
Nota de la Redacción:
El 20 de febrero, el gobierno de Estados Unidos expulsó vía aérea hacia Honduras a 177 venezolanos que había sido llevados a Guantánamo. Estos luego fueron trasladados a Caracas en una aerolínea local.
The New York Times, NYT, reportó que el ejército estadounidense había empezado a transportar migrantes a la base en vuelos casi diarios desde un centro de inmigración en El Paso, a partir del 4 de febrero. Al anunciar el primer vuelo de traslado, el Pentágono calificó la operación de “medida temporal” para asegurar a los migrantes “hasta que puedan ser transportados a su país de origen o a otro destino apropiado”.
Según el rotativo neoyorquino «este abrupto traslado de migrantes se produce en un momento en que la operación ha suscitado numerosas preguntas sobre si el gobierno tenía autoridad legal legítima para llevar a personas de las instalaciones del ICE en Estados Unidos a la base de Cuba para su detención prolongada. Los abogados defensores de los derechos de los inmigrantes han acudido a los tribunales para obtener acceso a los migrantes, y se espera que los grupos defensores de los derechos presenten un recurso más amplio contra la política del gobierno de Trump».