“Se van a tranquilizar”, dijo Daniella Camacho, la jueza ponente del tribunal de la Corte Nacional de Justicia, quien dirige el juicio contra Pablo Muentes, exasambleísta del Partido Social Cristiano, y otros 12 procesados por el delito de delincuencia organizada. La Fiscalía denominó este caso como Purga, en el que ha investigado los nexos entre la política, la justicia y el crimen organizado.
La Fiscalía acusa a Muentes de ejercer control sobre la Corte Provincial de Justicia del Guayas con el objetivo de obtener fallos judiciales favorables en causas que eran de su interés. Junto con él, otros exjueces, entre ellos Fabiola Gallardo, expresidenta de esta Corte, enfrenta este juicio desde el pasado 5 de febrero.
Para sustentar su teoría, Wilson Toainga, fiscal general subrogante, inició con la presentación de su prueba testimonial y pericial contra Muentes. El pasado martes, fue el turno del perito Milton Jaque, quien estuvo a cargo del análisis y extracción de información de los sistemas informáticos de Control IQ, la empresa que proveía seguridad de la urbanización Mocolí Golf Club, donde vivía el exlegislador. Allí Muentes y su esposa -también involucrada en este caso- fueron detenidos el 4 de marzo de 2024.
En los sistemas de Control IQ, la Fiscalía halló las bitácoras de ingreso a la urbanización y las visitas que recibía Muentes. Por eso, llamó al perito Jaque para que informara al tribunal sobre su análisis, que arrojó un diagrama de relaciones donde Muentes aparece en el centro. En ese cuadro, se observan los nombres de las personas que visitaron al exasambleísta, las placas de los autos en los que llegaron y las fechas.
En un artículo anterior, de agosto 2024, Plan V analizó estos registros y reveló que el exjuez Johan Marfetán, de esa Corte, visitó casi en 100 ocasiones la casa Muentes. La Fiscalía ha señalado tanto a Muentes como a Marfetán como supuestos líderes de esta organización criminal. Según las bitácoras, entre junio de 2022 y febrero de 2024, Marfetán visitó 99 veces a Muentes. Durante ese lapso, Muentes recibió en total 292 visitas en su domicilio.
El perito terminó la exposición de su informe hacia las 23:00 del martes, por lo que el contrainterrogatorio inició a primera hora del miércoles. Pero ese día, la jueza Camacho pidió calma en la sala durante un tenso contrainterrogatorio de Chimbo al perito. El abogado de Muentes pidió a Jaque que identificara si en las fotografías que constaban en su informe estaban los números de placas de los vehículos.
El perito intentó explicar que el sistema informático fue el que asignó cada identificación. Pero Chimbo pidió al perito que revisara foto por foto si ahí se podía observar una placa. Desde el lado de la acusación, el fiscal Toainga cuestionó las preguntas del abogado de Muentes y -molesto- le preguntó por qué no impugnó esa prueba en la audiencia preparatoria de juicio. A lo que Chimbo contestó que no lo hizo porque esa pericia se practicó de manera reservada, sin la asistencia de ningún abogado de los procesados. La jueza Camacho tuvo que intervenir para bajar los ánimos, aunque también se mostró molesta por la intención del abogado de preguntar lo mismo por cada fotografía. “Yo también puedo decirle si hay placa o no”, dijo Camacho a Chimbo.
Chimbo sostiene que el informe del perito estuvo mal hecho y que ha detectado 70 presuntas anomalías. “A los carros que no tenían placas, les pusieron placas en el informe. También pudimos evidenciar que pusieron nombres de personas, pero aparecen otras caras que no corresponden a los procesados”, dijo el abogado a Plan V tras el contrainterrogatorio. Según Chimbo, visitas de Xavier Muñoz, exvocal del Consejo de la Judicatura y quien también habría vivido en Mocolí, fueron endosadas a Muentes.
La caducidad de la prisión se acerca
El juicio del caso Purga tiene una presión adicional: la caducidad de la prisión preventiva. El próximo 4 de marzo se cumple un año del operativo en el que fueron detenidos Muentes, su esposa Mónica A.B., su primo Fausto Alarcón y los exjueces Gallardo, Marfetán, Reinaldo Cevallos, Henry Taylor, Alberto Lino, Nelson Ponce, Guillermo Valarezo y dos personas más.
Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la prisión preventiva no podrá exceder de un año en los delitos sancionados con una pena privativa de libertad mayor a cinco años. En el caso de delincuencia organizada, las penas van entre cinco y diez años. Es decir, si hasta el 4 de marzo no hay una sentencia, al día siguiente estos 12 detenidos deberán salir de prisión.
Por eso, el juicio avanza en jornadas maratónicas. El martes pasado, por ejemplo, la audiencia inició hacia las 09:00 y concluyó a las 23:00 con la intervención del perito Jaque. Es decir, fueron 14 horas de audiencia. El miércoles la diligencia volvió a instalarse a primera hora.
“No estoy buscando la caducidad de la prisión preventiva”, dijo el abogado Chimbo a Plan V, después del extenso contrainterrogatorio al perito. El jurista entiende que la jueza quiera avanzar pronto en el juicio. “Pero bajo el pretexto de hagámoslo rápido, no me pueden limitar el derecho de contrainterrogar”.
Pero esta presión se observó desde etapas anteriores al juicio. Además de los 12 primeros detenidos, el 5 de junio del año pasado, el juez Javier de la Cadena aceptó el pedido de la Fiscalía de vincular a 13 personas más en este caso. Seis meses después, el 17 de diciembre último, se instaló la audiencia preparatoria de juicio que duró hasta el 16 de enero. Finalmente, seis días después, el juez De la Cadena anunció su resolución y decidió llamar a juicio a 19 procesados, el 22 de enero pasado.
En menos de 15 días, inició la audiencia de juicio. De los 19 llamados, solo 13 participan en la audiencia, porque el resto está prófugo o en proceso de extracción como es el caso de Mercedes Villarreal, quien fue directora Provincial de Control Disciplinario de la Corte del Guayas. Ella fue detenida en España en julio del 2024.
La Fiscalía anunció más de un centenar de testigos y peritos para sustentar su teoría. Pero durante los días del juicio, ha prescindido de algunos de ellos. La Procuraduría y el Consejo de la Judicatura, que también participan como acusadores y llamaron a los mismos testigos de Fiscalía, también adoptaron la misma estrategia. Este jueves, 13 de febrero, la jueza Camacho anunció que la audiencia de juicio se desarrollaría hasta los fines de semana.
Después de los alegatos de inicio tanto de los acusadores como de los acusados, la Fiscalía presentó como su primera prueba los testimonios anticipados de Mayra Salazar, Daniel Salcedo -ambos sentenciados en el caso Metástasis- y de Ruth Catalina S.P., quien fue procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y procesada también en este caso. Pero ahora es también testigo protegido de la Fiscalía.
Otro testigo protegido es Alberto Lino, exjuez de la Corte del Guayas. Él dijo que Marfetán, Gallardo y Salazar le presentaron a Muentes. Los tres fueron en un vehículo hasta Mocolí. Cuando llegaron fueron recibidos por guardaespaldas. En el lugar también estaban Villarreal y Tatiana V., también procesadas. En la reunión, según el testigo, Muentes dijo que todos los presentes eran de su total confianza. En esa cita, Muentes le habría solicitado que falle a su favor en el caso del Banco Pacífico.
Entre los testigos que ha presentado la Fiscalía se encuentra el Procurador Judicial del Banco Pacífico y peritos que han realizado análisis informáticos, de identificación de voz, de identidad humana, de descripción de acciones en archivos multimedia, de transcripción de audios, así como análisis contables a las transacciones efectuadas por varios de los procesados.
Los principales acusados
Pablo Muentes. La Fiscalía ha acusado a Muentes de haber contratado a la comunicadora Mayra Salazar para ganar, con Gallardo, la presidencia de la Corte del Guayas. Su influencia en esta Corte, según la Fiscalía, le permitió ganar un proceso contra el Banco Pacífico, un hábeas data para su primo en un litigio de tierras o archivar sumarios administrativos contra Gallardo.
Fabiola Gallardo. La Fiscalía ha asegurado que la exjueza instrumentalizó una dinámica criminal en la Corte para controlar las acciones judiciales y administrativas. Dice, además, que ella buscó contactarse con alias Fito para obtener un beneficio económico a cambio de su fallo. El 5 de junio, 13 personas más fueron vinculadas a este caso, entre ellos, Juan Javier Riofrío y Freddy José Játiva, altos oficiales del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
Johan Marfetán. Según la Fiscalía, el exjuez tenía una relación cercana con Muentes. Como parte de la Corte del Guayas, él ratificó un fallo de primera instancia que ordenó al Banco Pacífico registrar documentos de pago falsos en sus asientos contables para justificar la cancelación de una deuda del exlegislador y su esposa.