I. Una economía a la bartola
Según el Banco Central del Ecuador (BCE) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), hasta julio de 2024, solo se ha ejecutado el 10,1% del Plan Anual de Inversión, PAI, equivalente a 124 millones de dólares de un total proyectado de 1.233 millones.
Esta baja ejecución de la inversión pública no solo deteriora la calidad de los servicios esenciales que reclama constantemente la ciudadanía, sino que también afecta al sector privado, limitando las oportunidades de contratación con el Estado debido a la escasez de recursos.
La gestión económica del país, parece ir “a la bartola”: mayor endeudamiento con organismos financieros internacionales, TLCs firmados con irresponsable aperturismo sin precisar cuáles serán las salvaguardas que protegerán los recursos y sectores estratégicos del país; nula inversión pública; acumulación de reservas en el BCE sin considerar que la falta de inversión destruye la demanda, el consumo, el crecimiento económico y el empleo, afectando la estabilidad y el bienestar social.
Según los datos oficiales del Servicio de Rentas Internas y el Banco Central del Ecuador, las ventas locales disminuyeron en USD 3.134 millones (-3,2%) y las importaciones cayeron un 5,85% en el primer semestre de 2024. Además, la variación de existencias aumentó un 259,6% en comparación con el mismo período en 2023, debido a la contracción en la demanda interna. (Fuentes: @ LupaMediaEC; BCE; SRI).
El Banco Mundial ha ajustado su proyección de crecimiento del PIB para Ecuador en 2024 a un 0,1%. Esta revisión a la baja refleja un entorno económico crítico, para un país en recesión, caracterizado por una débil inversión pública y privada, así como por condiciones financieras crediticias más estrictas.
El extractivismo se viene con todo
El extractivismo es un modelo de crecimiento económico basado en la priorización de las exportaciones, o la venta al exterior de recursos naturales poco transformados, como la minería, la agricultura o el petróleo.
Según la nueva ministra del Ambiente, Inéz Manzano, la Corte Constitucional (C.C.), “sin saber leer ni escribir” decidió sobre el ITT. En una entrevista en Teleamazonas, el viernes 6 de septiembre de 2024, Manzano mostró malestar cuando comentó que la Corte Constitucional no respeta las instituciones y sugirió que esto podría deberse a un tema ideológico. Manzano afirmó que el proceso de cierre del Bloque ITT, en el Parque Nacional Yasuní, enfrenta desafíos legales debido a una sentencia de inconstitucionalidad sobre la posibilidad de realizar una consulta previa en las comunidades indígenas de la zona, y advirtió que, si su ente legal regulador (la Corte Constitucional) se lo permite, organizará una consulta popular para que se entienda la posición de las comunidades que se sienten amenazadas por la pérdida de sus empleos en la zona del ITT.
De su lado, tres medios de información (Punto Noticias, Ecuador en Directo y Radio Pichincha), publicaron el 5 de septiembre de 2024, la noticia sobre un acuerdo de confidencialidad firmado entre Ecuador y Canadá, que declara como reservada la información comercial entre ambos países, Según el contenido, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tiene programado un viaje a Toronto, Canadá, del 9 al 11 de septiembre, en una visita oficial cuyo detalle específico de la agenda no ha sido revelado.
Las notas de prensa refieren que el acuerdo de confidencialidad fue emitido el 15 de agosto de 2024 y está publicado en el Registro Oficial. “Este acuerdo fue respaldado por un informe técnico del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, y clasifica como confidencial diversa información sobre las negociaciones comerciales, incluyendo propuestas bilaterales, documentos etiquetados como «confidenciales» o «sensibles» y cualquier información que las partes involucradas consideren reservada. La confidencialidad de esta información estará vigente durante dos años”.
Durante el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, se suscribieron acuerdos de deuda con China que incluían la venta anticipada de petróleo ecuatoriano. Estos acuerdos fueron parte de un financiamiento a través de líneas de crédito otorgadas por instituciones financieras chinas, como el Banco de Exportación e Importación de China (EximBank) y el Banco de Desarrollo de China. Para asegurar el pago de estas deudas, Ecuador comprometió parte de su producción de petróleo en contratos de preventa.
En cuanto a la reserva de estos acuerdos, el gobierno de Rafael Correa mantuvo confidencialidad sobre las condiciones de negociación a través de decretos ejecutivos. La reserva de la información relacionada con estas negociaciones se estableció inicialmente por un período de 5 años. Sin embargo, se extendió posteriormente, por lo que se mantuvo hasta 2024; es decir, durante aproximadamente 10 años desde el momento de su suscripción.
La cada vez más utilizada estrategia de la “confidencialidad” ha motivado controversia en Ecuador debido a la falta de transparencia sobre los términos de los acuerdos.
En el Gobierno de Guillermo Lasso, se suscribió un TLC con China. Los términos del tratado se mantuvieron en reserva hasta la firma del Acuerdo.
Estos procedimientos provocan la incertidumbre de importantes actores del aparato productivo nacional que suelen no ver reflejados sus emprendimientos o sus inversiones, y de amplios sectores de la ciudadanía que, cada vez más, desconfían de los supuestos beneficios económicos que tales negociaciones traerían al país.
La advertencia de nuevos apagones se cierne sobre el país
La Contraloría General del Estado (CGE) atribuye los apagones de finales de 2023 a varios factores: discrepancias en la información entre las entidades del sector eléctrico, falta de mantenimiento en las centrales, gestión ineficaz en la compra de combustibles y escasa inversión en infraestructura. A medida que avanza 2024, el riesgo de nuevos apagones en el país crece debido a una reducción del 70% en el flujo de agua hacia los embalses hidroeléctricos de Mazar y Amalusa, acelerando el agotamiento de reservas.
Algunos expertos aconsejan racionamientos programados para evitar apagones prolongados. El temido impacto de los racionamientos sobre la economía empieza a sentirse, debido a que Colombia ha reducido sus exportaciones de electricidad al Ecuador, elevando el costo por kilovatio/hora. Además, la barcaza eléctrica turca que el gobierno contrató con la empresa Karpowership, no ha podido anclar en el río Guayas, cuyo fondo se mueve con las mareas en las esclusas. La empresa tiene hasta el fin de semana para solucionar este problema e iniciar su producción de energía.
El informe de la CGE también señala responsabilidades de exministros y altos funcionarios, quienes enfrentarán glosas por USD 130.000 debido a su mala gestión administrativa.
El informe de la Contraloría, que abarca de enero de 2019 a diciembre de 2023, destaca
cinco causas principales de la crisis eléctrica:
1. Inconsistencias en los datos: Las diferencias entre el Ministerio de Energía y el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) sobre el número y la capacidad de las centrales llevaron a una sobreestimación de la capacidad energética.
2. Falta de mantenimiento: Varias plantas térmicas importantes no recibieron el mantenimiento necesario, resultando en una pérdida significativa de capacidad.
3. Cierre de plantas: Diez plantas térmicas dejaron de operar entre 2018 y 2019, agravando el déficit de energía.
4. Problemas en la compra de combustibles: La gestión deficiente en la adquisición de combustibles, como el gas, afectó la capacidad de generación.
5. Fracaso en proyectos de generación: Solo dos de los 14 proyectos de generación eléctrica planeados entre 2019 y 2021 se completaron.
Una opción para manejar la inminente crisis proviene de expertos en esa área, que proponen racionamientos programados para evitar apagones prolongados.
El presidente Daniel Noboa asegura que su gobierno trabaja para prevenir nuevos apagones, mientras su ministro de Defensa, advierte que se están realizando investigaciones sobre la posibilidad de que se produzcan nuevos apagones debidos a“sabotajes”…
El viceministro de energía y recursos energéticos, Rafael Quintero, afirmó que el apagón que se produjo este sábado 7, y que afectó algunas horas a varias provincias del país, obedece a un error humano.
Se anuncia desde la presidencia un segundo bloque de contrataciones inmediatas para proveer al Ecuador de al menos 1200 megavatios y solucionar los problemas de energía que otros gobiernos dejaron sin atender. El gobierno que resuelve debe explicar de dónde obtendrá los recursos para contratar proveedores de esas licitaciones. Qué implicarán esas contrataciones para la economía nacional a corto y mediano plazo.
¿Si es reelecto el candidato presidente, se hará responsable de esa monumental carga financiera, en un país donde el “gobierno que resuelve” no ha podido hoy mismo ejecutar ni el 10% del Plan Operativo Anual?
Contratar barcazas no resuelve el problema, solo engorda el bolsillo de ciertos proveedores de diésel, y de otros avivatos. Invertir en la modernización y fortalecimiento de nuestro sistema energético ya instalado, promover alternativas de generación limpia, precautelar los recursos nacionales, parar los negociados que alimentan las chequeras de agnados y cognados; no privatizar los sectores estratégicos entregándolos en manos de particulares nuestros recursos estratégicos que deben ser objeto de una política soberana, es lo único que dará autonomía económica y bienestar social al país.
II. Polarización política
En la esfera pública, se mantiene un atento seguimiento a los procesos impulsados por la fiscalía y la controversia entre el gobierno y la Asamblea Nacional, a propósito de la decisión del Legislativo de no acatar la disposición de un juez, para obligar al Parlamento a mantener la agenda de fiscalización de exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso, con la intención de proseguir más bien con el juicio político contra la fiscal general Diana Salazar.
La resolución de la Asamblea, justificó que la Fiscalía abra procesos de investigación contra algunos asambleístas y contra el secretario jurídico de la Asamblea.
De por medio se encuentra la campaña contra la fiscal general, que, desde hace meses, impulsa el bloque correísta en la Asamblea y se apalanca en una incesante narrativa implantada en redes sociales por sus aliados y desde troll centers. El caso “metástasis puso el cascabel al gato y desde allí los ataques y cuestionamientos se han intensificado.
En las últimas semanas, la embestida a Diana Salazar empezó con un video del medio digital La Posta en el que se incriminó a la fiscal y a varios funcionarios. Su principal, amenazó públicamente a la fiscal general del Estado con hacer pública información que solo él conoce por el hecho de ser bien informado.
Cuando un periodista advierte con tener información que puede hundir a la fiscal y no la publica, la profesión, mal entendida, ha tocado fondo y la vergüenza ya es de todos. Todo ciudadano que tenga en su poder información relevante que pueda incidir en una causa legal, está obligado a entregarla a las autoridades competentes.
El no hacerlo es un delito, como también podría considerarse un delito, en este caso, amenazar
veladamente a la fiscal general e implícitamente chantajearla, aduciendo su corresponsabilidad en un delito.
Las redes sociales se han convertido en el peor espacio para que el ya menoscabado ejercicio de la justicia y el control en este país, se maneje desde hace años al antojo de quienes, amparados en la impunidad que brinda la comunicación digital, desinformen, injurien, desprestigien y ataquen impunemente; siembren corrientes de opinión falsas y propicien el caos y la vindicta pública, a modo de una “Fuenteovejuna” moderna.
El debate y la decisión colectiva sobre la regulación a las redes sociales es necesario y no hay que temerle; por sanidad colectiva y para precautelar derechos individuales, sociales e institucionales que fortalezcan una democracia al menos medianamente madura, no pueden ser pisoteados por falsarios pregoneros de la “libertad de expresión”. Entre ellos se esconden muchos cómplices del auge delincuencial que hoy nos abruma. Basta con revisar plataformas digitales para encontrar videos de los GDOs que propagandizan las formas en que los GDOs reclutan a niños y adolescentes; se exhiben con su armamento y promueven su estilo de vida.
Para combatirlos hay que empezar por combatir la pobreza que impulsa a quienes nada tienen que perder, a formar parte del crimen organizado; depurar las instituciones, educar con todo el poder de las instituciones llamadas a hacerlo, en el respeto a la vida de los demás; y cohesionar a toda la sociedad en las causas comunes. Mientras las mafias políticas mantengan estupidizada e individualizada en el tiktok a la gente; mientras la criminalidad, y la delincuencia financiera que mueve millonarias sumas para su particular beneficio, continúen secuestrando a todo el país, el futuro será solo una quimera para pobres y para pusilánimes.
III. Barómetro electoral
La reaparición de Guillermo Lasso: El expresidente Guillermo Lasso volvió a la escena pública en un evento del movimiento CREO, después de haberse alejado de la política desde que decretó la «muerte cruzada» en mayo de 2023. Lasso defendió su gestión y pidió a los precandidatos de su partido centrarse en propuestas de campaña para las elecciones de 2025. Esta reaparición generó múltiples reacciones en redes sociales, destacando la discusión sobre la levedad de su herencia política y su responsabilidad en la crisis del país.
El desactualizado padrón electoral: La candidata vicepresidencial del Partido Socialista, Verónica Silva, no podrá participar en la campaña electoral porque registra como “fallecida” en el padrón del Consejo Nacional Electoral debido a que este, no se ha actualizado. El trámite para subsanar el error fue iniciado hace varios meses, según afirmó la frustrada candidata, que hoy se suma a la incierta y silenciosa muchedumbre de muertos que votan, personas empadronadas más de una vez, o que ya no están en el país del apagón electoral.
El error involucra también al Registro Civil Ecuatoriano. Desde el CNE se aduce que no pueden modificar el registro y que el PSE deberá elegir otra candidata. Una mancha más en la política de la banana repúblic.
División en la izquierda política: Los partidos políticos de izquierda en Ecuadorintentaron conformar un frente unido para las elecciones de 2025, pero rápidamente surgieron divisiones internas. Aunque inicialmente se reunieron para discutir posibles alianzas y binomios presidenciales, las diferencias, especialmente respecto a la inclusión del correísmo, generaron distanciamientos. Esta fragmentación refleja la complejidad del panorama político de cara a los próximos comicios.
En redes sociales, especialmente en X, estos temas generaron una gran cantidad de interacciones. La reaparición de Guillermo Lasso y las disputas dentro de la izquierda política destacaron como los tópicos más viralizados, con numerosos comentarios y debates entre los usuarios, reflejando la polarización política y la preocupación por el futuro del Ecuador.
También es cada vez más fuerte el rechazo a políticos y movimientos de alquiler, que se prestan en cada elección para restar votos a los más opcionados y para, literalmente, prostituir procesos de elección popular.
La reforma del Código Orgánico de la Democracia, también es otra tarea urgente.