En el presente mes de enero han reasumido el poder Nicolás Maduro en Venezuela y Donald Trump en los Estados Unidos.
En Venezuela no se han expuesto las actas de votación que respalden el supuesto triunfo de un mandatario que inicia su tercer período, continuación de la denominada línea chavista que comenzó hace un cuarto de siglo.
En Estados Unidos, arrancó la segunda administración de quien, luego de algunas demandas, fue sentenciado en uno de varios juicios en su contra, que se desarrollaron principalmente durante la campaña electoral previa a su elección. A pesar de que no cumplirá la pena, el juez dijo tener todas las pruebas por un caso de falsificación de registros comerciales para silenciar una relación con una actriz de cine para adultos. También existen otras acciones judiciales en su contra —como el asalto al Capitolio— que, debido a su triunfo electoral, han sido dejadas a un lado y cuyos ejecutantes ya fueron amnistiados.
Si bien son dos opuestos y extremos, no dejan de ser relevantes, como muestra de la situación en que se encuentra la democracia a escala internacional. Ese mecanismo de convivencia comunitaria, según se observa, atraviesa un permanente retroceso, fenómeno que se da prácticamente en todos los Estados en donde se la ha considerado un punto de conexión político-público esencial.
El poder de los Estados Unidos es ahora presidido con un fuerte e innegable respaldo electoral. El mandatario en ejercicio, no obstante, alcanzó ese lugar ante el laxo comportamiento actual de la sociedad estadounidense frente a la conducta de quien ha buscado su representación. Ha hecho caso omiso de sus antecedentes jurídicos; ha pasado por alto sus comportamientos éticos o políticos; más le ha valido su audacia y sus ofertas. Ese respaldo se lo ha otorgado en la medida que supone que la sociedad se verá recompensada en acciones posteriores, que superarán lo que lo absolvió con el voto de confianza que le ha brindado. Es una sociedad, con un gobierno, que está dispuesta a cambiar el mundo, en función de sus intereses geopolíticos sin importar los medios.
Las elecciones de Venezuela y el ejercicio del poder en ese país han sido insistentemente cuestionadas por entidades multilaterales y organizaciones de derechos humanos de innegable credibilidad, respecto de lo cual se hace caso omiso.
En Venezuela, sin respaldo electoral, ahora está al frente del Gobierno, con el soporte de la fuerza armada, alguien que no ha conseguido exhibir las actas electorales, a pesar de los pedidos de todo el mundo, incluso de los más cercanos. Con un tinglado seudo democrático y una constitución, que siempre se exhibe —de tamaño mínimo—, el sistema electoral resultó ser el juez del que no pudo escapar el régimen: las actas de las mesas electorales dan cuenta del resultado y de la decisión de los votantes. Las elecciones de Venezuela y el ejercicio del poder en ese país han sido insistentemente cuestionadas por entidades multilaterales y organizaciones de derechos humanos de innegable credibilidad, respecto de lo cual se hace caso omiso.
No haría falta la gama de informes de esos órganos multilaterales, basta observar la situación a la que se han visto obligados ocho millones de venezolanos que recorren las calles de nuestros países. No es justificación —a pesar de no ser el mismo número— que la emigración suceda también en otros países, y que, igualmente, esos Estados podrían ser calificados de dictaduras; pues, en todos los casos, hay faltas graves que enmendar.
En América Latina se ha consolidado la idea de que un acto electoral es sinónimo de democracia. De esta manera, bajo ese criterio se obtiene, en la mayoría de los casos, el aval de las grandes potencias occidentales, dígase Estados Unidos que, a criterio de muchos sectores de la región, es el que más importa, al igual que la opinión que proviene de países de la Unión Europea. En cambio, para China, ahora que ha ingresado con fuerza en el debate político latinoamericano, da exactamente lo mismo: sus estándares y criterios políticos indican que las elecciones o la democracia, en general, no es un criterio para condenar a un gobierno; más importa el apoyo a determinados aspectos de interés para el Partido Comunista Chino, por ejemplo, no tener relaciones con la isla de Taiwan.
Para la Federación Rusa, desde la disolución de la antigua Unión Soviética, su apertura permitió mantener relaciones con la mayor parte de países del mundo, aunque, evidentemente, favorece, a partir de la llegada de Putin al poder, posturas que se expresen lo que antiguamente eran catalogadas como “antiimperialistas”, a pesar de que esos conceptos han sido borrados por el actual mandatario ruso en donde su país más bien patrocina un modelo económico similar al de occidente.
Se podría sintetizar que un factor de gran división en América Latina ha sido posicionarse en defensa o en contra de las políticas de Estados Unidos o, de otro lado, últimamente, de Venezuela, la que, al momento, solo se encuentra estrechamente vinculada a Cuba y Nicaragua. La actual administración Trump, a través de su nuevo Secretario de Estado, Marco Rubio, ha expresado sus criterios acerca de estos tres últimos países. A ello se junta los anuncios sobre el Canal de Panamá. No obstante, hasta hace poco, Latinoamérica, salvo México por su vecindad y Brasil por su tamaño, para Estados Unidos no ha sido una cuestión relevante.
La llegada de Donald Trump —desde su primera administración— incrementó los cuestionamientos a su adhesión a las instituciones democráticas. En el campo académico se desmenuzó cómo mueren las democracias. En tanto que en América Latina la historia está plagada de gobiernos dictatoriales que han quebrado las esperanzas democráticas en su amplio sentido.
Las ideologías han dejado atrás su valor para dar paso a la polarización y a la fragmentación, a la arbitrariedad y a la dictadura, todo bajo una falsa cobertura de democracia, cuando lo que prima es la voluntad única respaldada en la fuerza.
La democracia no termina solo cuando hay un golpe militar o gobiernos autoritarios, irrespeto a las normas acordadas e instituciones esenciales del sistema jurídico. Se quebranta también cuando se menosprecia los derechos, particularmente los derechos humanos, se manipula la verdad y la información o hay intolerancia a las ideas opuestas.
En el ámbito de la teoría de las relaciones internacionales se ha creído que no hay motivo para enfrentamiento entre regímenes democráticos, cuestión que no ha sido la regla. Pero, de ser así, la fractura de las democracias pone en riesgo la tranquilidad y la paz internacional.
La polarización y el incremento de regímenes que se distancian cada vez en mayor grado de las concepciones generales de democracia, que no son solo una cuestión electoral sino, sobre todo, el estado de una sociedad en su conjunto, en el que priman los derechos, el respeto a la ley, la tolerancia, la solidaridad, el ambiente en que se siente cómoda, bien representada, con amplias opciones de mejorar su situación actual, esos son factores determinantes de una comunidad democrática.
Los derechos, las normas y la democracia en un orden global que se aleja de los principios basados en reglas y avanza hacia una dinámica regida por la fuerza, en el que las ideologías han dejado atrás su valor para dar paso a la polarización y a la fragmentación, a la arbitrariedad y a la dictadura, todo bajo una falsa cobertura de democracia, cuando lo que prima es la voluntad única respaldada en la fuerza.
En el escenario actual de globalistas enfrentados a nacional populistas y de dominio de los megamillonarios tecnológicos, se inició Maduro 3.0, con un apoyo interno ostensiblemente minoritario que, con gesto dictatorial desconectó a Venezuela de WhatsApp; en tanto que Trump 2.0 en gesto autoritario, desafiando la ley, como es frecuente, reconectó a Estados Unidos a Tik Tok.
(*) Ex Vice Canciller