El presente artículo analiza críticamente la iniciativa denominada Escudo de las Américas (Americas Counter‑Cartel Coalition) —anunciada por el presidente de Estados Unidos en marzo de 2026— a partir de un enfoque interdisciplinario que combina el Análisis Crítico del Discurso (ACD) con el examen de sus condiciones materiales, geopolíticas y regionales. Se sostiene que, lejos de constituir una coalición militar plenamente estructurada, el Escudo opera principalmente como un dispositivo discursivo y simbólico que legitima la militarización del crimen organizado, refuerza relaciones asimétricas de poder en el hemisferio occidental y proyecta mensajes simultáneos a audiencias internas y externas.
I. Condiciones de producción y contexto político del discurso
El discurso de Donald Trump se produce en un marco institucional aparentemente multilateral, pero atravesado por condiciones políticas profundamente asimétricas. Tiene lugar en un momento políticamente sensible, a pocos meses de las elecciones intermedias de 2026 en EE.UU., en un contexto de presión interna por la política migratoria, las acciones de ICE y las deportaciones, así como de disputas ideológicas dentro de Estados Unidos. Un hecho no menor es el contexto estratégico en medio oriente, en la guerra que libra este país junto a Israel contra Irán, que en cierto modo invisibilizó este evento en la atención pública de EE.UU.
Desde el Análisis Crítico del Discurso, Trump ocupa una posición múltiple, por un lado como presidente en ejercicio, en segundo lugar, como seudo candidato implícito en un ciclo electoral, por la adherencia o rechazo que puede provocar en el voto a favor del Partido Republicano, en las elecciones para el Congreso de EE.UU al final de 2026, y finalmente, como un actor que busca reafirmar liderazgo interno y externo.
Esto implica que el discurso no está dirigido únicamente a los gobiernos presentes, sino también a los gobiernos ausentes —y en cierto modo— al electorado estadounidense, con especial atención al voto latino, interpelado a través de la retórica de seguridad, orden y control del crimen, así como especialmente en su posición sobre Cuba, y el anuncio de la pronta caída del régimen cubano.
La selección de invitados es central para comprender el sentido político del discurso. La exclusión de México, Brasil y Colombia, actores clave en la seguridad regional, introduce una fractura simbólica previa al acto discursivo. Esta exclusión revela que el “Escudo de las Américas” no busca un consenso hemisférico, sino un alineamiento ideológico y estratégico, configurándose más como un bloque selectivo que como un mecanismo multilateral clásico.
Los tres países mencionados, más allá de una clasificación ideológica simplificada y erróneamente interpretada por parte de la opinión pública como “socialista”, se inscriben en posiciones socialdemócratas con una profunda vocación nacionalista. Esta orientación constituye una barrera que Estados Unidos percibe como una línea de resistencia frente a sus intereses, particularmente en lo relativo a la explotación exclusiva de recursos estratégicos y a la subordinación de las relaciones comerciales a marcos definidos desde la política de Washington.
II. Estructura discursiva: guion institucional e improvisación
El discurso combina dos formas retóricas claramente diferenciadas. La primera consiste en una lectura estructurada, basada en un texto cuidadosamente preparado, que se alterna a lo largo de la intervención con improvisaciones performativas. La lectura estructurada se utiliza para introducir conceptos clave como coalición, seguridad, crimen organizado y cooperación. La improvisación performativa, en cambio, aparece de manera intermitente e incorpora chistes, anécdotas personales, ataques políticos y comentarios provocadores, abiertos a múltiples interpretaciones.
Esta combinación no es casual. La improvisación cumple funciones estratégicas orientadas a mantener la atención del auditorio, construir cercanía emocional y reforzar la imagen de un líder “auténtico”, que dice lo que piensa sin mediaciones y directamente.
Sin embargo, desde una perspectiva diplomática y discursiva, esta estrategia erosiona la lógica cooperativa del encuentro. Frases como “No voy a aprender su maldito idioma”, comentarios sobre el Canal de Panamá, en los que cuestiona la supuesta transferencia absurda realizada durante el gobierno de Jimmy Carter, o bromas acerca de cobrar por influir en elecciones internas de otros países, con referencias explícitas a los casos argentino y chileno, introducen un tono de superioridad cultural y política que contradice el pretendido espíritu de cooperación regional.
En este marco, la construcción discursiva del “nosotros” y del “ellos” resulta fundamental para establecer una línea divisoria funcional a sus intereses en la región. El pronombre “nosotros” se asocia discursivamente a Estados Unidos, los países invitados, las fuerzas armadas y los “líderes responsables”. Este “nosotros” se define por el orden, la fuerza, la racionalidad y la capacidad de acción letal, pero se trata de un nosotros jerárquico, en el que Estados Unidos ocupa la posición central. Expresiones como “Solo tienen que decirnos dónde están. Tenemos armamento increíble” evidencian que la ayuda propuesta no es horizontal, sino condicional y dirigida.
Por el contrario, el pronombre “ellos” aparece como un conjunto heterogéneo pero discursivamente homogeneizado, que incluye a los cárteles y pandillas, los migrantes criminalizados —con apelativos que van desde delincuentes hasta perturbados mentales—, los gobiernos anteriores (Obama y Biden), las influencias extranjeras “hostiles” y los gobiernos de la región no invitados. En síntesis, la oposición “nosotros/ellos” busca construir una definición de seguridad hemisférica restringida, que se articula entre “los nuestros”, y no como un proyecto verdaderamente inclusivo.
El eje central del discurso es la redefinición del crimen como guerra. Trump descarta explícitamente las soluciones policiales, institucionales o sociales cuando afirma que “no se puede combatir a esta gente solo con la policía”.
El lenguaje utilizado es deshumanizante: expresiones como “animales”, “cáncer”, “personas enfermas” o “salvajes” se emplean para referirse a los actores vinculados a la violencia de las organizaciones del crimen organizado. Sin duda, estas estructuras criminales cometen actos atroces; sin embargo, esta adjetivación se articula con la idea de que quienes estén asociados a ellas no son susceptibles de ningún tipo de derechos. Además, evidencia una anulación de la comprensión de los factores estructurales que generan atracción hacia la delincuencia, dado que, en gran medida, estas conductas se ven condicionadas por situaciones de pobreza. Sin criminalizar esta condición, no debe olvidarse que la pobreza constituye una de las principales fábricas de la delincuencia: basta observar la composición socioeconómica de las personas privadas de libertad en las cárceles de América Latina, según el estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (2025). Desde el Análisis Crítico del Discurso, esta deshumanización cumple una función clave: legitimar la violencia extrema, eliminar la posibilidad de negociación y suspender cualquier referencia a derechos.
El eje central del discurso es la redefinición del crimen como guerra. Trump descarta explícitamente las soluciones policiales, institucionales o sociales cuando afirma que “no se puede combatir a esta gente solo con la policía”. La propuesta es clara y reiterada: uso de fuerzas armadas, fuerza letal, misiles, incursiones y operaciones de precisión. De este modo, se erige una doctrina no escrita de seguridad hemisférica que desdibuja la frontera entre seguridad interna y guerra, reduce la soberanía de los Estados socios a las necesidades de Estados Unidos y normaliza la violencia estatal como herramienta primaria. No aparecen referencias sustantivas a la prevención social, las reformas judiciales, la corrupción estructural ni la desigualdad económica.
El crimen es tratado exclusivamente como un enemigo militar, y no como un problema de gobernanza. En otras palabras, se propone una militarización del crimen organizado como problema social.
Otro aspecto que merece ser destacado es la clara intención de normalización y legitimación de la violencia estatal. El discurso describe, con orgullo, una simplificación de la resolución de los conflictos que, frente a la demanda de soluciones inmediatas, puede generar adhesiones. Mensajes como la referencia a misiles “extremadamente precisos”, incursiones letales o la eliminación física del enemigo resultan atractivos para amplios sectores; sin embargo, no solo no aportan a la solución de los problemas estructurales —como ya se ha señalado—, sino que una visión de esta naturaleza puede otorgar carta blanca a abusos de derechos humanos. Ejemplos de ello, que nadie espera que se repitan, es el caso conocido como “Los 4 de las Malvinas” o las 51 investigaciones por desaparición forzada registradas en Ecuador desde la vigencia del conflicto armado interno. Estos procesos judiciales, en la actualidad, no avanzan debido a la negativa de entrega de información por parte del Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio del Interior.
En definitiva, desde el Análisis Crítico del Discurso, este enfoque constituye una estrategia de legitimación por eficacia: si es eficaz, entonces es legítimo. La violencia no se justifica éticamente, sino técnicamente.
III. La paradoja del “pacificador armado”, dominación regional y colonialidad simbólica
Uno de los rasgos más contradictorios del discurso es la autoimagen de Trump como pacificador. Se presenta como quien terminó guerras, como mediador internacional y como un hombre de paz, mientras su discurso está saturado de referencias bélicas, comparaciones armamentísticas, alardes presupuestarios y narrativas de destrucción exitosa. Esta contradicción no es accidental: funciona como una lógica de pacificación por intimidación, en la que la paz no surge del acuerdo, sino de la capacidad de destrucción. Desde el Análisis Crítico del Discurso (ACD), se trata de una redefinición del concepto de paz, subordinada a la supremacía militar.
El discurso establece una jerarquía regional clara: en la cúspide sitúa a Estados Unidos como protector, juez y ejecutor; en la base, a los países latinoamericanos como incapaces de controlar plenamente su territorio, dependientes y obligados a aceptar ayuda bajo términos asimétricos. Este posicionamiento se refuerza mediante comentarios condescendientes hacia líderes regionales, alardes sobre su supuesta influencia en procesos electorales (Chile y Argentina) y, de manera concurrente, la idea de que el respaldo de Trump garantiza el triunfo político. Desde el ACD, esto constituye un caso de colonialidad discursiva: el poder no solo se ejerce, sino que se narra como natural y legítimo. La soberanía aparece así como condicional, y el liderazgo como algo que se adquiere mediante el alineamiento.
La exclusión de México, Brasil y Colombia confirma que la coalición no es técnica, sino política. La lucha contra el crimen funciona, en este marco, también como una disputa por alineamientos geopolíticos.
Asimismo, el discurso presenta silencios estratégicos. En primer lugar, no menciona explícitamente a China, aunque la alude indirectamente bajo el concepto de “influencias extranjeras hostiles”. En segundo término, no se hace ninguna referencia al marco ni a la observancia de los derechos humanos. Finalmente, un tercer silencio se manifiesta en la omisión del reconocimiento de la soberanía plena de los Estados. Estos silencios permiten inferir que el “Escudo de las Américas” opera también como un dispositivo geopolítico orientado a reordenar las influencias en la región.
IV. Uso del enemigo interno para la cohesión discursiva
Trump recurre reiteradamente a la deslegitimación de Obama y Biden, construyendo un relato de decadencia previa caracterizado por fronteras abiertas, caos y criminalidad desbordada. Esta estrategia cumple dos funciones principales: la movilización electoral interna y la justificación retrospectiva de políticas extremas, como las aplicadas en la persecución, detención y deportación de migrantes. Se trata de una estrategia clásica de polarización entre un nosotros (orden) y un ellos (caos). Sin embargo, no se hace referencia a ningún tipo de preferencia ni a mecanismos especiales para el tratamiento de los migrantes irregulares provenientes de los países convocados.
A pesar de la sensibilidad del tema migratorio, Trump designó a Kristi Noem como Enviada Especial de Estados Unidos para el Escudo de las Américas, quien estuvo presente durante el acto; una figura controvertida que hasta hace poco se desempeñaba como Secretaria de Seguridad Nacional (DHS), duramente criticada tanto al interior de Estados Unidos como en la región. La trayectoria de Noem, marcada por una postura férrea en el control migratorio, las deportaciones masivas y un discurso de seguridad radical, define al Escudo no como un instrumento diplomático, sino como una estructura de coerción.
A través de este enfoque, se transmite un mensaje claro a los países integrantes: formar parte de la iniciativa implica adherirse a la lógica de que la fuerza militar y policial constituye la respuesta válida y primordial frente a desafíos regionales como el narcotráfico, la migración o el terrorismo. El primer símbolo transmitido por su designación es que el orden hemisférico se garantiza mediante disciplina y coerción, y no a través de la negociación multilateral.
Marco Rubio aporta un registro diplomático, centrado en las nociones de “amistad” y “socios”, e incluso alterna al español, lo que introduce una capa de calidez y reconocimiento cultural hacia los interlocutores regionales.
Un segundo elemento relevante es que, al no tratarse de una diplomática tradicional, su nombramiento transforma al Escudo en una prolongación personal del presidente, vaciándolo de cualquier autonomía institucional o multilateral. Ello refuerza la idea de que la relación no se establece entre Estados en condiciones de igualdad, sino entre aliados subordinados y un centro decisorio concentrado en la Casa Blanca. Noem encarna, simbólicamente, la figura del “comisionado imperial” moderno: una autoridad que coordina, supervisa y valida acciones de seguridad en países formalmente soberanos. Noem simboliza la legitimación del estado de excepción, al haber sido impulsora de políticas en Estados Unidos que encarnan la idea de que las reglas ordinarias pueden suspenderse cuando se invoca cualquier tipo de amenaza.
En el plano discursivo, las intervenciones posteriores a la del presidente resultan clave para comprender cómo se moduló el mensaje general. Marco Rubio aporta un registro diplomático, centrado en las nociones de “amistad” y “socios”, e incluso alterna al español, lo que introduce una capa de calidez y reconocimiento cultural hacia los interlocutores regionales. Este recurso cumple una función atenuante, orientada a reducir tensiones y dotar al encuadre general de una apariencia cooperativa.
En contraste, Pete Hegseth —secretario de Guerra— refuerza una identidad nacional excluyente —expresada en la afirmación “solo hablo americano”—, instala explícitamente el marco de la “paz a través de la fuerza” y presenta la coalición como un instrumento de acción, no de deliberación, al subrayar que “no es para organizar conferencias ni publicar documentos técnicos”. Su intervención consolida así una lectura militarizada y operativa del proyecto.
Esta combinación discursiva resulta funcional: la diplomacia de Rubio amortigua la fricción política, mientras que la dureza de Hegseth afianza el encuadre coercitivo y militar. En conjunto, ambas voces preparan y refuerzan la centralidad del discurso presidencial, que se erige como el articulador final del orden hemisférico propuesto, integrando persuasión diplomática y amenaza implícita en una misma arquitectura discursiva.
V. Perspectivas reales del “Escudo de las Américas”: límites estructurales, exclusión regional y viabilidad estratégica
Más allá de su retórica de alcance hemisférico, el denominado Escudo de las Américas presenta limitaciones estructurales severas que cuestionan su viabilidad como política regional efectiva. Los datos empíricos disponibles muestran que la iniciativa no representa a América Latina y el Caribe en su conjunto, sino únicamente a un subconjunto de países políticamente alineados con Washington.
En términos demográficos y territoriales, los países adherentes —excluyendo a Estados Unidos— concentran aproximadamente 144,13 millones de habitantes y 5’831.097 km², mientras que los países de América Latina y el Caribe no incluidos alcanzan 522,1 millones de habitantes y 14’582.972 km². La asimetría se profundiza en el plano económico: el PIB nominal agregado de los países adherentes ronda los 1,704 billones de dólares, frente a más de 5,073 billones de dólares correspondientes a los países excluidos (datos agregados del material base, con fuentes del Banco Mundial y la CEPAL). Estos datos no incluyen a Canadá, que tampoco fue invitado y que, si bien forma parte del continente americano, no integra el conjunto de América Latina.
Esta desproporción evidencia que el Escudo no constituye un arreglo representativo de la región, sino un bloque selectivo que deja fuera a los principales actores estructurales del sistema latinoamericano. La exclusión de Brasil, México y Colombia resulta particularmente significativa. Brasil, con más de 213 millones de habitantes, 8,51 millones de km² y un PIB superior a los 2,1 billones de dólares, supera por sí solo al conjunto de los países adherentes en términos de población, territorio y capacidad económica. México, actor central en las dinámicas migratorias, comerciales y criminales con Estados Unidos, y Colombia, históricamente clave en la arquitectura hemisférica de seguridad y en la lucha contra el narcotráfico, también quedan fuera del esquema.
A estas ausencias se suma Perú, que no participa del Escudo pese a ser el segundo mayor productor mundial de cocaína, solo por detrás de Colombia, según el World Drug Report de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2024). La exclusión peruana debilita cualquier pretensión de eficacia en la lucha contra el narcotráfico, al dejar fuera un nodo central de la economía ilícita andina.
En conjunto, estas ausencias confirman que el Escudo de las Américas no busca articular capacidades regionales, sino construir alineamientos políticos, lo que refuerza la interpretación de que se trata más de un instrumento geopolítico que un mecanismo técnico de cooperación contra el crimen organizado.
El propio Congreso de Estados Unidos aprobó recortes de hasta el 50 % en los fondos destinados a Colombia para el año fiscal 2026, situando la ayuda en torno a 209 millones de dólares.
Los límites materiales y las contradicciones estratégicas son evidentes. La presunción de que el Escudo pueda convertirse, para cada país de la coalición, en una suerte de “Plan Colombia 2.0” se encuentra alejada de la realidad. A diferencia de finales de los años noventa e inicios de los 2000, Estados Unidos enfrenta hoy restricciones presupuestarias, dispersión estratégica y competencia entre teatros de conflicto. La experiencia reciente muestra una reducción sostenida de la asistencia estadounidense, incluso hacia socios históricos. El propio Congreso de Estados Unidos aprobó recortes de hasta el 50 % en los fondos destinados a Colombia para el año fiscal 2026, situando la ayuda en torno a 209 millones de dólares, el nivel más bajo desde la implementación del Plan Colombia y los años posteriores (Congreso de EE. UU., 2025). Este dato resulta incompatible con la narrativa de un despliegue masivo de recursos para múltiples países de la región.
El costo extraordinario de las prioridades estratégicas actuales de Washington se concentra en Medio Oriente y el Asia-Pacífico. La guerra en curso de Estados Unidos e Israel contra Irán ha generado un gasto acelerado y no presupuestado. Estimaciones del Pentágono indican que solo en los primeros días del conflicto se superaron los 11.300 millones de dólares, con un consumo intensivo de misiles de largo alcance, sistemas de defensa antiaérea (THAAD, SM‑6) y municiones de precisión, todos ellos recursos escasos y costosos que requieren reposición urgente (Pentágono, 2026; CSIS, 2026).
Este esfuerzo bélico se suma a compromisos sostenidos en Medio Oriente y al reposicionamiento estratégico en el Asia-Pacífico, orientado a la contención de China. En este contexto, América Latina ocupa una posición secundaria en la jerarquía de prioridades, lo que refuerza la tesis de que el Escudo es más simbólico que material: promete más de lo que puede financiar e “invierte menos de lo que amenaza”.
Lo más previsible es que, bajo el eslogan del “Escudo”, los procesos de cooperación ya vigentes sean reetiquetados como resultados de este nuevo marco. Sin embargo, los mecanismos de canalización de recursos implican procesos burocráticos complejos, que requieren la anuencia del Congreso de Estados Unidos. Estos mecanismos involucran etapas de planificación y aprobación que, en el mejor de los casos, solo podrían materializarse en el siguiente período fiscal. Además, en un año electoral, la entrega de recursos —ya sea de forma directa (financiera) o indirecta (entrenamiento, asistencia, apoyo operativo, inteligencia o equipamiento)— no resulta políticamente rentable, dado que para el votante promedio estadounidense no constituye una prioridad.
Como se ha señalado, lo más probable es la continuidad de los programas y montos ya aprobados. Las eventuales asignaciones extraordinarias, de producirse, difícilmente serán significativas. En cuanto a un potencial enfoque social, este se encuentra completamente ausente. Cabe recordar, además, que dicha perspectiva no forma parte de la línea del gobierno de Trump, como lo evidencia el desmantelamiento de la USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), con la mayoría de sus programas cerrados o recortados de manera masiva.
VI. Coalición ad hoc versus multilateralismo: desplazamiento del marco normativo existente
El Escudo de las Américas se presenta como una coalición, no como un régimen multilateral con reglas claras. Esta distinción es fundamental. Una coalición militar o de seguridad, en sentido estricto, requeriría mandos combinados, reglas de enfrentamiento, marcos jurídicos específicos —como los Acuerdos sobre el Estatuto de las Fuerzas (Status of Forces Agreement, SOFA)—, así como mecanismos de supervisión y rendición de cuentas. Nada de esto ha sido explicitado públicamente. Lo único cierto es que se recurrirá a los acuerdos bilaterales vigentes entre Estados Unidos y cada uno de los miembros de esta iniciativa.
La paradoja es que este enfoque emerge en una región que ya cuenta con un denso entramado multilateral para combatir el crimen organizado. En el plano global, destacan la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional(Convención de Palermo) y sus protocolos, así como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC). En materia de drogas, existen tres tratados internacionales que estructuran el régimen global de control, mientras que, en el plano financiero, el GAFI/FATF establece los estándares internacionales contra el lavado de activos y el financiamiento ilícito (UNODC, 2000; FATF, 2025). A nivel de nuestro hemisferio, la OEA, a través de la CICAD y del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM), ya dispone de instrumentos de cooperación y evaluación entre pares. El problema, por tanto, no es la ausencia de normas, sino el rechazo estadounidense a los marcos multilaterales que limitan su libertad de acción. El Escudo aparece así como un intento de desplazar la cooperación basada en reglas por arreglos flexibles, verticales y políticamente condicionados.
Un antecedente de este tipo de estructura, con su distancia a sus propósitos específicos, fue el lanzamiento del Board of Peace como mecanismo alternativo de gestión de conflictos frente al multilateralismo tradicional: una suerte de “club privado” o “ONU corporativizada”, con un único accionista principal —el presidente de Estados Unidos—. Este tipo de esquemas conlleva serias implicaciones para el derecho internacional y para su organismo rector, las Naciones Unidas, al erosionar los principios de universalidad, igualdad soberana y toma de decisiones colectivas.
El problema no es la ausencia de normas, sino el rechazo estadounidense a los marcos multilaterales que limitan su libertad de acción. El Escudo aparece así como un intento de desplazar la cooperación basada en reglas.
VII. Ecuador y el Escudo: securitización, excepcionalidad y externalización del conflicto
El caso de Ecuador ilustra con claridad los riesgos de este desplazamiento. En el discurso hemisférico, Ecuador es construido como un caso emblemático de colapso de la seguridad, funcional a una narrativa de urgencia y militarización. La adhesión al Escudo puede interpretarse como una forma de externalización del conflicto, mediante la cual la crisis interna es redefinida como una amenaza bélica transnacional susceptible de intervención externa.
Este encuadre permite desplazar la atención de los problemas estructurales —debilidad institucional, corrupción, economías criminales y ausencia de políticas sociales— y legitimar el uso recurrente del estado de excepción como forma de gobierno. En un contexto de debilitamiento del multilateralismo y de cooperación ad hoc, los mecanismos de supervisión, rendición de cuentas y control civil tienden a erosionarse, incrementando el riesgo de abusos de derechos humanos sin abordar las causas profundas de la violencia.
El discurso del “Escudo de las Américas” no constituye un llamado genuino a la cooperación regional, sino una declaración de poder, un mensaje de alineamiento obligatorio y una visión militarista, vertical y asimétrica de la seguridad. Funciona más como un discurso de dominación y movilización política que como una propuesta hemisférica inclusiva. Al reducir el crimen a una lógica de guerra, sustituye la diplomacia por la intimidación y reafirma una relación estructuralmente desigual entre Estados Unidos y América Latina.
El “escudo” aparece así menos como un mecanismo compartido y más como un instrumento de disciplina política, militar y simbólica en el hemisferio. El riesgo a largo plazo radica en enmarcar la lucha contra el crimen bajo una lógica bélica permanente, que allana el camino hacia la militarización crónica de la seguridad ciudadana, proceso que suele traducirse en el fortalecimiento del aparato represivo del Estado en detrimento de las garantías individuales y colectivas.
Referencias
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2025). Estudios sobre población carcelaria y desigualdad en América Latina.
- CSIS. (2026). Cost Estimates of U.S. Military Operations against Iran.
- FATF/GAFI. (2025). International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism.
- Pretel Meneses, Á. J., Barbieri, D., Capellan, J. A., Peirce, J., Trajtenberg, N., Bacak, V., Freemon, K., Giacomello, C., & Flores Zúñiga, P. (2025). Hacía una mejor gestión penitenciaria en América Latina y el Caribe: resultados de un bien público regional penitenciario. Villa-Mar, K., & Cedillo, B. (Eds.). https://doi.org/10.18235/0013682
- UNODC. (2000). Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo).
- UNODC. (2024). World Drug Report 2024.
- Congreso de los Estados Unidos. (2025). Foreign Operations Appropriations, FY2026.
- Pentágono. (2026). Briefing to Congress on Costs of Operations in the Middle East.