Las armas largas de la ley

Las armas largas de la ley
La Policía puede escudarse en sus manuales para justificar el despliegue de fuerza innecesaria contra civiles desarmados, políticos, periodistas y hasta un encuestador respetable por sus canas y sus modales, pero nos hemos acostumbrado demasiado pronto a estos allanamientos que, con todo y orden judicial, parecen más sacados de una serie de acción gringa que del uso proporcional y razonable de la fuerza.
07 de Abril del 2018
POR: Fermín Vaca

Periodista político. Es editor de PLANV. Ha trabajado en los principales periódicos de Ecuador en la cobertura de política y actualidad. 

Parte de la inteligencia es averigüar si el allanado es peligroso, si tiene algún tipo de arma, si cabe la duda razonable de que va a ofrecer resistencia... sin esas condiciones los SWAT se pueden quedar en su cuartel".

Esta vez le tocó a Iván Espinel. Cayeron en su casa a media noche, soldados vestidos de negro con fusiles de asalto, las caras cubiertas, las armas de guerra listas. No se trata, según la formulación de cargos realizada luego por la Fiscalía, de un peligroso asesino que se escondía con explosivos y ametralladoras, sino de un ex funcionario que no puede justificar su casa y su carro. La culpabilidad del joven político y médico, que pensaba practicar la cirugía y amputar extremidades de corruptos, así como darle a nuestro cuestionable sistema judicial la potestad patibularia de dictar sentencias de muerte, deberá ser resuelta por quienes reciben sueldo del Estado para ello. Pero parece que no queda duda alguna de que el despliegue de armas de madrugada, incomodando a sus hijos pequeños, fue del todo innecesario.

No es la primera vez. La casa del periodista Fernando Villavicencio fue allanada también, en algo que en metalenguaje judicial llaman "acto urgente", tan urgente era que si esperaban al 2 de enero se acababa el país y se perdía la República. Como si Villavicencio fuera un peligroso terrorista -en la mente truculenta del poder correísta lo era- dispuesto a volar a la mañana siguiente el Palacio de Carondelet, entraron también a su casa por asalto, con fusiles de guerra, con traje de combate, con máscaras en la cara, con cascos y botas.

No respetaron, y lo recordaron en su momento amigos, colegas y abogados de Villavicencio, el sueño de sus hijos pequeños, el ambiente navideño, los adornos de temporada primorosamente colocados, la madrugada de una familia civil que descansaba en su domicilio conocido -no estaban prófugos ni escondidos- desarmada y sin la más mínina intención de ofrecer resistencia a las fuerzas del orden. Cuando Bonil, en una caricatura, esbozó una crítica a la brutalidad innecesaria del operativo, la inquisición de aldea del correato le obligó a rectificar la caricatura -hecho insólito- con multa y escándalo. Cómo acabó el proceso judicial que inició con el operativo decembrino, justificado en la seguridad del Estado, del Gobierno y de la patria misma es de dominio público. Sin pruebas ni argumentos, la Fiscalía que allanó y revolvió la casa del peligroso señor Fernando Villavicencio se abstuvo de acusarlo. No hubo delito, pero la parafernalia de armas largas de combate quedó en la retina de todos quienes nos atrevíamos, desde nuestras plataformas en Internet, a criticar y denunciar al policial Estado correísta, como probablemente fue la intención. 

Parece que la Policía, a la hora de cumplir con las "diligencias ordenadas por autoridad competente" como nos gusta remarcar que ha sido, con esa solemnidad judicial heredada de los estirados burócratas de la colonia española, no parece poder discriminar entre una guarida de peligrosos terroristas, atrincherados con armas de fuego, granadas y lanzacohetes -digamos una célula a lo Guacho- que en la diligencia autorizada por el solemne papelito se espera que respondan a plomo limpio, y entrar a la casa u oficinas de civiles desarmarmados. 

El mismo ritual con armamento pesado se cumplió en contra de la encuestadora Cedatos, que había publicado cifras que el correísmo consideró una "falsificación de documentos privados" otro delito traído de los cabellos que tampoco pudieron probar ni justificar. Policías armados hasta los dientes, munición como para una batalla contra los peruanos en el Alto Cenepa, chalecos antibalas, botas haciendo ruido, como salidos de una redada de la Gestapo. 

¿Son necesarios estos despliegues de fuerza? ¿Se entiende lo que significa el uso proporcional y progresivo de la fuerza? ¿Al fin de cuentas, qué han hecho en estos casos que no hayan podido hacer a las 10:00 con un reducido grupo de policías de la UPC más cercana y los abogados del Estado que crean necesarios? ¿Qué resistencia armada iban a ofrecer Villavicencio, su esposa y sus hijos? ¿Qué ametralladora digna de chaleco antibalas escondía Polibio Córdova, un señor mayor respetable por sus canas y sus modales? ¿Cuántos hombres de las fuerzas especiales se necesitan para arrestar en su casa a Iván Espinel, a pesar de su reconocido propósito de amputar manos?

La abogada de derechos humanos Lorena Grillo, en redes sociales, ha cuestionado no solo la brutalidad innecesaria de las redadas, sino el uso dudoso de la categoría de "flagrancia" para justificar la detención y el arresto. Al final, "flagrancia" hubiera sido que Espinel, cumpliendo su propósito públicamente anunciado y provisto de un hacha, hubiera cortado la mano de alguna persona comprometida en un peculado, a plena luz del día y con testigos. Parecería  que, como el crimen es un hecho constante y permanente, "flagrancia" es cualquier cosa que se decida a media noche  en documentos solemnemente sellados y firmados. 

A eso se han "acostumbrado en la Fiscalía" dice la abogada Grillo, y se han acostumbrado también, en mi criterio, ciertos periodistas, en especial, televisivos, que secundan estos "operativos" con tal entusiasmo que todo parece responder a un guión de mal gusto: les hacen las tomas pateando puertas, gritando "Abra Policía" como si fueran Rambo  y, para darle mayor dramatismo, llegan hasta a pintarse las caras, a ponerse casco y chaleco y a ser un policía más de la redada, como si se hubieran realmente equivocado de profesión. 

A las críticas de Grillo salió al paso, en Twitter, la fiscal de la Unidad de Lavado de Activos, Diana Salazar. La funcionaria justificó el procedimiento de "flagrancia" en estos términos: "¿Y si huyen, de que sirve una formulación de cargos si no existe juzgamiento en ausencia, se traduce en inmpunidad, que persona se presenta libremente para que lo priven de la libertad?" y agregó: "¡Qué pena que se generalice! y ¿cuántos lavadores de dinero y corruptos esperan a presentarse voluntariamente? ¿No critican que esperan salgan del país para procesarlos? ¡Quien entiende!".

Nada dijo la fiscal en la red social sobre el uso de escuadrones de fuerzas especiales para detener personas de baja o ninguna peligrosidad en pijama a media noche, y además, cuando en teoría cualquier individuo puede ser simplemente arrestado en el aeropuerto cuando intenta dejar el país. 

En todas partes del mundo, se dirá, hay estas unidades de fuerzas especiales -escuadrones de "Special Weapons And Tactics" (SWAT)- para operativos de alto riesgo, que no pueden cumplir los policías comunes de barrio. Cierto, pero parte de la inteligencia previa es averigüar si el allanado es peligroso, si tiene algún tipo de arma, si en la casa hay niños o ancianos que van a sufrir un trauma, si cabe la duda razonable de que va a ofrecer resistencia... si ninguna de esas condiciones ha sido verificada los señores del escuadrón SWAT pueden quedarse en su cuartel, pues están sobrecalificados para lo que van a hacer,  aunque esto le quite espectacularidad a la forma en la que abogados del Estado y políticos creen que luchan contra el crimen.